Por primera vez en la historia un gobernador constitucional fue procesado por la Justicia argentina de cometer delitos de lesa humanidad. El juez federal Guillermo Molinari ordenó la detención del caudillo santiagueño Carlos Juárez y embargó sus bienes por la suma de cuatro millones doscientos mil pesos. La resolución fue tomada en el marco de la causa que investiga los casos de 14 desaparecidos durante su tercer mandato. Juárez fue considerado como “presunto autor mediato del delito de privación ilegítima de la libertad, tortura y homicidio calificado de Emilio Alberto Abdala”. Además del ex gobernador, corrieron la misma suerte otros imputados, entre los que se encuentran militares retirados y ex jefes policiales como el ex comisario Antonio Musa Azar, actualmente sometido a juicio oral por el denominado doble crimen de La Dársena.

Ante la medida judicial, los abogados defensores de Juárez, encabezados por el ex candidato a gobernador por el PJ Francisco Cavallo-tti, anunciaron que apelarán la medida y presentarán una denuncia contra el juez federal Molinari. Carlos Arturo Juárez fue cinco veces gobernador de Santiago del Estero, tiene 90 años y cumplirá los 91 el ocho de febrero. Esta preso en su casa, La Rosita, acompañado por su esposa, la también ex gobernadora Mercedes “Nina” Aragonés.

En julio de 2007 la Justicia ordenó la acumulación de todas las causas por violaciones a los derechos humanos que se venían investigando en la provincia y armó cuatro megacausas. Una para los crímenes cometidos entre 1973 y el golpe del 1976 y otra para los ocurridos durante la dictadura militar. A su vez, cada período fue dividido en los casos de desapariciones forzadas de personas y en los casos de secuestros y torturas que no se hayan constituido en la desaparición posterior.

En la megacausa que se lleva adelante por las 14 personas desaparecidas durante el gobierno de Juárez, el caso de Emilio “El Chongo” Abdala fue el que permitió procesar al ex gobernador. Abdala era concejal peronista pero no pertenecía a la línea de la derecha católica que reinaba en la provincia por el año ‘75. A fines de noviembre de ese año su domicilio fue allanado por hombres de civil que portaban armas largas cuando él encontraba en Salta. El 3 de diciembre, el entonces ministro de Gobierno, Antonio Robin Zaiek, lo recibió en su despacho de la casa de gobierno. Al día siguiente Abdala fue entregado al Ejército y posteriormente desapareció.

En 2004, el propio Musa Azar, quien fuera hombre fundamental de la inteligencia juarista, implicó en la Justicia al propio gobernador. El se autoincriminó como responsable de la detención que terminó con la desaparición del concejal Abdala y declaró que “seguramente Juárez debía saber de la detención”. Ante la Justicia, el ex comisario dijo que lo hizo llamar el ministro de Gobierno. “Si me llaman a la casa de gobierno y me ordenan que lo lleve a Abdala, esto tiene que estar en conocimiento del gobernador.” Para la fiscalía, Musa “infirió de ese modo que un ministro no puede actuar sin la aprobación de un superior”. A través de un decreto, Juárez creó en 1974 la Dependencia de Inteligencia Política que funcionaba como una Side provincial. Por allí pasaron muchos de los desaparecidos y los más de 30 detenidos por razones políticas.

Además de declarar que los hechos investigados “constituyen crímenes de lesa humanidad”, Molinari determinó la prisión preventiva para Musa Azar (que ya estaba preso por otras causas), como “partícipe del presunto delito de asociación ilícita, presunto autor mediato de los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio calificado” en todos los casos y de “torturas en cinco oportunidades”. En la misma causa, también se encuentran procesados por los delitos de “privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidio calificado” los ex comisarios Ramiro López, Juan Felipe Bustamante, Cayetano José Fiorini, Tomás Garby, Leopoldo Sánchez y el militar retirado Jorge Alberto D’Amico, ex secretario de Seguridad del juarismo. En el escrito, el juez les dictó la falta de mérito al ex comisario Dido Isauro Andrada y a Carlos Alfredo Pithod.

El abogado Antenor Ferreira, referente de la Asociación de Familiares de Víctimas y Desaparecidos Políticos de Santiago del Estero, remarcó ante Página/12, la “gran importancia de esta resolución”. Uno de los antecedentes más relevantes sobre los delitos de lesa humanidad previo al golpe militar es la causa de la Triple A, que lleva un pedido de extradición para Isabel Martínez de Perón.