La causa por espionaje político ya no es un “hecho aislado” de la Base Almirante Zar de Trelew, como había sostenido en un principio el jefe de la Armada, Jorge Godoy. También estuvieron involucrados los mandos superiores de Puerto Belgrano, en lo que significó un sistema de espionaje ilegal a nivel nacional. Así lo entendió la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que confirmó los procesamientos a nueve marinos y además procesó a otros tres que tenían falta de mérito, incluido el ex número tres de la Armada, vicealmirante Eduardo Luis Aviles. Sus Señorías agregaron dos palabritas que podrían llevar las investigaciones aun más arriba: dijeron que esas autoridades navales son responsables “entre otros”. Los camaristas advirtieron además que las fichas ilegales se hacían con el mismo criterio y terminología que “en épocas de facto”.

Los jueces Aldo Suárez, Javier Leal de Ibarra y Hebe Corchuelo de Huberman confirmaron los procesamientos por “abuso de autoridad” –un delito que tiene una pena máxima de dos años– a los nueve marinos de la Base Almirante Zar y al ex director de Inteligencia Pablo Rossi, quien fue separado de su cargo junto con Aviles cuando se conoció el caso de espionaje. Además, revocaron la falta de mérito y procesaron a Aviles y a dos jefes de inteligencia de Puerto Belgrano, Cristian Vidal y Carlos Vázquez, y les trabaron un embargo simbólico (por mil pesos, el mismo que se les había dictado al resto de los oficiales).

Los jueces dieron por probado que “se ha obtenido y almacenado información sobre distintas personas por cuestiones relacionadas con la política interna y desde un punto de vista prioritariamente ideológico”.

La resolución de la Cámara es un avance importante dentro de la causa de espionaje, que comenzó en marzo de 2006, cuando el cabo Carlos Alegre hizo la denuncia ante el CELS. Alegre pertenecía al equipo de inteligencia de Trelew, pero se negó a hacer espionaje político, por lo que sufrió maltratos y persecuciones por parte de sus superiores. En un reportaje a Página/12, Alegre señaló que incluso después de iniciada la causa el actual número dos de la Armada, Benito Rótolo, le dijo: “Por tu culpa, la Marina se está hundiendo”.

A partir de la presentación del CELS, la Justicia Federal de Rawson ordenó allanar la base Almirante Zar de Trelew, y luego la de Puerto Belgrano y otras seis bases navales. Los principales documentos los encontraron en Trelew: fichas de funcionarios del Ministerio de Defensa, políticos locales, dirigentes sociales e indigenistas, seguimientos por los actos de la masacre de Trelew, en la que los marinos fusilaron a 16 presos políticos en 1972 en la misma base Almirante Zar.

Posteriormente se presentó en la causa un ex marino, Luis Alberto Sánchez, quien había trabajado hasta enero de 2007 en inteligencia de Puerto Belgrano, bajo el mando de Aviles. Sánchez contó que allí también se hacía espionaje ilegal y advirtió que sufrió persecuciones por negarse a participar. También relató que los documentos comprometedores fueron retirados por “el capitán de navío Fernando Pendido”, una vez que se conoció la denuncia del CELS. “Se los ocultó o se los quemó”, agregó.

Los documentos encontrados en Trelew incluían carpetas divididas por “factores”, como el político, las minorías extranjeras y religiosas, las protestas piqueteras y huelgas. En las fichas se describía a algunos de los políticos locales como “militante de BDT”, una sigla que se utilizaba en la dictadura para referirse a las “bandas de delincuentes subversivos”. También en el caso de la ministra de Defensa, Nilda Garré, se especificaba su “relación con los derechos humanos y la subversión”.

Los jueces no se privaron de subrayar en el fallo –al que accedió Página/12– que “la clasificación de la información resultaba similar a la efectuada para el fichaje de personas y entidades en épocas de facto (...) resaltando como dato su eventual vinculación con los sectores de derechos humanos o de izquierda”.

Además de la remoción del director de Inteligencia Pablo Rossi y del titular del Comando de Operaciones Navales Eduardo Avilés, el escándalo por el espionaje ilegal tuvo consecuencias sobre la totalidad del sistema de inteligencia naval: Garré ordenó cerrar las dependencias de inteligencia de las bases navales y hacer un sumario interno de las actividades y documentos que allí se encontraban.

El proceso judicial, en tanto, pasó por las manos de tres jueces y estuvo paralizado más de un año por una presentación que hizo la Armada, por orden de Godoy, en la que aseguraron que entre las computadoras secuestradas en la base aeronaval había una que contenía un código de encriptamiento de secretos militares.

En julio de este año, el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, procesó a nueve marinos y les dictó la falta de mérito a otros tres. Consideró que “el contenido de la información reunida nada tiene que ver con la inteligencia militar como ha sido concebida y sí se trata de información que les está absolutamente vedada” por las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior, que prohíben a las Fuerzas Armadas hacer espionaje interno. Los abogados defensores apelaron los procesamientos y el CELS y el fiscal Fernando Gelves hicieron lo propio con las faltas de mérito. La definición quedó en manos de la Cámara de Comodoro Rivadavia, que le dio la razón a los querellantes.

Las órdenes de arriba

Al procesar a los tres marinos de Puerto Belgrano, los jueces sostuvieron que “la actividad de obtención de información de la base Almirante Zar fue sostenida en el tiempo y transmitida con continuidad a los organismos de los que resultaban ser las máximas autoridades”. “Toda la actividad desarrolladas en la base Almirante Zar se originó y luego continuó desarrollándose a partir de órdenes dictadas por los superiores jerárquicos de la Armada”, destacaron en el fallo.

Los superiores eran el vicealmirante Avilés y los jefes de inteligencia Vidal y Vázquez, quienes son los responsables “entre otros”. Sobre Aviles, los camaristas indican los partes de inteligencia eran remitidos a él y como ejemplo transcriben uno donde se le informa que en un hotel de Puerto Madryn había un grupo de cinco o seis iraquíes (ver aparte). Sus Señorías también destacaron que en uno de los cuadernos se encontró una anotación que decía “informar a Vidal tema Comodoro Rivadavia comisión interna”.

Los jueces también remarcaron que hay un documento en el que Vázquez pide que “a partir de la fecha mantener actualizada a esta central sobre eventos de todo tipo, referidas al próximo aniversario 24 MAR”. El capitán de Navío además reclamaba información política y sobre piqueteros de Puerto Madryn. También recordaron que el cabo Sánchez dijo en su testimonio que “Vázquez le ordenó vestirse de civil junto con otro grupo de personas que tenían asignadas tareas de calle”.

Además, los camaristas advirtieron que se podría haber destruido más documentación que los incriminaba, como sostuvo Sánchez. “No debe perderse de vista que las demás diligencias fueron realizadas entre dos y tres días más tarde”, estimaron. Pidieron al juez de Rawson que se extreme el cuidado de los documentos.

El abogado del CELS Rodrigo Borda destacó que el fallo “confirma nuestra hipótesis: no fue un hecho aislado. Era un sistema estructurado en base a órdenes y solo se puede entender lo que pasaba en Trelew en un sistema de inteligencia que se extendía a todas las bases de la Armada”. Borda recordó que “por ejemplo, hay una orden que estaba en Trelew pero venía de la base de Ushuaia”.