Primero fue la nulidad, ahora la recusación. La defensa del ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos recusó a los integrantes de la sala II de la Cámara Federal. Ese tribunal es el que debe expedirse sobre un planteo de nulidad en la causa en que se investigan los cinco homicidios que causó la represión con la que se despidió del poder el gobierno de Fernando de la Rúa. A seis años de los hechos, ninguno de los responsables materiales, y menos los políticos, llegó a ser enjuiciado. Los querellantes que representan a los familiares de los asesinados y a los heridos, que fueron casi un centenar, coincidieron en calificar la iniciativa como una “chicana dilatoria”.

Mediante un escrito el abogado Pablo Jacoby, en representación de Santos, sostuvo que existe un “fundado temor de parcialidad” del tribunal por los reiterados reclamos de esos camaristas para que se eleve a juicio oral el tramo de la investigación en el que se encuentran procesados el ex jefe de policía, el ex secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, y el propio De la Rúa. El letrado afirmó que “dicha prisa manifestada respecto de la elevación a juicio de la causa, en tanto y en cuanto ha sido expresada fuera de contexto propicio, implica un adelanto de opinión que pone en duda la imparcialidad del tribunal”.

Jacoby aventuró que “no es fruto de un mero espíritu pesimista que quepa esperar el rechazo del planteo de nulidad (por falta de imparcialidad de la jueza María Servini de Cubría, que tuvo a cargo la instrucción) por parte del tribunal recusado, sino la lógica consecuencia de consideraciones vertidas por los magistrados en ocasiones en las que tales manifestaciones resultaban extrañas al objeto del decisorio”. De esa manera, el abogado del ex comisario Santos intenta que no sea esa misma sala II la que se expida sobre el planteo de nulidad que efectuó para impedir la elevación a juicio oral de su defendido. Como Santos integra la parte del caso referida a las responsabilidades políticas, su destino está unido al del resto de los ex funcionarios de alto rango imputados.

“Es una acción dilatoria más de la defensa. Lo único que pedimos a los jueces es que rechacen el planteo y clausuren el sumario, para llegar a un juicio oral y público”, expresó el abogado querellante Rodolfo Yanzón. Por su parte, María del Carmen Verdú, en representación también de la querella, aseguró que el pedido de la defensa de Santos “se asemeja a la estrategia que desplegó el abogado Pablo Argibay Molina” durante el proceso judicial del caso de Walter Bulacio. “Este tipo de chicanas es típico de las defensas que no tienen defensa, apuntan a dilatar para alcanzar la prescripción y a que los querellantes se cansen”, opinó Verdú. Y agregó que, “como desde lo técnico no tienen posibilidades de prosperar, es de esperar que los camaristas hagan un serio rechazo in limine” del planteo.