En el juicio político al juez suspendido Tiscornia, los empresarios españoles de Codere dieron su versión sobre la presunta demanda de un soborno para evitarles una causa por contrabando. La estrategia de la defensa.
› Por Alejandra Dandan
“Es llamativo”, dijo el abogado Hugo Wortman Jofre. “Tiscornia no investigó a los entes benefactores sino a los empresarios, ¡que son los que tienen la plata!”.
Ayer se oyó al mundo de los empresarios españoles en el segundo día de audiencias del jury de enjuiciamiento al suspendido juez Guillermo Tiscornia. Wortman Jofre declaró como abogado de Codere SA, la compañía española que motorizó la denuncia contra el padre del juez y contra el magistrado por presunto soborno. Detrás suyo habló un español, asesor de la compañía de juegos de azar: aseguró que el padre del juez le pidió, personalmente, 4 millones de dólares para sacarle de encima una causa por contrabando.
“Esto no un juicio penal, es un juicio político”, comentó, mientras pasaba por la sala de audiencias de la Corte Suprema, el asesor del asesor de uno de los diputados que integran el Consejo de la Magistratura. “No tenemos que encontrar la prueba del soborno, sino entender que si el padre del juez intervino, el juez no puede estar donde está”. Ese es el razonamiento de la defensa. Quienes apuntalan a Tiscornia dicen, por lo bajo, que a la acusación le va a costar no tanto probar la presunta participación del padre de Tiscornia en el soborno, sino la intervención del hijo: la coordinación del supuesto soborno.
Penalmente, Tiscornia está denunciado por cohecho en una causa que lleva Rodolfo Canicoba Corral. El juez federal investiga el soborno y hasta ahora llamó como imputado a su padre y a Jorge Bark, un empresario santacruceño que habría actuado como intermediario.
Codere SA presentó su primera denuncia a comienzos de 2006 en una fiscalía federal. La denuncia disparó una serie de allanamientos y es uno de los elementos más fuertes de la acusación que presentó la Magistratura. Según los españoles, todo comenzó en septiembre de 2005, cuando una misteriosa mujer llamó al teléfono celular del empresario Héctor Luna, responsable de Codere Argentina hasta 2006. Luna no se vio con la mujer pero envió a un hombre de su confianza al bar Tabac, donde se encontró con Jazmín Aidart, que se presentó como enviada de un intermediario –se supone que de Jorge Bark–. Aidart pidió dinero y habló de tormentosas medidas que se producirían en la causa.
Hasta allí, Tiscornia investigaba a Codere SA por supuesto contrabando en la importación de tragamonedas. Muchos le criticaron a Tiscornia la amplitud del objeto procesal porque “partió de un anónimo con una denuncia contra un vendedor de zapatillas y terminó investigando a todas las empresas de juego de Buenos Aires”, espetó Luna. Codere dejó pasar ese primer encuentro con Aidart sin hacer nada, pero no dejó pasar el segundo. En febrero, Bark se comunicó con Luna para hacer una propuesta de parte del “número uno”. La empresa envió Oscar Massabie, un contador que tuvo tres reuniones con Bark, en febrero y marzo de 2006. “Siempre quería verlo en un lugar ruidoso, así que lo sito en la confitería Winery de Libertador y Carlos Pellegrini”, dijo Wortman Jofre. Bark llamaba una hora y media antes de cada encuentro para que nadie preparara una coartada. Del tercer encuentro participó también Luis Miguel Nieto Cabeza de Vaca, directivo español de la firma. Todas esas reuniones fueron grabadas con una cámara oculta escondida en la corbata. En la última grabación se registró el pedido de los 4 millones.
La cuarta y última reunión se acordó para el otro día. Bark se comunicó a las 13 con Massabie. Era un lluvioso viernes 3 de marzo, y lo citó a las 14.30 en un departamento de Talcahuano al 1200. Como llovía tanto les dejó un teléfono “por las dudas”. El estudio Wortman Jofre buscó el número en la guía www.teleinfo.com.ar y ahí se dieron cuenta de que la reunión sería con los Tiscornia: aparecía como titular de la línea la segunda mujer de su padre, una reconocida abogada. A la cita no llevaron cámara oculta, sí una escribana, para registrar entradas y salidas del edificio. Por Codere, fueron Massabie y Cabeza de Vaca. Bark los recibió en el hall y no dejó subir al contador. Sólo él y el español se reunieron con el padre de Tiscornia. Por un momento, Cabeza de Vaca lo confundió con su hijo. “El tono fue un poco ríspido. Luego pasamos a un living donde me convidó champagne”, recordó el empresario. El juez no estuvo pero, para los españoles, fue como si estuviese: el padre contó que desayunaban juntos todos los días y que esa mañana su hijo le habló de la complicada situación del expediente. Entonces habría pedido el dinero.
La defensa marcó una contradicción entre los testimonios que Cabeza de Vaca prestó ante el Consejo de la Magistratura y ante el “jury”. La primera vez dijo que Tiscornia padre no usó nada a la hora de hablar. Ahora mencionó apuntes y ayudas memoria. El detalle habla de lo que la defensa de Tiscornia intenta probar: que faltan elementos para conectar al padre con el hijo.
La existencia de la reunión no está en duda. Tiscornia ya reconoció el encuentro de su padre con estas personas, pero negó el contenido de la charla y se preguntó por qué se habían grabado todos los encuentros y éste no. Los hombres de Codere ayer dijeron que no lo hicieron por seguridad. El Tribunal se preguntó: ¿por qué un español de la talla de Cabeza de Vaca va a viajar a Buenos Aires para ir a una reunión de este género y decir que no? El español dijo que estaban en juego los intereses de la empresa.
Como cualquier juez, Tiscornia puede ser removido por tres razones: mal desempeño, comisión de delitos o comisión de un crimen. El Consejo de la Magistratura lo acusa de dos: mal desempeño y comisión de delitos. La figura de “mal desempeño” está basada en las imputaciones de la Cámara de Apelaciones en su fuero penal y económico, y los testimonios se escucharán hoy. La acusación por comisión de delitos está centrada en el caso Codere. Si se cae la credibilidad del caso, se cae la causa.
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