El miércoles y con gran publicidad mediática, se reunió la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina con la Presidenta de todos los argentinos.

¿Que ha sido lo importante de este encuentro? Que luego de décadas –unas cuantas– el Episcopado argentino debió pedir formalmente una cita a las autoridades gubernamentales para ser recibidos en la Casa Rosada al igual que el resto de los grupos religiosos. Esto que en cualquier país democrático y pluralista es un hecho vanal y naturalizado en Argentina es una conquista del poder político de los últimos años. Durante años y años –tanto en gobiernos democráticos como en dictaduras– eran los dirigentes a cargo del Estado los que solicitaban a los obispos ser recibidos en la curia o los que les pedían que se acercaran a la Casa de Gobierno.

Durante décadas esto significó una fuerte legitimación mutua: apoyo católico al gobierno que recién comenzaba y reconocimiento estatal privilegiado a la Iglesia Católica. Las dictaduras dieron un paso más y formaron gobiernos cívico-militares y religiosos. La desacralización del poder político gubernamental ayuda también a fortalecer la democracia. La autonomía relativa con respecto al poder eclesiástico llevada adelante por el gobierno del Dr. Kirchner y ampliamente apoyada por la ciudadanía está dando sus frutos. Es muy difícil esperar que las instituciones que tienen privilegios los abandonen por su propia cuenta. Esto muestra que cuando hay políticas estatales de largo plazo es posible cambiar las tendencias hegemónicas. Si el oficialismo y la oposición mantienen esta postura de separación entre poder partidario y poder religioso y se privilegia el mandato de origen democrático al de los grupos de poder –en este caso el eclesiástico–, la calidad de la democracia argentina habrá dado un gran paso.

Si las formas materiales y simbólicas del vínculo obispos-Gobierno están cambiando, por el otro aparece –una vez más– el mismo discurso eclesiástico con más trasfondo político-partidario que espiritual. El Episcopado argentino se sigue considerando un actor partidario relevante y significativo de y en la sociedad política. Relato que hace oídos sordos a las profundas transformaciones simbólicas y espirituales de nuestra sociedad: afirmar que el primer derecho humano es no abortar indigna en un país donde la principal causa de muerte materna juvenil son los “abortos clandestinos” y donde la violación sistemática de éstos significó 30.000 detenidos-desaparecidos que aún esperan justicia. Asimismo decir que hay un solo tipo de familia ofende a millones de personas cristianas divorciadas, vueltas a casar, monoparentales, que optan por decidir la sexualidad a vivir y gozar y que reclaman mayores derechos sobre sus cuerpos. Por otro lado, finalizar sus demandas con la muletilla de terminar con los juicios a los responsables del terrorismo de Estado, porque eso produce enfrentamientos y desencuentros entre argentinos, nos muestra la poca o nula sensibilidad episcopal en construir sociedades con memorias, justicias y utopías solidarias y emancipadoras.

* Dr. UBA/Cconicet.