Los marinos represores de la ESMA no sólo torturaron e hicieron desaparecer a sus víctimas, se apropiaron de sus hijos y también de sus bienes. Y para este despojo contaron con la complicidad de civiles. El ex almirante Emilio Eduardo Massera, verdugo mayor de ese centro clandestino, y algunos de sus subordinados engordaron sus patrimonios con dinero, terrenos y hasta caballos que pertenecían a tres empresarios mendocinos secuestrados por sus patotas en enero de 1977. Antes de asesinarlos en los sótanos de la Escuela de Mecánica armaron la maniobra de la que participó la ex jueza Emilia Marta García, por entonces de profesión escribana. En el marco de la megacausa en la que se investigan los crímenes de la Armada en esa cárcel clandestina, la justicia federal porteña la procesó por el delito de asociación ilícita y extorsión. “Estoy emocionado, lo considero un éxito personal porque fueron muchos años luchando contra la impunidad institucional, y ahora espero que la Cámara confirme este procesamiento, vaya a juicio oral y se active la causa del segundo despojo (ver aparte)”, expresó ante Página/12 Federico Gómez, hijo del abogado Conrado Gómez, una de las víctimas del saqueo masserista.

La historia

A las 7 de la mañana del 10 de enero de 1977 una patota de la Armada vestida de civil ingresó a las oficinas y vivienda de Conrado Gómez, en Santa Fe 1713. Nueve horas más tarde se fueron y se llevaron a la fuerza a Gómez, junto a Emilio Assales Bonazzolla, Marcelo Hernández, Carlos Romero y Juan Gasparini, en distintas camionetas y en un Ford Fairlane, también propiedad de Gómez. El dueño de casa era parte de la estructura de finanzas de Montoneros. Durante el procedimiento robaron todo el dinero –“miles, tal vez un millón”, declaró su hijo en la causa que investiga el juez federal Sergio Torres–, además de expedientes, escritos y documentación que estaban en la caja fuerte. También se llevaron máquinas de escribir, electrodomésticos y ropa.

Federico Gómez, testigo y denunciante en el expediente, agregó que el 25 de enero personal de la Armada y del Ejército volvió a ese domicilio, interrumpió el tránsito en la avenida Santa Fe y cargó en camiones un piano de cola, calefones, mesadas, sillas y otras pertenencias de los Gómez. “Literalmente vaciaron la vivienda”, dijo. En su relato continuó describiendo los sucesivos despojos, como el que ocurrió en Paso de los Libres cuando les robaron veinte caballos pura sangre. Y aportó los detalles de diversas maniobras por las cuales la patota de Massera se apoderó de la Sociedad Cerro Largo.

Procesada y embargada

El juez Torres comprobó que Emilia García fue integrante de la escribanía cuyo titular era el fallecido Ariel Washington Sosa Moliné, a la sazón notario que intervino en varios actos públicos relacionados con el otorgamiento fraudulento de Cerro Largo, en perjuicio de los herederos y de sus accionistas. “García fue erigida como síndica suplente de la sociedad Will Ri, por las siglas de Federico Williams (identidad que asumió Francis Whamond) y Héctor Ríos (Jorge Radice), ambos integrantes del grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA. Luego pasó a ser accionista del 5 por ciento de la firma. Esta empresa sirvió de andamiaje legal para pasar definitivamente los bienes a su continuadora, Misa Chico, que reconoce como accionistas a Eduardo Massera y Carlos Massera, hijo y hermano del ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas”, dice la resolución a la que Página/12 tuvo acceso. “Mediante uso de violencia e intimidación ejercida sobre Conrado Gómez se logró que dispusiera de sus bienes en beneficio de sus captores y/o de las personas que éstos indicaran, para lo cual se lo obligó a suscribir distintos documentos que facilitaban el traspaso de esos bienes a nombre de otras personas cuya identidad a veces era verdadera, y en otras ocasiones falsa”, concluyó el juez. Torres conoce en detalle cómo operaban los marinos. “A los fines de efectivizar las maniobras, la estructura organizó un complejo sistema a través del cual se falsificaban todo tipo de documentos en un laboratorio de fotografía y fotomecánica montado en la ESMA, como así también en uno de los subsuelos del edificio Libertad de la Armada, en los que eran obligados a trabajar las personas cautivas”, describió el magistrado.

En septiembre, cuando fue interrogada en declaración indagatoria, la imputada ex jueza afirmó que actuó “coaccionada” por temor a eventuales represalias sobre su hermana, que estuvo secuestrada en la ESMA. García dijo en aquella oportunidad que “vivía en estado de terror permanente” y que “sólo firmaba lo que le pedían” en referencia a los jefes de la escribanía en la que trabajaba.

Revelación y caída

En noviembre de 2000 la jueza en lo contencioso administrativo Emilia García concedió un pedido de hábeas data presentado por el represor Jorge Olivera para acceder a los archivos de la Conadep. En ese momento Página/12 reveló que esa magistrada había sido parte de la operación de desapoderamiento de los bienes del bodeguero Vittorio Cerutti, del abogado Conrado Gómez y del contador Horacio Palma, detenidos en la ESMA que permanecen desaparecidos. El entonces presidente de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura pidió la investigación de esos hechos, pero tuvieron que pasar seis años hasta que la jueza García renunció, en abril de 2006. Durante ese período declaró dos veces ante el Consejo y dio versiones diferentes. La dimisión quedó a consideración del presidente Néstor Kirchner, que la aceptó en noviembre de ese año, pocas horas antes de la primera sesión del jury de enjuiciamiento. Renunciada mantuvo la jubilación que hubiera perdido si finalmente terminaba destituida. En el medio el Consejo la suspendió, la Justicia la indagó y determinó que tenía elementos suficientes para procesarla, sin prisión preventiva, por extorsión, en calidad de partícipe secundaria, y como integrante de una asociación ilícita.