Finalmente, hoy comenzará el juicio político a Guillermo Tiscornia. La acusación central será la denuncia por el “soborno” de 4 millones de dólares presentada por los directivos de la empresa de juegos de azar española Codere SA contra el magistrado suspendido. Sin embargo, ésa no es la única causa. Un jurado de siete personas convocadas entre legisladores, jueces y abogados a instancias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encargará de tomar 29 testimonios de la acusación y de la defensa desde hoy y hasta el jueves. El viernes serán los alegatos. Tiscornia, que ya había eludido otros dos juicios políticos antes de la reforma de la Constitución de 1994, ahora está al borde de la remoción. El dice que es una “víctima”.

El proceso a Tiscornia empezó en 2003, cuando la Cámara Nacional en lo Penal Económico pidió su juicio político luego de toparse con “groseros errores” en la prescripción de una denuncia de 1991. Tres años más tarde, lo denunciaron los directivos de la firma Codere ante la Fiscalía Federal Nº 2. Según dijeron, el padre de Tiscornia o un allegado les pidió la suma de 4 millones de dólares para favorecerlos con el resultado de una investigación por contrabando. Según los datos, Agustín Tiscornia, el padre del juez, no era un extraño al asunto: abogado, ex juez del mismo fuero penal, terminó expulsado por una causa de soborno parecida a la que ahora pende sobre su hijo. De acuerdo con lo que se descubrió después, el supuesto allegado era “Jorge Bark”, una persona que Tiscornia hijo dijo que no mantenía relaciones con su padre, pero lo aceptó cuando compareció ante el Consejo de la Magistratura, según señala ahora el dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación. Tiscornia “encomendó a su propio padre la ‘venta’ de sus servicios como titular del juzgado”, dijo uno de los consejeros.

En el camino, el juez sorteó airosamente dos procesos de juicio político que estuvieron en manos del Senado antes de la reforma constitucional, por su intervención en las causas de la aduana paralela y la mafia del oro. Los senadores desestimaron las denuncias y el juez volvió a su despacho. En los últimos años, la Cámara Penal Económica no dejó de mirarlo. A las denuncias de 2003 y de Codere, sumó una innumerable cantidad de observaciones en su legajo, con más de 20 advertencias, sanciones y multas y con un alto porcentaje de marcas por la cantidad de nulidades de sus sentencias y resoluciones.

En ese escenario, en los últimos meses el juez ensayó diversas vías para evitar llegar al juicio político. Como sucede con la mayoría de los magistrados en esa condición, presentó su renuncia porque eso deja en suspenso el juicio político y le permite retirarse con la jubilación de privilegio. Pero la Casa Rosada no lo aceptó: se opuso a su renuncia con el propósito evidente política de llevar el proceso hasta el fondo.

Entre el 12 de julio y el 9 de agosto, el proceso estuvo en marcha: en ese lapso, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura elaboró y aprobó el dictamen de acusación y se lo dio al plenario. El 7 de agosto, cuando faltaban dos días para que se difundiera la decisión del plenario que estaba a punto de elevar el juicio y ordenar la suspensión del juez por seis meses, Tiscornia ordenó la indagatoria de la ministra de Defensa, Nilda Garré, en la causa de subfacturación en la venta de armas a Estados Unidos.

Hoy, a las 8.30, el jurado especial de la Corte Suprema de Justicia dará lectura a la acusación y escuchará a los testigos. En el jurado estarán Emilio Lisandro Fernández, juez de la Cámara de Seguridad Social, como presidente; y Manuel Baladrón y Norberto Massoni, diputado del PJ y senador de la UCR como vicepresidentes primero y segundo, respectivamente. El viernes serán los alegatos, y el jurado tendrá un plazo no mayor de 20 días para pronunciarse: puede rechazar la acusación o destituirlo con al menos 5 sobre un total de 7 votos. Si rechazan la acusación, Tiscornia debe volver a trabajar antes de los cinco días hábiles. Entre los testigos habrá jueces, camaristas y fiscales y también allegados a Codere, como el abogado Héctor Luna y el abogado Hugo Wortman Jofre.