Organismos de derechos humanos denunciaron ante el Consejo de la Magistratura a cuatro jueces de la megacausa ESMA por la condiciones de detención y las circunstancias de la muerte del represor Héctor Febres. La denuncia “por mal desempeño de funciones” fue presentada contra el juez federal Sergio Torres y los integrantes del Tribunal Oral Federal Cinco Guillermo Gordo, Héctor Farías y Daniel Obligado, que llevaron adelante el juicio por delitos de lesa humanidad contra Febres.

La Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Comité de Acción Jurídica, Liberpueblo y el Instituto de Relaciones Ecuménicas, entre otras organizaciones, hicieron este pedido de juicio político, que también fue firmado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y Mirta Baravalle y los querellantes en el proceso que quedó sin efecto tras la muerte de Febres, quien falleció tras ser envenenado con cianuro, según las pericias judiciales. Los querellantes que firman son Carlos Lordkipanidse, Andrea Bello, Enrique Fukman, Osvaldo Barros, así como otros sobrevivientes de la ESMA, Adriana Calvo, Laura Villaflor y las abogadas Graciela Rosenblum y Diana Kordon. Madres de Plaza de MayoLínea Fundadora aclaró que no adhirió a la denuncia y que las madres que la firmaron, Cortiñas y Baravalle, “lo hicieron a título personal”.

El ex prefecto fue hallado muerto el 10 de diciembre en su celda de la delegación Delta de Prefectura, cuatro días antes de recibir sentencia por su actuación en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA. La denuncia subraya las “inexplicables e inadmisibles condiciones de detención” del represor que, aseguraron, “redundaron en el homicidio” de Febres. En tanto, consignaron que “los jueces no pueden dejar de responder por esa muerte” que, a su entender, “posibilitó la perpetuación de la impunidad reinante en nuestro país”.

Los denunciantes señalaron como un agravante el hecho de que el juez Torres haya recibido meses antes de la muerte de Febres “una denuncia formal acerca de las disparatadas e ilegales condiciones de alojamiento en las que éste se encontraba”. Y recordaron “las numerosas oportunidades en que solicitaron que se alojara a los genocidas en cárceles comunes, en particular en la causa ESMA y en la primera audiencia del juicio oral contra Febres”. Asimismo, acusaron a Torres y los camaristas “de desobedecer la orden de la Cámara de Apelaciones en lo Federal respecto de que (los represores) debían ser custodiados por personal del Servicio Penitenciario Federal”.

Por su parte, el Juzgado Federal 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, dispuso una prórroga de 10 días en el secreto de sumario sobre la causa que investiga el presunto homicidio de Febres.

En esta causa se encuentran detenidos la viuda de Febres, Stella Maris Guevara, y sus hijos Sonia Marcela y Héctor Ariel, investigados por homicidio; así como los prefectos Rubén Iglesias y Angel Volpi. Fuentes judiciales indicaron que las indagatorias realizadas ayer a otros dos prefectos giraron en torno a “cuestiones administrativas conexas a la causa de homicidio”. Es decir, a las condiciones de detención de Febres, que recibía privilegios a pesar de estar enmarcado en el régimen ordinario de visitas. Si bien el secreto de sumario impidió dar más detalles, las fuentes aseguraron que “los únicos detenidos en esta causa” son Guevara, los hermanos Febres y los prefectos Iglesias y Volpi.