Moisés Maionica: abogado, 36 años, preso. Según el FBI es uno de los hombres que actuó como agente encubierto del gobierno venezolano para forzar a Guido Antonini Wilson a ocultar el origen y destino de los 800 mil dólares que intentó ingresar en la Argentina. Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello: ingeniero en sistemas, 40 años, preso. Le imputan haber colaborado con tareas de inteligencia en la misma trama. Son dos de los cuatro hombres presos. Hasta ahora la investigación los muestra más bien como actores de reparto en esta historia, pero no está todo dicho todavía. En una audiencia pública que se hará hoy en los tribunales del Downtown de esta ciudad, lo que digan estos imputados –a través de sus abogados– podría tener un impacto decisivo en el caso y redefinir el juego. Eso podría ocurrir si alguno decidiera utilizar la opción de declararse culpable, admitir alguna vinculación chavista y “colaborar” con la causa. Todo eso a cambio de algo como, por ejemplo, recuperar la libertad. En principio, en la sala no habría ningún delegado del gobierno argentino. Pero asistirá una representante de la oposición, Patricia Bullrich, que se tomó un avión especialmente para eso.

El acontecimiento será en un gran edificio antiguo, de paredes anchas, ventanas altas y pintura descascarada, en la calle 99 y 4, en pleno centro. En lo formal, la audiencia estará dirigida por el juez Robert Dube, encargado de definir si Maionica y Paciello pueden recuperar o no la libertad bajo fianza. Pero el que llevará la voz cantante es el fiscal adjunto Thomas Mulvihill, que tendrá que explicar de qué los acusa. Y Mulvihill es, nada menos, quien la semana pasada durante la audiencia de cargos contra Franklin Durán y Carlos Kauffmann, viejos amigos de Antonini y socios en la petroquímica venezolana Venoco, le informó a Su Señoría que en una conversación grabada uno de ellos (Durán) dice que los 800 mil dólares que cargaba el valijero eran para apoyar la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. Ese punto, en definitiva, desató el revuelo y ahora todo el mundo está pendiente de lo que pueda, otra vez, decir la fiscalía.

Durán y Kauffmann se declararon inocentes y el juez les rechazó el pedido de excarcelación por “peligro de fuga y riesgo para la comunidad”. Hasta este fin de semana los representaba el abogado Michael Hacker que venía pregonando que sus clientes eran totalmente ajenos al asunto de la valija y tenían una relación normal con el gobierno venezolano. En realidad, decía, todo era fruto de una demanda que habían presentado contra el American Express Bank porque luego de que les congelaran 25 millones de dólares recuperaron 18 pero les faltan 7. El dúo, sin embargo, acaba de cambiar de abogado y ahora los representa Robert Shohat. Maionica, venezolano, y Paciello, uruguayo, no necesariamente correrán la misma suerte.

Durán y Maionica llevaban dos horas compartiendo una comida con Antonini en el lujoso Jackson Restaurant, ubicado en Las Olas Boulevard en Fort Lauderdale, cuando terminaron detenidos el 11 de diciembre a la tarde, un día después de la asunción de Cristina Kirchner en la presidencia. El “valijero”, en acuerdo con el FBI, llevaba un micrófono escondido. La intención de sus amigos, al parecer, era armar documentación para el encubrimiento. Paciello y Kauffmann fueron arrestados en sus casas. Aquella conversación cerca del mar no era la primera que se grababa, sino la culminación de otras tantas que, según diría después un comunicado oficial, mostraba que los cuatro habían actuado y conspirado como agentes encubiertos del gobierno de Hugo Chávez en violación a las leyes norteamericanas que obligan a reportar cualquier actividad de este tipo en su suelo. En el ínterin, dicen, los antiguos aliados de Antonini llegaron a amenazarlo con poner en riesgo a sus hijos si no aceptaba decir que el dinero de la valija le pertenecía. Con todo este contexto, el gobierno de George Bush alega que todo se trata de un problema judicial.

El tono del comunicado del Departamento de Justicia, las afirmaciones del FBI y los dichos del fiscal Mulvihill sugieren una combinación inevitable con condimentos políticos que en estos pagos los conocedores del tema atribuyen al encono con Venezuela, y de paso un gobierno que lo apoya recibe una advertencia de rebote. Fuentes diplomáticas dijeron a Página/12 que, de momento, no está previsto que vaya ningún representante hoy a tribunales.

El abogado de Paciello, Sowmya Bharathi, presentó la semana pasada un escrito en los tribunales advirtiendo que su cliente quiere ejercer el derecho de permanecer en silencio y que todo contacto se realice exclusivamente a través de su defensor. En los juicios norteamericanos, de todos modos, lo que pasa un día puede dar un vuelco completo al día siguiente. Los acusados pueden negociar y declararse culpables en cualquier momento aceptando algún arreglo con la fiscalía, que tiene un evidente dominio de los casos.

Hasta ahora, en rigor, la fiscalía no ha mostrado ninguna de las pruebas que tiene. Ha hecho simplemente algunas referencias. Es probable, cantan las especulaciones por estos pagos, que hacia fin de mes haya alguna revelación y se exhiba alguna evidencia concreta. El 28 de diciembre es el plazo para que –en base al planteo del fiscal– el Gran Jurado decida si formaliza la acusación. Por lo pronto, dado que Durán y Kauffmann rechazaron los cargos, todo hace pensar que van camino a un juicio oral, que podría celebrarse en marzo. Pero todavía hay que ver que piezas se mueven hoy en este ajedrez.