El juez federal Sergio Torres citó al ex presidente del Banco Nación Horacio Pericoli y a otros dieciséis ex directivos de la entidad para que declaren como imputados por la concesión de créditos a la empresa Gatic SA durante el gobierno de Carlos Menem. En la causa que investiga posibles faltas de control en los créditos que dio el Nación figura Roque Maccarone, director del banco en los años noventa y ya fallecido. La causa es una vuelta más en la ya larga saga de la quiebra de la firma fundada por Eduardo Bachkellian en 1953.

Caratulada como posible incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación a la administración pública, dos delitos con penas de hasta seis años de prisión, la causa de Torres tiene un amplio elenco de imputados. Además de Pericoli y Maccarone, figuran los ex directores Víctor Bestiani, Raúl Magariño, Juan Rigal Buttler, Roberto Domenech, Ricardo Imposti, Felipe Murolo, Julio Dentone, Miguel Crotto, Virgilio Tedín Uriburu, Alfonso Millán, César Ochoa, Abraham Chocler, Luis González, Arturo Di Pietro y Alberto Spagnolo.

Gatic llegó a ser la mayor firma de indumentaria deportiva del país, con diecisiete plantas en varias provincias, una extensa red de locales propios de venta directa y las licencias de marcas como Adidas, New Balance, Umbro y Reebok, entre otras. Los noventa resultaron problemáticos para Gatic, que no resistió la apertura del mercado y comenzó a tener serios problemas de financiamiento. Hacia mediados de esa década, los Bachkellian recibieron un rescate con créditos blandos de la banca oficial. Allí están los del Nación que investiga Torres, además de otros del Banco Provincia de Buenos Aires y del Ciudad, y créditos menores del Medefin, Almafuerte, Córdoba, Tornquist, Sáenz y Social Córdoba.

Hacia fines del menemismo, Gatic se había transformado en incobrable y en el primer deudor individual del sistema bancario con 109,9 millones de pesos/dólares y un pasivo total de más de 300 millones. En una publicación paga para festejar los cincuenta años de su firma en 2003, Bachkellian explicó que en los noventa su deuda crecía “cada sesenta días en entre 10 y 15 millones de dólares” pese a los activos de 200 millones que decía poseer en Gatic.

El empresario festejaba y anunciaba que la crisis había pasado y venían tiempos mejores para su empresa. Pero para 2003 quedaban bastante menos que los 6700 obreros que había tenido en su esplendor, sólo una fracción de sus fábricas seguía en actividad y Gatic ya había pedido su principal activo, la licencia de la marca Adidas. En febrero de 2002, los alemanes anunciaban el fin de treinta años de asociación comercial, reemplazada por la tercerización de fabricación y el gerenciamiento directo de la marca. Para complicar aun más las cosas, días después el heredero familiar, Fabián, quedaba detenido por una denuncia de la DGI por evasión agravada en un caso que involucraba a dos empresas agropecuarias que, según el Estado, eran controladas por la familia. Poco después, la empresa Gatic se presentaba en concurso de acreedores.

Para 2003, poco después de su festejo, los Bachkellian prácticamente alquilaban marca y plantas al empresario Guillermo Gotelli, un ex alto directivo de Alpargatas que al frente de un grupo inversor entraba al mercado por cuenta propia. El trato alcanzaba a las cuatro fábricas bonaerenses de Gatic, en Coronel Suárez, Las Flores, Pigüé y Pilar, dejaba afuera las de Corrientes y La Rioja y se centraba en la cadena de locales propios, los ochenta Show Room que conformaban una red nacional de venta presente en todo el país. El negocio fue dulce para Gotelli y sus representados, que con apenas 15 millones de dólares compraron la fábrica de Coronel Suárez –que poco después venderían a la brasileña Grendene en 25 millones– y alquilaron todo lo demás para imponer la marca Signia.

Estos alquileres y maniobras no lograron salvar a Gatic. En 2004, la compañía fue declarada en quiebra y los Bachekellian sufrieron una inhibición general de bienes y, por un tiempo, tuvieron prohibida la salida del país. Las plantas de Anillaco y El Chamical pasaron a autogestionarse por un tiempo, las bonaerenses continuaron a media máquina y con los obreros sin cobrar por un año. Eventualmente, los despidos fueron masivos y los trabajadores quedaron en el final de una larga cola de acreedores. Para el año pasado, las asambleas de ex trabajadores de Gatic hasta acampaban en plaza de Mayo reclamando cobrar miles de despidos. En agosto de este año fueron recibidos en la Casa Rosada por la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, que recibió un petitorio con cientos de firmas y un pedido de audiencia con el presidente Néstor Kirchner. Los trabajadores quieren que sea el Estado el que se haga cargo de lo que les deben.

Ahora, el juez Torres investiga si el directorio del Banco Nación cumplió con el obligatorio análisis de riesgo antes de conceder los créditos y tiene en la mira, entre otros, empréstitos por 13,6 millones de dólares que fueron otorgados con un simple “pagaré directo a sola firma” y “en concepto de destino ‘Evolución’” durante 1995.

En principio, Maccarone y sus ex subordinados están imputados de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “defraudación a la administración pública”, delitos castigados por el Código Penal con penas de dos a seis años de prisión.

Los turnos de las citaciones a declaraciones indagatorias empiezan el 26 de febrero próximo y se realizarán todos los martes y jueves, hasta finalizar el 22 de abril.