Daniel Scioli no cree que la toma del ministerio haya sido por encargo. Así lo dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires ante la investigación abierta en la Justicia sobre el financiamiento de las organizaciones que tomaron el Ministerio de Desarrollo Social.

“Yo no le di ningún tipo de lectura política. La única lectura que le di fue la de un hecho de características violentas y mi responsabilidad como gobernador –dijo– es poner la cara, el pecho y defender a los trabajadores y la sociedad.”

El martes pasado, Página/12 dio cuenta de una línea de investigación que indaga los contactos políticos y financieros que tenía la organización de Daniel Rodríguez con distintos sectores del gobierno nacional, provincial y jefes comunales. El dirigente del MP 29 de Mayo estuvo a cargo de la toma y está detenido desde el sábado. Su situación quedó dividida entre dos aguas. La Justicia de La Plata investiga la toma con la fiscal Ana Medina y el juez de garantías Guillermo Atencio. Y el juez federal de Quilmes Luis Armello ordenó en cambio su detención por acopio de armas de guerra, luego de la denuncia fortuita de su mujer por un problema doméstico.

Su intervención en la toma y la detención disparó todo tipo de posiciones. El Ministerio de Desarrollo Social bonaerense tomó distancia y situó a Rodríguez como responsable de un acto criminal, del que deslindó a las organizaciones sociales y piqueteras. En Nación, conocen a Rodríguez desde hace cuatro años y sostuvieron planes de microcréditos para talleres textiles y de escolarización para sacar a los integrantes de su grupo de los cortes de calle y generar caminos de inclusión. Estos fueron, dicen, los términos de la relación con el MP 29 de Mayo.

La Justicia federal, en cambio, analiza las cajas que levantó en los más de diez allanamientos del último fin de semana. Según esa línea, Rodríguez manejaba una organización que se “subvencionaba” con dinero de los planes sociales del Estado. El manejo de los planes le permitía ejercer un control “perverso” sobre un grupo de beneficiarios que servían para llevar adelante tareas no santas. Por esos “trabajos”, la organización cobraba un “plus” que dividía entre todos. Podían ser marchas o protestas rentadas. “Como en un catering –explican alrededor de la causa– el cliente elegía si quería bombos u otra ambientación.”

El problema ahora para él no es la toma, sino la dimensión de lo que hallaron en su casa. El recuento completo de los explosivos indica: 1 escopeta cal. 16 Boito, 1 escopeta cal. 12/70 color negra Maverik, 1 cal. 1279 caño y culata recortada Iga Gaucho, 1 carabina cal. 22 marca Liebre industria argentina con cargador, 1 fusil máuser calibre 6.75, 1 carabina cal. 22 con cargador colocado, 5 municiones intactas cal. 7.65 marca FM, 100 municiones intactas cal. 45, 1 arma larga del tipo Paint Ball con cargador plástico y cartucho de gas, 1 escudo color azul, pistola cal. 45 de Gendarmería Nacional, 13 cartuchos intactos cal. 16 en un cinturón de transporte, 6 cargadores cal. 45, un cargador Browning, dos portacargadores de fusil máuser con un peine de cinco municiones cal. 7.65 y 8 bolsas de nylon con municiones intactas, una con 16 cal. 22 LR, 51 cal. 7.65, 104 cal. 38 SPL, 178 cal. 45 ASP, 386 cal. 9 X19, un cal. 765, dos bolsas de nylon con un recipiente plástico con 500 gramos de pólvora color negra casera, 9 bolsas de estruendo con etiqueta 100 fuegos, dos bengalas tipo cohete con paracaídas con logo de Gendarmería, 10 aerosoles Raid, una caja de jugo de cartón con dos panes de trotyl TNT con un peso aproximado de 700 gramos, dos miras telescópicas marca Shilba y Konusht, 6 municiones cal. 380, 15 cal. 32 marca CBC, 16 municiones cal. 45, una silueta para tiro tipo FBI, una pistola cal. 380 marca Bersa, una cal. 1125 modelo 1927 marca Ballester Molina con cinco municiones, cinco cargadores 1125. También había un papel manuscrito con el nombre de Operación Progreso, 17 de diciembre de 2007 y credenciales de ceremonial del gobierno nacional.

Los investigadores no pueden creer que haya podido tener ese arsenal sin ningún tipo de control. A los abogados que están cerca de las organizaciones sociales también les cuesta creer que una pelea con su mujer haya logrado franquear la puerta de su casa. Hasta ese sábado, Daniel Rodríguez no tenía técnicamente pedido de captura porque su defensa había presentado un pedido de eximición de prisión ante la Cámara de Apelaciones de La Plata.