“¡Desocúpenme el casino de oficiales que voy a ir con mi familia!”, era una de las habituales órdenes que impartía el represor Héctor Febres mientras estuvo detenido en la sede Delta de la Prefectura Naval Argentina. Y volvió a hacerlo dos semanas antes de su muerte, para festejar allí el bautismo de una de sus nietas, tal como describió Página/12 la semana pasada. Durante el allanamiento a la casa del hijo de Febres la Justicia encontró pruebas del acontecimiento familiar celebrado en un edificio público que debía servir como cárcel para este prefecto, enjuiciado por delitos de lesa humanidad. Los investigadores del caso afirmaron que en su vida vieron condiciones de detención “tan irregulares”, y uno de ellos consideró que el prefecto que murió envenenado con cianuro “entraba y salía” de su prisión vip. Esta situación, que calificaron de “escandalosa”, podría motivar en breve la citación a prestar declaración indagatoria del recién destituido jefe de la Prefectura Carlos Fernández. En la causa hay dos de sus ex subordinados detenidos. Los dos investigadores, de alta jerarquía, consultados por este diario coincidieron en inclinarse por la hipótesis del homicidio.

La colaboración que intentó prestar el ex jefe de la Prefectura Carlos Fernández, durante las primeras horas del caso no le sirvió para quedar al margen del curso de la investigación. La sospecha es que hubo hechos de corrupción por parte de quienes dirigían la sede Delta que hicieron posibles las relajadas condiciones de detención de Febres. “Parecía que no vivía ahí, había pelusa en el piso”, fue el comentario de un experimentado integrante del equipo que allanó la celda vip de dos ambientes, con balcón y vista al río, que tenía el represor. Además de contar con un teléfono celular, televisor con DVD y de gozar de visitas sin límite que podían ingresar alimentos u objetos varios sin ser revisados, Febres usaba una pileta y una cancha de tenis. El prefecto que lo custodiaba, de apellido Volpi y que está detenido, era quien iba a buscar a su esposa cuando quería visitarlo. “Daba órdenes a gente que tenía menos grado que él, que lo trataban con un temor reverencial y no como alguien acusado de delitos de lesa humanidad”, comentó a Página/12 uno de los investigadores.

El último domingo de noviembre acudieron a la sede Delta de la Prefectura Naval, en Lavalle 13, cincuenta invitados que participaron del bautismo de una de las nietas de Febres. El festejo pudo haber sido bien regado con bebidas alcohólicas, cuyo ingreso no parece haber estado prohibido. De hecho, en las habitaciones de Febres fueron halladas botellas de aperitivos. Ninguno de estos movimientos quedaba registrado en los libros de guardia. Los investigadores encontraron que los correspondientes a 1993 estaban en mejores condiciones que el de octubre de este año. “Todo muy burdo, todo altamente irregular”, resumió uno de ellos.

Es posible que el prefecto general Fernández, jefe de la Prefectura hasta el sábado, cuando lo relevó el Gobierno, tenga que responder sobre algunas de estas cuestiones, como ya lo han hecho el ex jefe de la sede Delta, Rubén Iglesias, y el custodio Volpi. Y que su sucesor, el subprefecto nacional Ricardo Rodríguez, tenga que prestar su “máxima colaboración” con la Justicia.

Los sobrevivientes del centro clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada solicitaron en 2004 la cárcel común para Febres. El juez federal Sergio Torres pidió informes y comprobó que el prefecto disfrutaba de un living, dormitorio y baño privado, entre otros beneficios. Pero se negó a mandarlo a la cárcel de Marcos Paz aduciendo el “riesgo” que corría. Ni la oposición de los fiscales Eduardo Taiano y Félix Crous ni una resolución de la Cámara Federal modificaron la situación. Así, Febres siguió gozando de un encierro con generosas libertades. Los investigadores no dudan en vincular esos privilegios con su propia muerte. Y sugirieron al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que revea su apreciación de los hechos. El funcionario había declarado que “esta persona estaba detenida con todas las custodias que tienen los detenidos”.