EL PAíS › DERIVACIONES EN EL ESCANDALO POR EL INTENTO DE SOBORNO
Recalde elevó una presentación ante la OCDE. Si el organismo hace un informe desfavorable, Accor podría sufrir importantes pérdidas.
› Por Alejandra Dandan
Entre los primeros sondeos sobre Héctor Recalde y el estallido del escándalo del intento de soborno, el prestigioso abogado Santiago Lynch pasó fugazmente por Francia. A comienzos de noviembre se tomó un vuelo de Air France para llegar a la fiesta del 40º aniversario de la multinacional de origen francés Accor Service. Hasta entonces era uno de los referentes de la Cámara de Empresas de Servicios de Vales de Alimentos (Cevas) y directivo de Accor Argentina. La referencia ahora forma parte de la larga presentación internacional que acaban de realizar el diputado Recalde y el abogado Hugo Wortman Jofre ante la oficina de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en la Cancillería, el ente que vela por la transparencia de las multinacionales en su relación con los distintos Estados. Para Accor, la denuncia es más que un dolor de cabeza: un informe desfavorable de la OCDE puede causarle pérdidas millonarias en la cotización de sus acciones de la bolsa.
Entre otras directrices, la OCDE indica que las empresas “no deberán realizar contribuciones ilícitas a candidatos a cargos públicos ni a partidos políticos u otras organizaciones políticas”, recordó Recalde en uno de los puntos claves de la presentación. “Las contribuciones deben respetar íntegramente los requisitos en materia de publicación de información a los ciudadanos y deben ser notificadas a la alta dirección.”
A la luz de la pesquisas, ese es el punto central del cuestionamiento a los franceses. “Este es el principio que más claramente se encuentra en crisis”, explicaron en el texto. “Aparentemente, y sin perjuicio de la investigación judicial que se sustancia, la empresa Accor de Argentina, a través de personas directamente vinculadas, ha ofrecido pagar a un funcionario público para obtener una ventaja empresarial. De esta forma, no ha contribuido a mejorar la transparencia de sus actividades. Todo lo contrario, ha impulsado una maniobra delictiva que atenta contra la transparencia de su negocio. Cualquier intento de control de gestión que desaliente la corrupción ha sido dejado de lado.”
Para sostenerlo, la denuncia reconstruye desde el comienzo la forma en la que Santiago Lynch se presentó ante el diputado Recalde, abogado de la CGT, presidente de la Comisión de Legislación Laboral, autor del proyecto de ley que buscaba gravar la emisión de tickets canasta y el primer “escollo” que debían saltear las empresas que se oponían a la sanción. Lynch intentó llegar al diputado de distintas maneras con llamados al estudio del hijo del diputado o a través de Miguel Gutiérrez Guido Spano, un empresario que se presentó como un “amigo” personal, compañero de polo y del secundario: ambos fueron al Cardenal Newman, la misma escuela de Mauricio Macri.
Los encuentros con Guido Spano primero, y con Guido Spano y Lynch después, los grabó el hijo del diputado Recalde con una cámara oculta en la corbata. En el primero, Guido Spano se presentó en nombre de Accor y luego lo hizo Lynch en forma referida: “El sostuvo hablar ciento por ciento ‘por una de las grandes’ –dice la presentación de Recalde ante la OCDE– y refirió que la otra grande los iba a seguir en la medida en que supieran que las cosas iban bien”.
Al comienzo, la relación formal de Lynch con Accor Service Argentina no quedó clara porque los franceses no reconocieron el vínculo. Accor aparecía, por ejemplo, en el listado de clientes que Lynch tenía en su estudio, integrado por Cueto Rua y Landaburu. Una base de datos públicos lo ubicaba además como parte del directorio de Accor, pero no se sabía en carácter de qué se había presentado ante el diputado. Algunas dudas se despejaron cuando Accor anunció la desvinculación de Lynch y el abandono de la cámara empresaria. Según quienes están cerca de la causa, Lynch no sólo era un directivo, sino que funcionaba como una especie de gerente general a cargo de cuestiones administrativas, comerciales o judiciales.
Según el informe, “el acto de corrupción afecta a una empresa de origen francés en nuestro territorio, en ese marco la presentación de esta queja es absolutamente pertinente”. Ayer se decía que una de las primeras líneas de la filial francesa viajaría a la Argentina para tomar el toro por las astas. En la firma no lo confirmaron. Aunque nadie dice que no es posible que alguno de sus directivos viaje para la asunción de Cristina Kirchner como presidenta.
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