El fiscal federal ante la Cámara de Apelaciones de Resistencia, Roberto Domingo Mazzoni, presentó su renuncia. El funcionario decidió dejar su cargo dos días después de que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, dispusiera que se realice un jurado de enjuiciamiento –y que se lo suspenda– por haber consentido y participado en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

“Hubiésemos deseado que concluyera el procedimiento. Pero el dictamen de Righi sobre la apertura del jury fue muy contundente y la renuncia de Mazzoni es en algún sentido una forma de asumir su responsabilidad. El paso siguiente es que se lo llame a indagatoria por los hechos que surgen del informe de la Procuración, que además ya habían sido denunciados ante la Justicia en el Chaco”, aseguró a Página/12 Mario Bosch, abogado de Hijos (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) del Chaco e impulsor de la investigación contra Mazzoni junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Mazzoni fue denunciado junto al fiscal federal de primera instancia de Resistencia, Carlos Flores Leyes. Mazzoni fue secretario del juzgado federal de Resistencia desde mayo de 1974 hasta agosto de 1976, cuando lo nombraron fiscal. En 1992 pasó a ocupar el puesto de fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones. Flores Leyes fue secretario del Juzgado Federal de Resistencia desde el diciembre de 1974 hasta 1992. En ese año, pasó a ser fiscal federal de Resistencia, cargo que mantiene hasta hoy.

Tal como publicó este diario el lunes, Righi ordenó la apertura del jurado de enjuiciamiento después de recibir un informe elaborado por el fiscal Félix Crous con testimonios que involucraban a los dos funcionarios con el terrorismo de Estado. La lista de acusaciones incluye la omisión de denunciar torturas sufridas por presos que estaban a su cargo, la omisión de investigar el asesinato de uno de los fusilados en la masacre de Margarita Belén, no haber dado auxilio médico a los detenidos que denunciaron haber sido torturados, ni siquiera a aquellos que pidieron asistencia; no haber dado protección a dos detenidas que estaban embarazadas ni preocuparse luego por la salud de los recién nacidos y haber obligado a los presos a declarar mediante amenazas. Pero además entre las imputaciones también figura la de haber sido autores directos en la imposición de torturas físicas o psicológicas.

La ex detenida María Gregoria Pérez relató cómo Mazzoni trató de “convencerla” de que no esperara a su abogado para declarar. Mientras ella estaba en el juzgado –contó– una persona que reconoció como torturador de la Brigada de Investigaciones del Chaco tocó la puerta y le entregó al secretario del juzgado un regalo. El paquete, que llegaba de parte de Carlos Alcides Tomas, jefe de la Brigada, contenía una pistola.

“Mazzoni abrió el paquete y sacó un arma mediana como las que usa la policía, alabó el arma, la apuntó hacia mi persona, sacaba la traba del gatillo y la probaba hacia mí, mientras insistía en que declare, que no tenía abogado, que si no declaraba era peor para mí, que ya no me iban a llevar más, lo que significaba una amenaza porque implicaba que me iban a matar. El que le entregó el arma le decía que tenga cuidado, que estaba cargada, a lo que Mazzoni respondía que no se le iba a escapar un tiro a él, mientras seguía apuntándome”, narró Pérez.

El mecanismo de destitución de los fiscales es diferente al de los jueces, que se realiza a través del Consejo de la Magistratura, órgano conformado por legisladores, abogados, magistrados y un representante del Poder Ejecutivo. Los fiscales también deben atravesar por un jury de enjuiciamiento, pero el proceso se realiza internamente en la procuración. A partir de las denuncias del CELS e Hijos contra los funcionarios chaqueños, Righi abrió un sumario –que incluyó el descargo de los acusados– y determinó que correspondía iniciar el trámite que podría terminar con la destitución de Mazzoni y Flores Leyes.

La renuncia de Mazzoni convierte en abstracto el trámite, en lo que a él respecta. Righi señaló en un escrito que firmó el miércoles que decidió aceptar la dimisión porque “se alcanza el mismo objetivo que motivara la acusación”. Por el momento, el jurado se iniciará para Flores Leyes, quien fue señalado por ex presos por haber participado personalmente en interrogatorios bajo torturas. “El contraste entre él, que era tan grandote y yo, que estaba tan indefenso en esa silla, desnudo, fue lo que me hizo acordarme de su voz y de su físico, que reconocí cuando lo vi más tarde en Gendarmería”, aseguró un testigo.