De saco marrón y pantalón gris, entró al recinto frotándose las muñecas. No se lo vio esposado aunque parecía que algo había apretado sus gruesos brazos. Caminó despacio, con movimientos cortos y se sentó en silencio detrás de su abogado. Desde allí, escuchó inmutable los alegatos de la querella en el proceso que se le sigue por delitos de lesa humanidad que cometió en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura. “Fue pieza clave en el genocidio que se realizó en Argentina”, aseguró Myriam Bregman, representante de una de las cuatro víctimas. Otro miembro de la querella, Rodolfo Yanzón, solicitó que se lo condene por “coautor de cuatro privaciones ilegales de la libertad y aplicación de tormentos”. Ambos coincidieron en pedir la pena de 25 años de prisión para el prefecto Héctor Antonio Febres. Otro reclamo fue compartido y contundente: el represor es juzgado por sólo cuatro casos cuando está procesado por más de 300.

El gordo “Selva” o gordo “Daniel” había decidido no participar de las audiencias. Su presencia en los tribunales de Comodoro Py, ayer, a las 10.48 de la mañana tensó el ambiente más que otros días. El abogado de las víctimas Alfredo Margari y Carlos García, dio comienzo a su alegato, de más de dos horas. “En cuatro años no hemos podido sentar a ninguno de los miembros de las Fuerzas Armadas”, criticó Yanzón. Desde la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sólo fueron juzgados los represores Julio “el Turco” Simón, Miguel Etchecolatz y el ex capellán Christian von Wernich. Ninguno integraba las Fuerzas Armadas.

Yanzón se refirió a la “política de impunidad” de la UCR, que enjuició “solamente a los jerarcas”, no permitió a las víctimas formar parte de las querellas y mantuvo a los mismos miembros del poder judicial, entre “una serie de decisiones que acotó la posibilidad de obtener justicia”. También criticó los resultados del juicio a las Juntas militares de 1985 y pidió “superar la causa 13” –la que enjuició a las Juntas–.

El planteo apuntó contra un voto de Guillermo Gordo, el presidente del Tribunal Oral Federal Nº 5, que había condenado a Julio Simón a 25 años de cárcel. En el fallo, el magistrado se había pronunciado por aplicarle a Simón una pena de 12 años por considerar que no podía superar los 17 que se le otorgaron al ex presidente de facto Roberto Viola en el ’85. Los organismos de derechos humanos exigen que aquel juicio no sea considerado como un “techo” para las condenas sino que se tome como base de la cual partir.

Pasado el mediodía, la audiencia entró en un cuarto intermedio y el acusado se retiró del recinto sin ser esposado. Cuando la otra parte de la querella comenzaba su alegato, un “problema técnico” con la grabación obligó a suspenderlo. Mientras víctimas y familiares esperaban en el mismo lugar que el represor, el clima empezó a cambiar. “Olé olé, olé ola... como a los nazis, les va a pasar... a donde vayan los iremos a buscar.” Los miembros del tribunal se habían retirado por lo que la advertencia previa del juez Gordo sobre las manifestaciones de perdió validez. Finalmente, Febres fue retirado de la sala hasta que se arregló el desperfecto y comenzó nuevamente la querella.

“Este juicio trató de ser el árbol que oculte el bosque”, aseguró Bregman, que insistió sobre la forma fragmentada en que se están llevando adelante las causas por violaciones a los derechos humanos. Febres fue considerado “un engranaje más de una única maquinaria genocida” y “coautor de un plan criminal donde todos cumplían distintas funciones”. Por este motivo, “tendría que ser condenado a perpetuidad, siendo que los crímenes que cometió no ameritan que esté un día más en libertad o en detenciones de privilegio”. Ayer reclamaron una condena de 25 años de prisión en una cárcel común por privación ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados y reducción a la servidumbre.

Antes, la abogada Luz Palmas Zaldua enumeró los hechos que fueron probados durante las audiencias. Febres “participó de la tortura”, “daba órdenes a los subordinados y a los detenidos”, “tenía autonomía para tomar decisiones”, “era responsable sobre los bebés”, “encabezó el viaje a la isla ‘El silencio’ cuando la comisión interamericana de Derechos Humanos visitó el país”, “presionó para que no se presenten hábeas corpus”, “adjudicó trabajo esclavo”, “trajo prisioneros secuestrados en Uruguay”, entre otras “múltiples funciones”.

La voz de Febres no se escuchó en todo el día. Desde hace años “sigue guardando silencio sobre el destino de bebés robados y sus padres”.

Informe: Sebastián Abrevaya.