Las defensas de todos los imputados en el caso de la muerte del prefecto Héctor Febres presentaron ayer sus respectivas apelaciones a los procesamientos decididos por la jueza Sandra Arroyo. Aunque no trascendieron los términos, uno de los ángulos de los defensores es que no está probado suficientemente que el represor haya sido víctima de un homicidio. La familia de Febres, a través de su abogado Claudio Cacio, sostiene que no se puede descartar la hipótesis del suicidio, pese a que ellos mismos creen que su padre y esposo fue asesinado. Por su parte, Sebastián Schijman y José Carracedo Bosch, abogados de los dos prefectos acusados, sugieren que no hay ninguna hipótesis probada: ni la del homicidio ni la del suicidio ni la de la muerte natural.

En el mediodía de ayer vencía el plazo para apelar las resoluciones del caso Febres. Los procesamientos deberán ser revisados ahora por la Cámara Federal de San Martín. Las imputaciones de la jueza Arroyo fueron las siguientes:

- Los prefectos Angel Volpi y Rubén Iglesias fueron procesados como partícipes necesarios, es decir cómplices, del homicidio de Febres. La magistrada dio por probado que el represor murió por efecto del cianuro y que el veneno le fue suministrado entre las doce de la noche y las dos de la mañana del diez de diciembre. A esa hora, en el destacamento sólo estaba Volpi quien, además, era el único que tenía llave del departamento en el que Febres estaba privilegiadamente detenido. Iglesias, por su parte, era el jefe de la unidad y, según la jueza, creó todas las condiciones para el envenenamiento. En forma paralela, Arroyo dice que intentaron borrar las huellas del homicidio, alterando la escena del crimen y haciendo desaparecer la computadora personal de Febres.

- La viuda del represor, Stella Maris Guevara y los hijos, Sonia y Héctor Ariel, fueron acusados de encubrir el crimen. Dice la jueza que percibieron que a Febres lo habían asesinado, no dijeron nada y contribuyeron a ocultar la computadora.

Las apelaciones presentadas ayer por los abogados son breves ya que recién ante la Cámara deben exponer en forma más detallada y fundamentada sus argumentos. Como en la causa hay detenidos, se supone que para la semana próxima se fijará la audiencia en la que los abogados exhibirán todas sus cartas y los jueces deberían resolver 48 o 72 horas más.

“En nuestro escrito no descartamos ninguna hipótesis. Justamente afirmamos que no hay nada probado”, le dijo a Página/12 uno de los letrados. Esto significa que los defensores no aceptan de entrada la teoría del homicidio sustentada por los forenses y por la jueza Sandra Arroyo. Parece indudable que la muerte se produjo por cianuro, ya que a esa conclusión llegaron todos los expertos, incluyendo los de la familia Febres. En aquel momento los prefectos no estaban imputados por lo que no tuvieron forenses de parte, pero la familia sí. Es por eso que Cacio, el abogado de los Febres, no habla de muerte natural. Admite la existencia del cianuro, pero la hipótesis que no descarta es la del suicidio. En ese punto, la jueza se basa en tres elementos para descartar que Febres se haya quitado la vida:

- Que no dejó ningún mensaje de despedida o de reivindicación.

- Que los amigos y familiares no lo veían de mal ánimo y aseguran que en caso de suicidio hubiera dejado constancia.

- En el año 2003 escribió cartas para su esposa y sus hijos en las que afirmaba su deseo de morir, pero sostuvo que no contaba con el coraje ni la decisión de suicidarse. Por lo cual específicamente decía que no se suicidaría.

Para el defensor de los Febres, Arroyo sólo descarta el suicidio sobre la base de especulaciones, no en función de pruebas concretas. De todas maneras, su postura más firme tiene que ver con la acusación contra la viuda y los hijos por haber tapado el crimen. “Lo cierto es que mis defendidos, no sólo no son encubridores de los autores ni partícipes del homicidio de su padre, o esposo, según fuere el caso, sino que son víctimas del plan criminal que extensamente describe la jueza. Por más vinculación con la Prefectura Naval que haya tenido la familia durante los años, luego de ser asesinado merced a un plan concebido y ejecutado en el seno de dicha institución, resulta inconcebible que mis defendidos hubieran decidido colaborar con la impunidad del homicidio de su progenitor o cónyuge. Tan disparatada hipótesis, sólo podría sostenerse con hechos concretos acreditados en la causa, los cuales brillan por su ausencia.”

Arroyo sostuvo que la hija pensó desde un principio que a Febres lo habían asesinado y no lo manifestó ante la magistrada. Cacio contesta: “Fue una sospecha, pero sospechar no es saber”. El otro argumento de la jueza es que todos sabían que desapareció la computadora de Febres y tampoco dijeron nada. Ante ello, el defensor insiste en que sus defendidos no tuvieron nada que ver con la sustracción del aparato, algo que corrió por cuenta de Volpi e Iglesias.