Por primera vez desde la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, jefes militares serán condenados por la Justicia argentina. Hoy a las 15, en la misma sala del Palacio de Tribunales en que se realizó el Juicio a las Juntas, el juez federal Ariel Lijo leerá la sentencia del juicio que involucra a ocho represores, entre ellos el general Cristino Nicolaides y la plana mayor del Batallón de Inteligencia 601.

Cristino Nicolaides, Jorge Luis Arias Duval, Juan Carlos Gualco, Carlos Gustavo Fontana, Pascual Oscar Guerrieri, Santiago Manuel Hoya, Waldo Carmen Roldán y Julio Héctor Simón están siendo juzgados por haber participado en el secuestro, las torturas y la reducción a la servidumbre de seis personas. Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Angel Carbajal, Lía Mariana Ercilia Guangiroli y Ricardo Marcos Zucker eran parte del grupo de exiliados que decidió regresar al país en 1980, en el marco de la llamada operación de Contraofensiva, organizada por la agrupación Montoneros. Silvia Tolchinsky fue secuestrada en Mendoza, cuando intentaba salir del país e ingresar a Chile, y es la única de las víctimas de esta causa que sobrevivió.

Este expediente se rige por el viejo código de procedimiento, lo que implica que se realiza por escrito. Pero a pedido del CELS, Lijo accedió a “oralizar” el tramo final del proceso. Por eso la sentencia se escuchará hoy en una audiencia que será abierta al público y a la prensa. Antes de leer su resolución, el magistrado dará a los represores la posibilidad de que digan las “últimas palabras”. Ayer, el juez terminó de realizar las entrevistas con los acusados, un requisito previsto en el viejo código.

Desde la anulación de las leyes de impunidad fueron condenados el ex jefe de Investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires Miguel Osvaldo Etchecolatz, el policía federal y agente de inteligencia Julio Héctor Simón (también involucrado en este expediente) y el capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires Christian Federico Von Wernich. El jueves pasado debía ser condenado el prefecto Héctor Antonio Febres, integrante del grupo de tareas de la ESMA, pero el cianuro que tomó o le hicieron tomar mientras estaba preso en condiciones privilegiadas en un edificio de la Prefectura impidió que terminara el juicio. El proceso que sí concluirá hoy involucra a un ex jefe del Ejército (Nicolaides) y a altos mandos del Batallón de Inteligencia 601 (Bellene fue segundo jefe; Arias Duval, jefe de la central de reunión, y Guerrieri, jefe de la central de operaciones).

La semana pasada, durante los alegatos, el fiscal Jorge Alvarez Berlanda fundamentó su pedido de 25 años de prisión para los ocho represores que, además de los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y reducción a la servidumbre, están imputados de haber formado parte de una asociación ilícita. Los representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Carolina Varsky y Santiago Felgueras reclamaron la pena máxima y destacaron que se trata de un juicio que es “representativo” de lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado. Así, hicieron un llamamiento a que los futuros procesos contra responsables de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura sigan este camino, es decir, que los expedientes no se desarmen en infinitas piezas.