La independencia de los periodistas, de los referís de fútbol y de la Justicia, entre otras independencias que se considera indispensables en sociedades civilizadas, actúa como un valor absoluto en términos conceptuales, pero lleno de agujeros cuando trata de funcionar en la realidad. La causa presentada en Miami por el fiscal Thomas Mulvihill involucró a la presidenta Cristina Fernández en el escándalo de la valija y golpeó la relación Buenos Aires-Caracas pero al mismo tiempo dejó un fuerte olor a azufre sobre la independencia de la Justicia norteamericana.

La polémica más ruidosa que desató la acusación de Mulvihill no fueron tanto las actividades de improbables agentes chavistas sino el supuesto destino, escrupulosamente difundido, de los dólares de la valija. Como el caso se trata de espionaje y no de contrabando o lavado de dinero, el destino de la valija ni siquiera necesita ser probado judicialmente, sólo tiene un efecto escandaloso sobre el gobierno argentino. Sean condenados o absueltos los acusados, no tiene importancia porque el impacto mediático y político ya se produjo.

La respuesta de Cristina Fernández fue acusar al gobierno norteamericano de haber montado esta acusación para hacerla pública dos días después de su asunción. Es decir, puso en cuestión la independencia de la Justicia norteamericana en este caso. The Washington Post publicó un editorial indignado donde afirmó con arrogancia que formular semejante acusación era desconocer a las instituciones norteamericanas. Elisa Carrió, desde su liderazgo en la oposición local, afirmó también que la Justicia norteamericana es la más independiente del mundo y la comparó irónicamente con las desgracias que han sufrido los argentinos en relación con este tema, como aquellos famosos jueces de la servilleta.

The Washington Post y Carrió tienen razón en cuanto a la valoración que hacen los norteamericanos sobre esta cuestión. Y justamente por este motivo, en agosto de este año debió renunciar el procurador general de Justicia de los Estados Unidos –un equivalente del ministro de Justicia– Alberto Gonzáles, amigo personal del presidente George W. Bush. Gonzáles había generado polémicas tormentosas por su defensa de la tortura, su desprecio público por la Convención de Ginebra y por sus declaraciones subestimando la importancia del hábeas corpus como institución legal. Pero la verdadera razón que motivó su renuncia fue el escándalo que generó su manipulación de los fiscales. En Estados Unidos, los fiscales son propuestos por el presidente y aprobados por el Senado y se supone que hay un respeto por la profesionalización de la función. Por eso, la comprobación de que había despedido a ocho fiscales por razones políticas culminó con su renuncia.

La acusación surgió desde la oposición demócrata y fue confirmada por numerosos testimonios. En marzo del 2007, el fiscal auxiliar William Moschella, del Departamento de Justicia, admitió que despidieron al fiscal H. E. Cummins III, de Arkansas, para dejar ese lugar a Thimothy Griffin, ex ayudante del entonces poderoso consejero de la Casa Blanca, Karl Rove. Moschella aseguró que habían despedido a otros fiscales “para dejar entrar a nuevas personas”.

En su declaración ante la Magistratura sobre la Ley Administrativa y de Comercio, el 7 de marzo de 2007, los ex fiscales Daniel Bogden, de Nevada, y Paul Charlton, de Arizona, aseguraron que el entonces procurador general asociado, William Mercer, les dijo que “habían despedido a los fiscales para ayudar a los partidarios republicanos a mejorar sus currículas”.

Cuando declaró en el Congreso, Gonzáles explicó que los fiscales habían sido despedidos por razones de “eficiencia”. Pero la actuación de este ministro, amigo de muchos años de Bush, había sido tan grosera que no pudo evitar su renuncia y la sospecha de que la manipulación había sido mucho más extendida de lo que se había llegado a aprobar.

Como conclusión, se podrá decir que mientras Gonzáles debió renunciar en Estados Unidos cuando saltó el escándalo, aquí no renunció nadie cuando se conoció el bochorno de los jueces de la servilleta. Pero la Justicia fue manipulada en ambos casos con la misma alevosía. Sorprende la reacción indignada del Washington Post porque el diario cubrió muchas páginas con esa información. Como si los “desconocedores”, o por lo menos faltos de memoria fueran ellos.

Se podrá decir que la renuncia de Gonzáles no tiene nada que ver con el escándalo de la valija y la causa de Miami. No se puede generalizar o hacer amarillismo denuncista. Sin embargo, tiene bastante relación con el fiscal Thomas Mulvihill y su jefe Alexander Acosta, el fiscal federal de Florida del Sur.

Mulvihill, de 57 años, es el primer asistente del fiscal Acosta, o sea, el segundo en la línea jerárquica. Nacido en Chicago, de origen irlandés, trabaja desde 1992 en la oficina del fiscal federal. Ocupó cargos en la División de Narcóticos y en la División Criminal bajo las órdenes de Dexter Lethinen, esposo de la congresista republicana Ros-Lethinen, que encabeza el poderoso lobby parlamentario anticastrista. Toda la política en Miami está atravesada por la influencia de los cubano-norteamericanos, que conforman una de las comunidades más recalcitrantes, muy diferenciada y a veces en contradicción con las otras comunidades latinas de los Estados Unidos.

