El procurador general de la Nación, Esteban Righi, dio un paso decisivo para apartar de sus funciones a dos fiscales cuestionados por haber consentido y participado en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Se trata del fiscal federal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Roberto Domingo Mazzoni y el fiscal federal de primera instancia de la misma ciudad Carlos Flores Leyes. Righi resolvió que sean sometidos a un jury de enjuiciamiento y –una medida poco usual– que ese organismo los suspenda en sus funciones.

“Vi su mano grande golpear en la mesa que estaba frente a mí cuando no respondía una pregunta o no le satisfacía mi respuesta, preguntaba con precisión y parecía inteligente, interrogaba con un cuestionario predeterminado, diferente a como interrogaba la policía, que me había interrogado antes. El contraste entre él, que era tan grandote, y yo, que estaba tan indefenso en esa silla, desnudo, fue lo que me hizo acordarme de su voz y de su físico, que reconocí cuando lo vi mas tarde en Gendarmería.”

José Luis Valenzuela no se refería en este testimonio a un represor ordinario, al menos, no a un miembro de las Fuerzas Armadas o de Seguridad. El interrogatorio al que hizo referencia se realizó en la Brigada de Investigaciones del Chaco, donde los detenidos eran torturados y vejados. El que hacía las preguntas era Flores Leyes, en ese entonces secretario del Juzgado Federal de Resistencia y hoy todavía fiscal. El episodio que narró se produjo el primero o segundo día de su estancia en la Brigada. Lo habían llevado a una sala, desnudado, vendado, lo habían sentaron en una silla, atado de pies y manos, lo habían golpeado y lo habían picaneado. Por debajo de su venda llegó a ver a Flores Leyes, que luego comenzó a dirigir el interrogatorio. Vestía traje. “No tengan trato especial con él”, les dijo el secretario judicial a los policías antes de irse.

Flores Leyes fue secretario del Juzgado Federal de Resistencia desde diciembre de 1974 hasta 1992. En ese año, pasó a ser fiscal federal, cargo que mantiene hasta hoy.

El otro funcionario acusado, Mazzoni, fue secretario del Juzgado Federal de Resistencia desde mayo de 1974 hasta agosto de 1976, cuando lo nombraron fiscal. En 1992 pasó a ocupar el puesto que todavía conserva, fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de Resistencia.

“Mazzoni abrió el paquete y sacó un arma mediana, como las que usa la policía, alabó el arma, la apuntó hacia mi persona, sacaba la traba del gatillo y la probaba hacia mí, mientras insistía en que declare, que no tenía abogado, que si no declaraba era peor para mí, que ya no me iban a llevar más, lo que significaba una amenaza porque implicaba que me iban a matar. El que le entregó el arma le decía que tenga cuidado, que estaba cargada, Mazzoni respondía que no se le iba a escapar un tiro a él, mientras seguía apuntándome.”

El relato es de María Gregoria Pérez, a quien Mazzoni trató de “convencer” de que no esperara a su abogado para hablar. Quien le había entregado el presente con la pistola al entonces secretario del juzgado era uno de los torturadores de la Brigada (la mujer lo reconoció). El regalo venía de parte de Carlos Alcides Tomas, jefe de la Brigada.

Por los casos de Valenzuela y Pérez, entre otros, Flores Leyes y Mazzoni fueron acusados de haber sido autores directos en actos de torturas físicas y psicológicas.

La lista de acusaciones de los fiscales no se agota en esos hechos. Entre otros reproches, el fiscal Félix Crous, que estuvo a cargo del sumario, mencionó: la omisión de denunciar y perseguir el asesinato de Néstor Sala, una de las víctimas de la masacre de Margarita Belén; no haber denunciado actos de tortura, sino encubrirlos; no haber dado auxilio médico a los detenidos que dijeron que habían sido torturados, ni siquiera a aquellos que pidieron asistencia; no haber dado protección a dos detenidas que estaban embarazadas ni preocuparse luego por la salud de los recién nacidos y haber obligado a los presos a declarar mediante amenazas. “Resulta inaceptable desde el punto de vista constitucional, institucional y social que quienes presuntamente han incumplido con los deberes indicados y presumiblemente han participado de violaciones a los derechos humanos ejerzan la magistratura en el poder del Estado al que se le ha encargado expresamente la defensa de la legalidad”, señaló Righi en el escrito con el que resolvió, el 18 de diciembre pasado, la apertura del jury, que será finalmente la instancia que decidirá si los destituye o no.

En la madrugada del 13 de diciembre de 1976 Carlos Sala fue sacado de la Unidad Penitenciaria de Resistencia con el pretexto de que iba a ser trasladado a una cárcel de Formosa junto con otros 20 presos políticos. Todos fueron ejecutados en el trayecto, en la localidad de Margarita Belén. Sala, que había sido detenido en 1975, estaba a disposición del Juzgado Federal de Resistencia, pero ni el juez Luis Angel Córdoba ni el secretario Flores Leyes ni el fiscal Mazzoni se interesaron por su suerte. Aceptaron la versión oficial que decía que los fusilados en la masacre de Margarita Belén habían muerto en un enfrentamiento cuando intentaban escapar.

No era difícil dudar de la información que dieron los militares. Mirta Clara, esposa de Sala, que también estaba detenida, pidió una entrevista con Flores Leyes y Mazzoni y les señaló distintos indicios que permitían reconstruir lo que había pasado y desacreditar el parte oficial. La mujer les dijo que “en todo Chaco se sabía que esa matanza se produjo por responsabilidad de los militares, la policía y el Poder Judicial”. Ellos no se inmutaron. Tampoco lo negaron.

