El Gobierno decidió ayer intervenir de lleno en la batalla empresaria por el control del mercado de las telecomunicaciones. El epicentro del conflicto es la disputa que mantienen el grupo Werthein y sus socios italianos en Telecom Argentina desde que Telefónica anunció su ingreso en Telecom Italia, accionista mayoritario de la firma. El vicepresidente Gerardo Werthein sostiene que el desembarco de los españoles provocará un monopolio en el mercado local. Mientras que el directorio de la filial, dominado por los italianos, asegura que la fusión no impactará en el país. Para determinar la participación de Telefónica, el presidente Kirchner designó ayer dos “veedores observadores” que participarán en las reuniones de directorio de Telecom, durante los próximos dos meses. Si los enviados oficiales concluyen que los españoles tienen incidencia en las decisiones de su competidor, el Gobierno le podría exigir a Telecom Italia que se desprenda de su participación en la firma.

El ministro de Planificación, Julio De Vido, fue el encargado de comunicar la noticia en una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno, que compartió con su par de Economía, Miguel Peirano. Allí se difundió la resolución 78 firmada por las autoridades de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia designando a dos veedores observadores: uno de la propia CNDC, Marcelo Goldberg, y otro de la Comisión Nacional de Comunicaciones, Guillermo Banegas.

“Los veedores conformarán un observatorio del Estado Argentino dentro del directorio de Telecom Argentina a efectos de defender a los usuarios y el sentido de la competencia que debe privar entre dos empresas que, en el marco de la privatización, son las dos principales proveedoras de servicios de telefonía”, afirmó De Vido. Fuentes oficiales precisaron a Página/12 que el objetivo es que instalen en la empresa para monitorear la toma de decisiones, participando en las reuniones de directorio y teniendo acceso a las actas.

La CNDC tiene derecho a solicitar toda la documentación e información referida a la operación económica en estudio, pero la decisión de designar veedores observadores para que supervisen la actividad de la compañía es inédita y no está contemplada en la Ley de Defensa de la Competencia 25.156. “Si la intervención tiene esas características la empresa podría presentar un recurso de amparo en la Justicia argumentando que el Gobierno condiciona la toma de decisiones, pero una medida de esas características se suele conversar de antemano con las autoridades de la firma”, aseguró a Página/12 un reconocido abogado especialista en defensa de la competencia. El Gobierno igual tomó sus previsiones y en ningún lugar de la resolución se afirma explícitamente las características que tendrá la “intervención”. Sólo se aclara que los veedores deben presentar informes quincenales a fin de denunciar cualquier hecho que pudiese afectar los intereses públicos y para establecer la participación de Telefónica en Telecom.

Esta medida favorece al Grupo Werthein que a mediados de agosto pateó el tablero al informarle a la Comisión Nacional de Valores que el ingreso de Telefónica de España en Telecom Italia impactó en la filial local “condicionando la toma de decisiones”. En su declaración ante la CNDC, formulada a comienzos de septiembre, el vicepresidente de la firma, Gerardo Werthein, aseguró que hasta el momento de la compra, las decisiones en el directorio de la filial local se tomaban por consenso, pero luego los italianos comenzaron a imponer su mayoría de manera automática. El empresario sostuvo que ahora todo se consulta a Italia, dando a entender que Telefónica comenzó a tallar en la estrategia que Telecom lleva adelante en Argentina. El directorio de la firma tiene seis miembros: tres representan a Telecom Italia y otros tres al Grupo Werthein, pero la presidencia está en poder de los italianos y su voto vale doble.

Los italianos niegan la acusación y aseguran que la venta no tuvo incidencia porque la participación de los españoles es minoritaria. Telefónica compró el 5,6 por ciento de las acciones con derecho a voto de Telecom Italia de forma directa a través de la sociedad Telco y el 18 por ciento en forma indirecta, mediante la adquisición de la compañía Olimpia, totalizando el 23,6 por ciento de las acciones. Telecom Italia tiene, a su vez, el 50 por ciento de la sociedad controlante de Telecom Argentina. Además, José Luis Rodríguez Zarco, director general de Relaciones Institucionales de Telefónica Argentina, aseguró el miércoles pasado en Expo Comm que la transacción no afecta las operaciones porque la empresa “incluyó una cláusula en la que establece que no participará de las decisiones de su competidora”.

Este último argumento es rechazado por el Gobierno, tal como lo dejó expresado en los considerandos de la resolución firmada ayer: “De las constancias que obran en el expediente, se puede inferir que en el marco de estas operaciones y transacciones se han incorporado cláusulas, en los acuerdos societarios de autolimitación de Telefónica en las decisiones de su competidora, que resultarían ‘prima facie’ irrelevantes al momento de ejercer la primacía que le competería en la toma de decisiones”.

El ex secretario de Comunicaciones Henoch Aguiar fue más allá al señalar a este diario que, aunque la participación de Telefónica en Telecom fuera irrelevante igual debería ser rechazada. “La participación minoritaria no es atenuante. Aunque no nombren un director, por el solo hecho de ser accionistas recibirían información sobre el nivel de inversión, las opciones tecnológicas y la fecha de lanzamiento de servicios. Así no hace falta tener espías”, afirmó.

En Brasil también se está analizando el impacto que provocará la fusión pues, en caso de concretarse, de las seis empresas que operan actualmente quedarían cinco y Telefónica pasaría a controlar más del 50 por ciento de la telefonía fija y móvil. En Argentina la situación es mucho peor. Si ambas firmas operaran de manera conjunta concentrarían el 95 por ciento de la telefonía fija y el 75 por ciento de la móvil.