“Todos le tenían pánico, tanto los detenidos como su propia gente”. Así describió el juez federal Ariel Lijo al represor del Batallón de Inteligencia 601 Santiago Manuel Hoya. Lo hizo el martes al condenarlo a 25 años de prisión por el secuestro de seis personas en 1980. Dos días después de la sentencia murió. Fue ayer por la mañana en el Hospital Militar. “En principio no hay nada que nos haga pensar en algo extraño, pero se están tomando todos los recaudos y por eso ordenamos una autopsia”, explicaron desde el juzgado. Tenían presente que el día después de que el prefecto Héctor Febres fuera hallado sin vida en su habitación se hablaba de “muerte natural”. Luego, la pericia indicó que en su cuerpo había grandes cantidades de cianuro. Los médicos que revisaron el cadáver de Hoya descartaron la presencia de veneno, pero el resultado completo del análisis estará listo en veinte días.

Hoya tenía 83 años. Los últimos cinco estuvo preso. La semana pasada, Lijo ordenó que viniera desde Mar del Plata, donde cumplía su arresto domiciliario, para entrevistarlo antes de dar a conocer el fallo. Esta es una medida prevista en el viejo código de procedimiento, que regía el expediente en el que además de Hoya fueron condenados otros siete represores, entre ellos, el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides.

El militar dedicó un buen rato de la entrevista a hablar de sus achaques de salud. Su carrera militar fue otros de los temas centrales de la reunión. Mencionó con orgullo, por ejemplo, que se había negado a participar de un curso de entrenamiento en Israel. Hoya pudo escabullirse de la audiencia en el que el juez leyó su condena. Quedó alojado en el Hospital Militar y estuvo allí hasta ayer.

El nombre de Hoya no dice demasiado. Esto se debe, sobre todo, a las características del sitio desde dónde aportó a la maquinaria de la represión del terrorismo de Estado. El Batallón de Inteligencia 601 era por definición un lugar donde prevalecía el secreto. Sin embargo, algunos de sus misterios fueron descubiertos. De hecho, fueron integrantes de ese organismo los primeros miembros de las Fuerzas Armadas en ser condenados por delitos de lesa humanidad después de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Podría pasar más de un año hasta que Alfredo Astiz –cuyas facciones son fácilmente reconocidas por varias generaciones de varios países– y sus compañeros de la ESMA vayan a juicio.

El relato de Silvia Tolchinsky, secuestrada en septiembre de 1980 y llevada a varias quintas cercanas a Campo de Mayo antes de ser liberada, permite un acercamiento a la figura de Hoya, conocido con los alias de “Pancho” o “Villegas”. Mayor retirado, se enroló en 1970 en el Batallón como “personal civil de inteligencia”. Allí se desempeñó como jefe, primero de sección y luego de grupo. En 1976 pasó a integrar las filas de la “central de reunión” bajo las órdenes del coronel Jorge Ezequiel Suárez Nelson, del teniente coronel Mario Alberto Gómez Arenas y del teniente coronel Luis Jorge Arias Duval.

Hoya fue el responsable del grupo de tareas que estuvo a cargo de los secuestros de los militantes de la agrupación Montoneros que volvieron al país en 1980 en el marco de la operación de Contraofensiva. También trabajó en Centroamérica en el apoyo a los “contras” que ofrecían los represores argentinos. Por eso, estaba de viaje cuando a Tolchinsky la llevaron a la primera “quinta”. “Cuando volvió me puso un bombón en la boca, me empujó y me retó como si yo fuera un caballo, diciéndome por qué era que yo militaba y que si quería que las cosas mejoren me tenía que portar muy bien. A partir de su llegada el régimen en las tres quintas fue terrible”, contó la mujer.

Durante su cautiverio, Tolchinsky no llegó a ver a Hoya. “Estuve todo el tiempo con vendas en los ojos, además de los grilletes y las esposas, pero lo escuché muchas veces, tenía una voz muy autoritaria. Puedo decir que tenía dos hijos, una hija en Mar del Plata y al otro hijo alguna vez lo trajo al “trabajo””. Todos los datos, además de su marcado acento cordobés, fueron ratificados durante la investigación.

El martes, Lijo lo condenó a veinticinco años, accesorias legales, costas e inhabilitación especial por ser integrante de una asociación ilícita, por los secuestros de Angel Carbajal, Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Lía Mariana Ercilia Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Noemí Tolchinsky y por reducción a servidumbre. Iba a salir en libertad en 2027. Era previsible que no llegara a cumplir con la sentencia. Pero, a diferecia de Febres, murió después de que la Justicia se expidiera. “No descartamos que eso le haya generado un disgusto”, se escuchó en un pasillo de los tribunales federales.