Presionados por un pedido de la Justicia italiana, generales y ex ministros de la última dictadura brasileña tuvieron que reconocer hace pocos días el intercambio de prisioneros que mantuvieron con los militares argentinos en el marco del Plan Cóndor. “Nosotros no matábamos. Sólo deteníamos y entregábamos”, se excusaba la semana pasada el general retirado Agnaldo del Nero Augusto. Ahora, la opinión pública de Brasil pudo saber, sobre la base de documentación surgida de un proceso judicial en Argentina, que los militares argentinos en connivencia con las autoridades brasileñas instalaron en las décadas del ‘70 y ‘80 bases de información en San Pablo y Río de Janeiro. El objetivo era “detectar personas vinculadas a la subversión” en el marco de un operativo “antimontonero” denominado “Murciélago”.

Siete militares –entre los que se encuentra el ex comandante del ejército Cristino Nicolaides, condenado a veinticinco años de prisión– y un policía fueron condenados por la Justicia argentina el pasado 18 de diciembre por delitos de lesa humanidad. Se los responsabilizó por los secuestros en febrero del ‘80 de cinco militantes Montoneros exiliados que regresaban al país en el marco de la Contraofensiva y por el caso de Silvia Tolchinsky, a quien detuvieron mientras intentaba cruzar a Chile.

De la documentación relevada en esa causa –difundida en Brasil por el testigo del proceso y presidente del Movimiento Nacional de Justicia y Derechos Humanos de Río Grande del Sur, Jair Krischke, y publicada por diario Folha de Sao Paulo– surgió que las bases en el país vecino eran ocupadas por cuatro oficiales y dos civiles vinculados a la inteligencia del Ejército que investigaba los brazos operativos de los Montoneros. Los militares que allí permanecían estaban ligados al Batallón de Inteligencia 601, centro de interrogatorios y torturas en el que Nicolaides era el mandamás, localizado en el conurbano.

Para arribar a estas conclusiones, resultó fundamental el testimonio de Néstor Roberto Cendón, quien fuera carcelero del Batallón 601 en los años de plomo. Fue él quien aseguró que “el servicio de inteligencia del Ejército contaba con bases en Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay”, que “la orden de los militares era interceptar en territorio extranjero a los guerrilleros” y que los brasileños estaban interesados en mantenerse informados sobre los movimientos de los grupos armados.

El propósito expreso de los represores con el operativo “Murciélago” era perseguir a militantes de Montoneros que, a partir de 1978, habían iniciado la finalmente trágica contraofensiva. Se trató de un capítulo más en el que la coordinadora de represores, o Plan Cóndor, se obstinó en detener el surgimiento de la coordinadora revolucionaria, integrada por varias organizaciones revolucionarias del Cono Sur. Este fluido intercambio de informaciones entre gobiernos y “países amigos” hizo que sólo en 1980 por lo menos veinte montoneros fueran asesinados, y que cuatro de ellos fueran apresados en Brasil y entregados a la Argentina, donde desaparecieron.

Uno de ellos fue el ciudadano ítalo-argentino Horacio Domingo Campiglia, capturado en Río de Janeiro junto a Mónica Binstock. Por él, y por otro 24 detenidos-desaparecidos, es que la Justicia italiana pretende avanzar en su propósito de juzgar a 140 militares y servicios de inteligencia sudamericanos. Sin embargo, la Constitución brasileña prohíbe la extradición ya que desde 1979 rige una ley de amnistía sancionada por el último presidente de la junta militar, el fallecido Baptista de Figueiredo. Pese a no haber recibido ninguna notificación formal por parte de la Justicia italiana, el gobierno brasileño insinuó que desde la misma presidencia se podría iniciar un proceso a los acusados.