¿Quién podría acercarse a tres vigilantes –dos jóvenes oficiales y un sargento– de noche y a través de un descampado, para asesinarlos? ¿Qué ropa hay que vestir para apropiarse de un patrullero y abandonarlo a cinco kilómetros de la ciudad de La Plata, con el riesgo que la casualidad los cruce con otro móvil de la Policía Bonaerense? Las respuestas las tiene un comando de número impreciso y de identidad desconocida que anteanoche mató a la guardia de la central de comunicaciones en Arana, a unas cien cuadras de la capital provincial, que utiliza la fuerza de seguridad bonaerense. Dos de las víctimas recibieron un balazo en la cabeza, además de sendas puñaladas, y el sargento varios disparos en el cuerpo mientras trataba de resistir al ataque y escapar de la muerte. Las primeras pericias forenses identificaron el calibre de las balas utilizadas por los verdugos: nueve milímetros. El mismo que usó uno de los agresores que encerraron el automóvil que manejaba un comisario retirado, lo tirotearon mientras intentaba huir, chocó contra un árbol y fue fusilado a sangre fría en Lomas de Zamora, en el Gran Buenos Aires. Pocas horas después de que el cambio de guardia descubriera los cuerpos sin vida en Arana, el presidente Néstor Kirchner relacionó el atentado con el proceso electoral: “No es casual que suceda a nueve días de los comicios y alimenta la incertidumbre”, alertó, aunque no pudo precisar los móviles ni la identidad del comando asesino.

De todas las especulaciones posibles, algo es cierto: la seguridad ciudadana figura como tema central de la campaña en Buenos Aires, puesto que se trata de una preocupación principal de sus pobladores, ricos y pobres. Episodios trágicos como los de Arana y Lomas de Zamora pueden tener diversas explicaciones –ajuste de cuentas, mensajes mafiosos y varios más– pero en el contexto político resuenan como un desafío abierto a las autoridades presentes y futuras, patética demostración de que fueron vanas todas las reformas ensayadas hasta ahora para elevar y cualificar la gestión de la “maldita policía”. Mientras tanto, el transporte, la distribución y el consumo de drogas ilegales colocaron al territorio nacional entre los favoritos del narcotráfico en la región, que obtiene rentas multimillonarias pese a las pérdidas ocasionadas por la represión oficial. La combinación de alcohol con pastillaje acaba de cobrarse la vida de una adolescente que consumió la mezcla preparándose para ir volando a una fiesta con sus amigos y compañeros. Era una muchacha común de un hogar de clase media. En las capas sociales más desguarnecidas hace estragos el consumo de “paco”, tan adictivo como el “crack” y de consecuencias fatales si no se interrumpe a tiempo. La corrupción policial –a veces también mata policías, si es necesario– y la expansión del mercado de la droga, suceden en el contexto de sociedades en Latinoamérica que, según el chileno José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), “no es un continente pobre, es un continente injusto y desigual”.

Para Insulza, cuyo secretario político es el ex canciller Dante Caputo, la mejor prueba de esa caracterización es la distribución de la riqueza. “El 20 por ciento más pobre de nuestro continente –aseguró– se lleva a sus casas entre un 2,2 por ciento del ingreso nacional en Bolivia y un 8,8 por ciento del ingreso en Uruguay, mientras que el 20 por ciento más rico se apropia de un porcentaje cercano al 50 por ciento del ingreso total y un 3 por ciento se lleva el 25 por ciento.” Las cifras fueron avaladas por la presidenta chilena Michelle Bachelet, durante la III Conferencia Italia-América latina y Caribe, inaugurada el martes pasado en Roma, quien recordó que el porcentaje de la pobreza en la región se redujo apenas un diez por ciento en siete años al pasar del 48 por ciento en 1999 al 38 por ciento en 2006, aunque en términos absolutos el número de pobres aumentó de 200 millones en 1999 a 220 millones en 2006. Bachelet aseguró que todavía la democracia no logró revertir los efectos de “los procesos de apertura y de regulación económica que acompañaron a la reinstalación democrática en los años ochenta y noventa”, ya que los gobernantes de entonces descartaron las acciones públicas más eficaces “que lograran contrarrestar los costos sociales de las políticas de ajuste”.

