La Cámara Federal de La Plata ratificó el procesamiento de dos policías que pertenecieron al centro clandestino del Pozo de Arana en la última dictadura militar. Con la resolución, además, el tribunal dio un aval a la capacidad probatoria de las audiencias de los Juicios por la Verdad de donde surgieron los testimonios para acusarlos.

“Cierto resulta que el proceso que se lleva y se ha llevado a cabo en el marco del referido Juicio (por la Verdad) ostenta una naturaleza distinta a este proceso penal, máxime cuando el mismo adolece de carácter punitivo, mas tal circunstancia no invalida que los testimonios y todo el conjunto de pruebas pueda ser utilizado como un medio probatorio idóneo”, dijeron los jueces de la Sala I de la Cámara en la resolución sobre la situación de los policías Rubén Oscar Páez y Miguel Kearney.

El juez Arnaldo Corazza los había procesado en primera instancia como responsables “prima facie” de los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos. Hizo el procesamiento en base a los testimonios que surgieron de las audiencias de los juicios impulsados por la APDH de La Plata hace diez años junto con un grupo de madres y familiares de desaparecidos y que sirvieron como camino para avanzar con las causas, mientras estuvieron vigentes las leyes de obediencia debida y punto final.

Según esos datos, Páez fue responsable de la Brigada de Investigaciones de La Plata desde el 30 de diciembre de 1976 hasta comienzos de diciembre de 1977. Kearney formó parte de la “patota” que detenía y trasladaba a las víctimas del terrorismo de Estado hacia sitios ilegales de detención, fue jefe del centro clandestino que funcionó en el Destacamento de Arana. Sus abogados defensores habían cuestionado que las imputaciones hayan surgido de los juicios. Por eso la resolución de la Sala I ahora no sólo responde a la defensa sino que dio solidez jurídica a los Juicios por la Verdad.