”El monarca soberano siguió ejerciendo su poder coercitivo: ésta es la punta del iceberg, vayamos a saber qué es lo quedó tapado.” El monarca soberano es el juez en lo penal y económico, hoy suspendido, Guillermo Tiscornia. Así lo llamó la diputada Diana Conti, en la anteúltima audiencia del jury que se hizo ayer y en la que se escucharon los alegatos de la acusación, y su largo descargo de dos horas. El próximo 19 de diciembre, a las 12, se conocerá la sentencia. Tiscornia puede ser removido, como le sucedió a su padre hace 40 años por razones parecidas, si por lo menos cinco de los siete miembros del Tribunal de Enjuiciamiento consideran que hay motivos suficientes para acusarlo por mal desempeño y por el pedido de un soborno de 4 millones de dólares a una empresa de juegos de azar.

El juicio político lleva quince días y pasaron 28 testigos, muchos de ellos claves para sostener las dos acusaciones contra este juez al que ayer alguien describió finamente: “Tiscornia se acostumbró a negociar con rehenes”.

Los alegatos empezaron con la palabra de Conti. En representación del Consejo de la Magistratura leyó una síntesis con los cargos. “Los testigos nos permitieron ir recreando lo que constaba en la prueba documental, por eso lo nuestro fue breve; recuperamos los datos para acreditarlos: está acreditado el mal desempeño y el pedido de coimas.”

Las dos acusaciones van por carriles separados. El Tribunal debe evaluar en los próximos días las pruebas de una y otra para tomar una decisión.

El mal desempeño está sostenido por una innumerable cantidad de sanciones de la Cámara de Apelaciones del fuero. Aunque Tiscornia dice que hay un complot en su contra, los acusadores recordaron que sobre 2580 resoluciones suyas, la Cámara anuló más de 300. “Y no es porque se equivocó en allanamientos”, dijo a Página/12 Santiago Montagna, el miembro de la Magistratura por el Colegio Público de Abogados. “Cometió errores procesales graves, entre otros la Cámara lo apartó en más de diez causas porque había perdido la imparcialidad.”

En el señalamiento, los camaristas hablaron de casos emblemáticos, como un expediente en el que se copió de la defensa. Copió negritas, cursivas, subrayados, párrafos enteros y hasta las palabras “mi defendido”. También archivó una causa de bingos Royal sin sobreseerla ni darle falta de mérito, más que una desprolijidad el caso arrojó alguna sospecha. “En el juzgado de Tiscornia –dijo Conti– parece que había sobreseimientos pagados.”

La principal acusación es por la denuncia de un pedido de soborno, que sigue penalmente el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral. Está imputado Agustín Tiscornia, padre del juez, y ex juez civil destituido en 1967. En las audiencias, el asesor de la compañía española de juegos de azar que lo denunció aseguró que Agustín Tiscornia le pidió 4 millones de dólares para sobreseerlo en una causa. “El juez tenía el expediente para resolver –dijo Conti– en cuanto le dijeran ‘pagaron’.” En su estrategia, Tiscornia les apunta a las coimas. Su defensa sostiene que no hay forma de probar un enlace real entre padre e hijo. Pero en el expediente hay documentos que dan cuenta de la trasferencia de dinero de cuentas de padre a hijo y de cómo el hijo pagó la adquisición de su último auto con dinero del padre, entre otras cosas.