Diez días después de los fusilamientos, el juez Córdoba y Flores Leyes firmaron un documento que ordenaba: “Atento la renuncia al cargo de defensor del imputado, intímese a Carlos Sala para que dentro del tercer día posterior a su notificación designe nuevo abogado defensor, bajo apercibimiento de designar el defensor Oficial del Tribunal”.

Los funcionarios judiciales a cargo de Sala tal vez no habrían podido evitar su asesinato pero tampoco se preocuparon en aclararlo. No les llamó la atención que el traslado no hubiera sido informado al juzgado, ni que se hubiera realizado un domingo, ni que el alegado motivo hubiera sido llevarlos a una cárcel de Formosa que no se encontraba preparada para alojar a presos políticos. No certificaron la fecha y causa de la muerte a través de una autopsia, no gestionaron la entrega del cuerpo ni examinaron las actuaciones militares.

Interrogar a los otros presos habría bastado para saber casi con certeza lo que había pasado. Cuatro años después, cuando fueron escuchados, contaron que Sala sabía que el traslado equivalía a su muerte, que les habló a los que se quedaban para darles fuerza y que dijo que iba a salir para evitar que el Ejército entrara y se produjeran males mayores. “Incluso los propios guardiacárceles decían que los habían matado a todos”, señaló uno de los testigos.

Crous destacó en el sumario que si bien resultaba “altamente probable que una investigación sobre lo ocurrido en Margarita Belén en plena dictadura militar hubiera encontrado diversos inconvenientes y escollos, al menos el intento por parte de los funcionarios hubiera demostrado su preocupación y responsabilidad por salvaguardar la vida de los detenidos a su disposición, dando cumplimiento al imperativo legal y ético que la sociedad deposita en la función judicial”.

La lectura de los numerosos testimonios que forman parte del pedido de Righi de iniciar el jury contra estos dos fiscales demuestra que no se trataba de dos funcionarios sobrepasados por el terrorismo de Estado, ni siquiera de dos personas indiferentes. Eran dos colaboradores. Su presencia en interrogatorios bajo torturas, las amenazas y sus propias palabras dan cuenta de ello.

“Sentía una situación de impotencia dada la identificación total del Poder Judicial con la policía del Chaco, la sensación de que la tortura había sido transformada en un método habitual de interrogación. Actuaban como si fuera un método legal. Durante mis siete años de prisión y frente a la cantidad de causas que tenía abiertas tuve oportunidad de charlar en innumerables oportunidades con Flores Leyes, Mazzoni y Córdoba. Lo que surgía de estas charlas es que en el Poder Judicial del Chaco existía una compenetración ideológica con el poder policial militar, una compenetración con el proceso, con la dictadura militar, con el terrorismo de Estado, con la tortura... especialmente por parte de Flores Leyes y Mazzoni”, aseguró el ex detenido Aníbal Ponti.

María Graciela de la Rosa les reprochó a los funcionarios judiciales por la forma en que tomaban las declaraciones: de noche, con amenazas y la clásica luz sobre la cara que no permitía ver nada. Les dijo que parecían interrogatorios de tipo militar. “Trabajamos en equipo”, fue la respuesta. “Flores Leyes siempre intervenía como una especie de represor más, no como funcionario del Poder Judicial”, afirmó Eugenio Domingo Silva. Jorge Héctor Castro contó que, en una oportunidad, cuando les dijo a Flores Leyes y Mazzoni que estaban haciendo preguntas que no correspondían a su función, Mazzoni lo increpó: “Esto es una guerra entre Argentina y Cuba. Yo estoy del lado de Argentina. Agradecé que estás vivo”.

Además de los cargos que lo vinculan directamente con participar o encubrir crímenes de lesa humanidad, Mazzoni también fue acusado por no haberse excusado, una vez en democracia, en las causas en las que él mismo estaba implicado.

Righi ya había tomado una medida relacionada con un funcionario del ministerio público del Chaco por favorecer a represores. La secretaria de la fiscalía general de Resistencia, Ana María Torres, fue exonerada por considerar que “colaboró directamente con la estrategia de la defensa” de los imputados en la masacre de Margarita Belén. La mujer fue la subordinada de Mazzoni durante once años. No se apartó del caso que involucraba a su jefe y permitió que los acusados recuperaran su libertad mediante un recurso de hábeas corpus. La remoción de Torres no tuvo necesidad de un jury porque no se trataba de una fiscal sino de una empleada del Ministerio Público. Ahora, Flores Leyes y Mazzoni enfrentarán sus acusaciones, promovidas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la agrupación HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). No será la primera oportunidad para que el Poder Judicial revise la actuación de sus miembros durante la última dictadura. El juez federal Víctor Hermes Brusa enfrentó un juicio político por haber estado en sesiones de tortura en centros clandestinos de Rosario. Sin embargo no terminó destituido por eso, sino por haber atropellado a una persona con su lancha y huir. Su conducta durante el terrorismo de Estado sirvió para que los miembros del Consejo de la Magistratura se hicieran un perfil del personaje.

Mazzoni y Flores Leyes, cuyas responsabilidades penales ordenó investigar la Cámara de Apelaciones de Resistencia, todavía siguen ejerciendo como fiscales. Pero no será así por mucho tiempo. “Es evidente –señaló Righi– que la suspensión resulta imprescindible para garantizar la normal prestación del servicio de justicia”. Para el procurador, “la afectación del servicio de justicia originada en el descrédito de los magistrados investigados y del Ministerio Público como órgano, existirá hasta tanto se aclaren las circunstancias en las que aparecen menoscabados derechos fundamentales en sucesos presuntamente vinculados a acciones represivas por parte del Estado”.