Para los estándares locales, Mulvihill tiene una destacada foja de servicios. La fiscalía persigue los delitos federales. Muchos de los casos en los que participó tuvieron protagonistas norteamericanos pero cuando se lo menciona ahora se recuerda su participación en la investigación y detención del general Manuel Antonio Noriega, en Panamá, un caso esencialmente político y muy funcional a la política exterior de Bush padre, ya que determinó la invasión de un país extranjero por tropas norteamericanas. Mulvihill acredita numerosas distinciones y reconocimientos del FBI, la DEA, la CIA y las demás agencias norteamericanas con las que debió colaborar en la mayoría de sus investigaciones.

Lethinen lo promovió al cargo que tiene ahora y fue durante varios años segundo del ex fiscal Marcos Jiménez, también de origen cubano- norteamericano. En el 2005, cuando se producía la manipulación de los fiscales que determinó la renuncia del procurador Gonzáles, Jiménez se retiró y trató de promover a Mulvihill en su reemplazo.

Por su trayectoria, el reemplazante de Jiménez debía ser Mulvihill, pero para sorpresa de todos, Bush designó a Alexander Acosta, un abogado cubano-norteamericano, de sólo 37 años y con poca experiencia, ya que sólo había afrontado dos litigios como interino. Acosta es un protegido del juez de la Suprema Corte, Samuel Alito, uno de los magistrados supremos más conservadores. Y él mismo es miembro de la Sociedad Federalista, un think tank ultraconservador relacionado con el gobierno de Bush, que agrupa a abogados y estudiantes de derecho.

Antes de llegar a la fiscalía de Florida del Sur, Acosta fue funcionario del Departamento de Justicia como vicefiscal (o subsecretario) para los Derechos Civiles. Paradójicamente, está acusado de haber utilizado esa función para manipular y diseñar los distritos electorales en los estados de Texas y Georgia con el fin de excluir a las minorías, en especial a los mexicano-norteamericanos y a los negros, para las elecciones presidenciales del 2004, lo que habría permitido el triunfo de Bush. Más que defender los derechos civiles, había usado ese puesto para conculcarlos. La polémica hizo bastante ruido y en ámbitos de la Justicia norteamericana se asegura que, cuando se producía la criticada politización de los fiscales, decidieron sacar a Acosta del escándalo y designarlo fiscal en La Florida en reemplazo de Jiménez. De esa manera mataban dos pájaros de un tiro porque evitaban el escándalo y al mismo tiempo ubicaban a un fiscal que había demostrado fidelidad y verticalismo en un destino muy sensible para Washington.

No fue un premio menor porque la fiscalía de Florida tiene una importancia estratégica para la política de Bush, en parte porque de los 19 fundamentalistas que atacaron las Torres Gemelas, 15 residían en Miami, y en parte por la política de hostigamiento a Cuba y el control del embargo comercial a la isla caribeña. Desde el comienzo estuvo a cargo del Grupo de Trabajo para el Cumplimiento de las Sanciones a Cuba, una de las medidas más arbitrarias del gobierno norteamericano que sólo tiene consenso –y mucho– entre los cubano-norteamericanos.

O sea que una de las prioridades de esa función ha sido hostigar al gobierno cubano, a sus amigos y a los amigos de sus amigos. Es posible que en Miami esta característica de la administración de justicia sea aceptada como natural por el contexto cotidiano, pero en cualquier otra parte sería cuestinada por una parcialidad que llega a tener ribetes de caza de brujas. La mayoría de los casos que han manejado Mulvihill y Acosta han tenido esa característica. Por ejemplo, uno de ellos fue el de los cinco cubanos condenados a penas draconianas a fines de los ’90, acusados de espiar a la colectividad cubano-norteamericana –no al gobierno ni a las fuerzas armadas norteamericanas– y lo mismo sucedió con una pareja de profesores norteamericanos en el 2006. Por carácter transitivo, el presidente venezolano entró en esas prioridades y ahora, por lo visto, el gobierno argentino. En ese contexto es difícil hablar de justicia independiente para nadie que sea cubano o venezolano y que no comulgue con la colonia local de cubano-norteamericanos. No existe un ámbito ni Justicia imparcial en estos temas. No resulta tan desacertado afirmar que el juicio abierto en Miami tiene para la Fiscalía un objetivo político como lo han tenido muchos de los casos anteriores. También es política la designación de los fiscales. Y en este caso, el fiscal fue designado por Bush como parte de un proceso más amplio de manipulación política de las fiscalías. Como dice el dicho: si tiene cuatro patas, ladra y mueve la cola, es un perro.