La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba rechazó el pedido de la fiscal federal Graciela López de Filoñuk para que los militares y policías detenidos por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura sean trasladados a cárceles comunes. La medida va a contramano de las resoluciones del Tribunal Oral Federal de Corrientes, del juez federal chaqueño Carlos Skidelsky y del juez federal Sergio Torres, que tras la muerte por envenenamiento del prefecto Héctor Febres ordenó trasladar al penal de Marcos Paz a todos los marinos procesados en la causa ESMA.

En febrero la fiscal López de Filoñuk había solicitado que los cerca de cuarenta represores detenidos fueran trasladados a cárceles comunes hasta tanto se diera a conocer la fecha del juicio. Diez meses después, la sala A de la Cámara integrada por los jueces Ignacio Vélez Funes, Humberto Aliaga Yofre y Gustavo Becerrar Ferrer, declaró “nulo por inaplicable” el pedido de la fiscal. Fundamentaron la decisión argumentando que se debe “salvaguardar el correcto ejercicio del derecho de defensa del imputado detenido”. Agregaron que se debe realizar una valoración “individual de las circunstancias y condiciones de la privación preventiva de la libertad” de cada imputado. Si bien la fiscal López de Filoñuk dijo que “no quiere polemizar” con los miembros de la Cámara, explicó que “lo que estoy discutiendo es el lugar de detención de todos, cualquiera sea el delito que han cometido”. “A los presos que están (en la cárcel) de Bower no se les analiza caso por caso si deben estar ahí o no. En cambio a los genocidas sí”, concluyó la fiscal.

Los procesados cordobeses actuaron mayoritariamente en el centro de torturas y exterminio La Perla. Los militares se encuentran alojados en dependencias del Cuerpo III del Ejército (Orestes Valentín Padován y Hermes Oscar Rodríguez) y en la base de apoyo logístico “Córdoba”, cuartel Unión (Jorge Ezequiel Acosta, Carlos Alberto Díaz, José Hugo Herrera, Luis Alberto Manzanelli, José Andrés Tófalo y Carlos Enrique Villanueva), en tanto los policías pasan sus días en la Guardia de Infantería de esa fuerza provincial.

La semana pasada, tras la muerte por envenenamiento del prefecto Febres, Abuelas de Plaza de Mayo solicitó en todas las causas en las que actúa como querellante el traslado a cárceles comunes de todos los procesados por crímenes de lesa humanidad. La detención “en unidades dependientes de la propia fuerza que integraron o en su propio domicilio constituye claramente un privilegio y dispensa especial, estrictamente prohibido por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”.

Ayer el jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alen, adelantó que ese organismo hará un pedido similar al de Abuelas en todas las causas en las que se presentó como querellante.