Argentina no es ajena al destino continental, pese a que después de 57 meses de crecimiento ininterrumpido a tasas chinas logró bajar el desempleo a un dígito y redujo la pobreza y la exclusión social, aunque todavía más de un cuarto de la población total, quiere decir diez millones de personas, viven por debajo de la línea de pobreza, casi la mitad de los trabajadores se desempeña en la llamada “economía informal”, o sea un régimen de superexplotación, y la redistribución de la riqueza, con régimen tributario progresivo en lugar del actual, está en pañales. En los últimos días, cuando falta tan poco para las elecciones presidenciales, Kirchner les pidió a los bancos que rebajen el costo de los créditos y a los supermercados una rebaja del cinco por ciento en los precios de un número impreciso de mercaderías del consumo popular. A regañadientes, según cuentan los que frecuentan los comentarios privados de los empresarios, aceptaron la petición del Poder Ejecutivo, pero los resultados prácticos tuvieron más efecto en los titulares de prensa que en la realidad cotidiana, pese a que, por ejemplo, fueron restablecidos los plazos de pago sin interés hasta 24 meses –habían bajado a tres– para las tarjetas de crédito. Al final del presente mandato, Kirchner habrá cumplido con sacar al país del infierno tan temido, pero hay dos extremos minoritarios que no llegarán al purgatorio. Una, la más rica, ya vive en el paraíso, y la otra, la más pobre, sufre todavía los castigos infernales.

Los acuerdos de precios, lo mismo que la calidad de los servicios públicos de transporte, siguen siendo dos flancos débiles del primer mandato “K”, pese a la importante transferencia de recursos estatales a las empresas privadas por vía de subsidios y de otras regalías y excepciones fiscales. Los incendios, ayer, en una formación de la línea B del subterráneo y de dos ómnibus, todos por fortuna sin víctimas para lamentar, expresan el riesgo cotidiano de afrontar desenlaces más crueles, cuyas consecuencias son imposibles de evaluar por anticipado, como tampoco lo fue en su momento el drama de República Cromañón. Más allá de las anécdotas, los transportes y los precios son fuentes ciertas de malestar y disconformidad, sobre todo en los mayores centros urbanos, en primer lugar el ámbito metropolitano de Buenos Aires, aunque los encuestadores no se ponen de acuerdo acerca de la transferencia de estas sensaciones a las decisiones en el cuarto oscuro. Unos les atribuyen un efecto directo, en tanto que otros prefieren pensar que los votantes de criterio independiente, al igual que en otras experiencias de la historia nacional, prefieren sumarse al carro de la victoria cuando las opciones de alternativa ofrecen tantas dudas, si no más, que la fórmula que ocupa el primer lugar en la casi totalidad de los sondeos de opinión, suponiendo que esos resultados expresan la auténtica opinión de los encuestados.

En la citada conferencia de Roma, los participantes coincidieron en que la “cohesión social” estará en el centro de las deliberaciones de la Cumbre de América latina y la Unión Europea que tendrán lugar en mayo de 2008 en Lima. La secretaria del Estado español para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, declaró que la integración regional es el mejor mecanismo para acabar con la desigualdad y puso el ejemplo de la Unión Europea (UE) que, en su opinión, “a través del último medio siglo y merced a un gran pacto político y social logró un modelo con una gran capacidad de pervivencia”. Las buenas relaciones con la UE merecen un especial interés de la candidata oficial y el ministro de Economía, Miguel Peirano, que debutará la próxima semana en un plenario del Fondo Monetario Internacional (FMI) lleva el mandato de rechazar, otra vez, las viejas recetas del organismo que propician el ajuste eterno a cualquier costo social y, al mismo tiempo, pedir a las nuevas autoridades del FMI que abran paso a la intención argentina de cancelar la deuda con el Club de París, sin intermediarios.

La idea del pacto también figura en el discurso político de la senadora Cristina Fernández, pero su propuesta se redujo a tres actores (Estado, empresas y sindicatos) atendiendo la crisis de fragmentación de los partidos políticos y dado que el propio oficialismo tiene por delante la tarea de organizar su propia base partidaria o movimientista, con una hipótesis preliminar que pretende superar el modelo peronista y que, al mismo tiempo, abra espacios necesarios para conservar la llamada concertación plural que, por el momento, expone la capacidad de acuerdos del Poder Ejecutivo pero sin más integración orgánica que la participación compartida en las listas de candidatos. Entre tanto, los candidatos de la oposición prefieren creer que los malestares sociales llevarán agua a sus propios molinos y más de uno espera que la fortuna les permita superar el nivel de papelón y les reserve un lugar para el futuro. Lo cierto es que los problemas casi todos ligados con las derivaciones del crecimiento, ya sea por exceso o por defecto, están acumulándose en las puertas de la Casa Rosada a la espera de los nuevos inquilinos. Si se comprueba que las ejecuciones de Arana sólo buscaban efecto político, habrá que pensar de nuevo sobre las extensiones de la seguridad como componente programático del nuevo gobierno.