Mauricio Macri, jefe de Gobierno porteño, vetó la ley que creaba un Laboratorio Estatal de Producción de Medicamentos en la Ciudad de Buenos Aires. Los fundamentos del veto son oblicuos o desconcertantes: se plantea que el Ejecutivo “aprecia los beneficios que reportaría el Laboratorio”, pero que ello requeriría “contar con una estructura significativa y con recursos técnicos y humanos capacitados” que “no pueden ser satisfechos en forma inmediata”. Una fuente del Ministerio de Salud porteño subrayó que el veto “es una cuestión estrictamente presupuestaria”. Varios de los legisladores que habían impulsado el proyecto rechazaron esta fundamentación: “Ya en la Legislatura el macrismo hizo lo posible para que el proyecto no saliera, y ya entonces no querían mostrar públicamente su oposición”. Y dan su opinión sobre las razones que habrían llevado al veto: “El macrismo siempre se opuso a que un laboratorio público compitiera con la industria privada, aunque su producción se destinara totalmente al sistema estatal”. Para los críticos de la decisión las consecuencias no son menores, ya que “la ciudad se amputa las manos para participar en la Red de Producción Pública de Medicamentos, que se creó el año pasado con auspicio de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación”.

El decreto de veto –que lleva el número 2135– observa que “si bien el Poder Ejecutivo comparte el espíritu del emprendimiento, apreciando los beneficios que reportaría un laboratorio de las características descriptas en el mentado proyecto de ley, el desarrollo del laboratorio en cuestión no resulta viable, sin perjuicio de que oportunamente se lleven adelante acciones de gobierno que permitan sentar bases sólidas que posibiliten contar con un Laboratorio Estatal de Producción de Medicamentos”.

El veto considera que, según el proyecto, el Laboratorio habría de producir “un muy amplio espectro de drogas, lo que exigiría contar con una estructura significativa y con recursos técnicos y humanos capacitados para producir tan vasta gama de productos medicinales”; advierte que “la estructura edilicia exige el cumplimiento de las disposiciones de la Anmat” y que éstos “no pueden ser satisfechos en las condiciones actuales del laboratorio que funciona en los Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica”. Además, en la visión del macrismo, el proyecto plantea “la imperiosa necesidad de contar con recursos humanos altamente capacitados, que no pueden ser satisfechos en lo inmediato con el personal que cumple funciones”, y sostiene que “actualmente se carece de recursos específicos para ser destinados al desarrollo del laboratorio en cuestión”. Por todo ello, escriben, “vétase el Proyecto de Ley Nº 2566, sancionado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 29 de noviembre de 2007”. El decreto lleva las firmas de Macri, del jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta y de Jorge Lemus, ministro de Salud de la Ciudad.

Un vocero del Ministerio de Salud porteño destacó a este diario que “se trata de una cuestión estrictamente presupuestaria: los legisladores no incluyeron la creación de este laboratorio en el presupuesto para 2008: sin los recursos, es imposible llevarlo adelante. Para elaborar medicamentos hay que contar con profesionales, lugar, aprobación de la Anmat y, sin los recursos presupuestarios, todo esto se hace imposible”.

Para Beatriz Baltroc, ex legisladora porteña del Frente para la Victoria, una de las impulsoras de la ley, “el veto era esperable: en la Legislatura, el macrismo hizo lo posible para que el proyecto no saliera. Al pasar por la Comisión de Salud –presidida entonces por la macrista Soledad Acuña–, el proyecto salió con un solo despacho: el macrismo no produjo un despacho de minoría porque no querían que el tema se tratara, y no querían aparecer públicamente con su verdadera posición: ellos no querían un laboratorio estatal, que no tuviera participación privada”.

En cuanto a la objeción presupuestaria, Baltroc sostuvo que “la ley tenía partida asignada, ya que el proyecto pasó por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Por lo demás, la suma necesaria para iniciar el proyecto era de un millón de pesos: sin necesidad de recordar todas las leyes especiales, votadas en estas semanas, que le otorgan al Gobierno de la Ciudad facultades para contratar en forma directa por sumas millonarias. Aunque no estuviera en el presupuesto el jefe de Gobierno está en condiciones de asignar esa cantidad; pero tienen un arreglo con los laboratorios privados, y por eso mismo vinieron frenando el proyecto durante años”.

“Creí que la vetaría parcialmente –comentó Ana María Suppa, quien, como legisladora del Frente para la Victoria, fue otra de las impulsoras del proyecto– porque los legisladores macristas aceptaban la creación del laboratorio si se limitaba a los medicamentos ‘huérfanos’, que por no ser rentables no interesan a la industria privada, pero el veto fue total.” Suppa recordó que “ya en 2004, cuando se aprobó por ley la creación de un Polo Farmacéutico, se dejó expresamente reservado un espacio para la instalación de un laboratorio estatal: incluso se asignó ya entonces un presupuesto de un millón de pesos, que ciertamente no se ejecutaron. Lo que hizo la ley de noviembre pasado fue concretar las características de ese laboratorio, darle su forma real, sobre la base del Laboratorio ya existente en los Talleres Protegidos. Pero el macrismo se opuso siempre, porque consideraba que un laboratorio estatal competiría con la industria privada; nosotros habíamos aceptado que su producción se destinara totalmente al sistema estatal”.

Para el legislador Martín Hourest, del bloque Igualdad Social, la fundamentación del veto “es una falacia discursiva”: plantea que el laboratorio debiera tener desde ya la financiación necesaria para estar en condiciones de cubrir a pleno y por sí solo la producción de la totalidad potencial de los medicamentos, y no se trata de eso. Lo que la ley plantea es aumentar la escala de producción, como se viene haciendo en Rosario o Río Negro: desarrollar líneas ocupando distintos nichos, en medicamentos ‘huérfanos’ y básicos; el veto lleva la discusión a una entidad ideal, mientras que la ley dice que hay que acercarse a esa entidad, no que exista ya. Esta falacia oculta la decisión política de Macri de no salir a confrontar con la industria de los medicamentos, en fármacos básicos, imprescindibles para la población, que llegan con sobreprecios de entre el 30 y el 1500 por ciento”.

Además, según Hourest, “no les interesa optimizar los recursos del Estado: por eso no tienen problema en gastar más para comprar a los privados los medicamentos que deben ser distribuidos en hospitales públicos y centros de atención comunitaria. Lo que les importa es no colisionar con la industria farmacéutica”. Por último, destacó Hourest, “con este veto la ciudad se amputa las manos en acordar esfuerzos con la Red de Producción Pública de Medicamentos, que se creó el año pasado con auspicio de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación. Lo que se viene procurando es poner en línea y articular distintos esfuerzos en laboratorios públicos nacionales, provinciales, municipales, universitarios. La ciudad de Buenos Aires firmó, en noviembre pasado, el acta de constitución de la Red, pero con este veto se da un salto atrás”.

A partir del veto, el proyecto vuelve a la Legislatura, que podría a su vez rechazarlo con los dos tercios de los votos. Con el actual dominio macrista, es más que improbable.