EL PAíS › OPINION
› Por Miguel Bonasso *
El 11 de diciembre de 2005, cinco días después de que le impidiéramos tomar juramento como diputado al genocida Luis Abelardo Patti, publiqué en este diario una columna de opinión titulada “Las causas de Patti”. El artículo detallaba todos los procesos judiciales pendientes que tenía este personaje que se jactó más de una vez de haber torturado a prisioneros indefensos, para desmentir –como ya lo había hecho antes en la Cámara– su afirmación de que “no tenía causas abiertas” sino puros “sobreseimientos de la Justicia”.
En mi discurso ante la Cámara del 6 de diciembre de 2005, y en la nota citada, sostuve que tenía varias causas abiertas por graves violaciones a los derechos humanos y cité expresamente la referida al secuestro y asesinato de Gastón Goncalvez, su esposa Ana María del Carmen Granada y Diego Muniz Barreto, entre otros.
En marzo de este año también publiqué en Página/12 un testimonio referido al secuestro y asesinato del ex diputado Muniz Barreto, en cuya primera fase (secuestro) aparecía involucrado Patti.
Ayer el ex subcomisario de la Bonaerense fue indagado y detenido por orden del juez federal de San Martín, Alberto Suárez Araujo, en el marco de la causa que investiga precisamente las desapariciones de Gastón Goncalvez, Ana María del Carmen Granada, Carlos Souto y Diego Muniz Barreto, entre otros.
El represor intentó eludir la acción del Juzgado Federal Nº 2 de San Martín, presentando a través de sus abogados un escrito en el que afirmaba, con todo desparpajo, que tiene “fueros parlamentarios”, a pesar de que es público y notorio que el 23 de mayo de 2006, por el voto calificado de dos tercios de los diputados presentes, se le negó el diploma por falta de “idoneidad moral” (artículo 64 de la Constitución nacional).
La impugnación a Patti, de la que participé activamente con varios colegas, fue realizada de acuerdo con la Constitución y el Reglamento de la Cámara. El torturador gozó plenamente del derecho a la defensa durante la intensiva investigación que llevó a cabo la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento de la Cámara de Diputados. Nunca se animó a asistir a esas sesiones, pero estuvo representado por sus abogados y algunos individuos que concurrieron para matonear a los diputados de la Comisión.
Esa impugnación fue cuestionada por los diputados del Paufe (el Partido de Patti), los del PRO de Mauricio Macri, algunos de partidos provinciales y parte del bloque de la UCR. También algunos opinadores profesionales criticaron la decisión democrática de los diputados, alegando que se violaba el principio de la soberanía popular, porque lo habían votado cerca de 400 mil ciudadanos, como si los impugnadores no hubiéramos sido votados por millones de ciudadanos y representáramos por tanto a la soberanía popular.
En la histórica sesión del 23 de mayo de 2006, cuando la mayoría calificada de los diputados le negó definitivamente el acceso a la banca, varios legisladores sostuvimos que la democracia se basa en dos pilares: la soberanía popular (el voto) y el respeto a los derechos humanos.
El voto, sin respeto por los derechos humanos, puede ser Mussolini o Hitler.
En su amenazadora defensa del 6 de diciembre de 2005, cuando no pudo jurar, Patti nos advirtió que la historia no debía ser mirada con un solo ojo, porque se corría el riesgo de repetirla.
Ayer la Justicia lo indagó y detuvo sin perpetrar ninguno de los cinco delitos que según Patti debe cometer la policía para determinar una culpabilidad. Lo hizo otorgándole todas las garantías que brinda el estado de derecho.
Más allá de las peripecias que siga éste y otros juicios que el represor tiene pendientes (como el asesinato de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereira Rossi), en los que gozará –como debe ser– del principio de inocencia, ha quedado demostrado una vez más que también es un mentiroso. Mintió a los diputados cuando dijo que no tenía causas abiertas y mintió a la Justicia al afirmar que gozaba de “fueros parlamentarios”.
Una de las razones que esgrimí para rechazar su diploma como diputado fue precisamente que no gozara de fueros para eludir la acción de la Justicia. Era un temor justificado.
* Diputado nacional e integrante de Diálogo por Buenos Aires.
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