La jueza Elena Aramburu de Liberatori resolvería hoy el recurso de amparo que presentó el sindicato de los trabajadores municipales porteños, para suspender los efectos del decreto 1/08, por el que Mauricio Macri dispuso la intervención de su obra social. La medida judicial se daría a conocer antes de la sesión de la Legislatura donde el macrismo pretende convertir en ley aquel decreto de necesidad y urgencia (DNU). La suerte de esa sesión legislativa, entonces, está atada a la resolución judicial (ver nota central): si el decreto resulta convalidado, los legisladores tendrán vía libre para debatir; en cambio, si suspenden sus efectos, el oficialismo deberá replantear su estrategia. “Si aprueban el decreto tal como está, el lunes estamos presentando un nuevo amparo contra la ley, con los mismos argumentos”, advirtió el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, representante legal de Sutecba en esta causa.

Ayer, la jueza Liberatori esperó en vano los informes que había pedido como prueba para adoptar su resolución. Uno de ellos son los presuntos “resultados alarmantes” que, según los considerandos del decreto que firmó Macri, arrojaron los “exámenes efectuados por la Auditoría General de la ciudad”, cuyas conclusiones, según los considerandos del decreto que firmó Macri, revelan “una auténtica situación de emergencia denotada por el déficit operativo crónico y estructural de la Obsba”.

Lo cierto es que la Auditoría precisó que no hay ningún informe aprobado por ese cuerpo sobre la Obsba, y aclaró que lo que existe es un “informe preliminar”, elaborado por uno de los auditores –el macrista José Luis Giusti– que aún no fue debatido por el cuerpo, por lo cual es “confidencial” y no tiene validez jurídica.

Otro de los documentos que pidió la jueza al Ejecutivo fue el informe sobre “las evaluaciones y controles de los servicios y prestaciones” de la Obsba, que según el decreto habría realizado el Ministerio de Salud porteño, y cuyas conclusiones –según el texto– resultan “altamente preocupantes en cuanto revelan un estado de señalada irregularidad en el otorgamiento de las correspondientes prestaciones”. Ese informe tampoco llegó al juzgado.

Si la jueza hace lugar a la demanda del gremio, el oficialismo quedaría en una posición débil en la Legislatura, ya que intentaría ratificar un decreto que podría ser declarado nulo en el futuro, cuando la jueza se pronuncie por el cuestionamiento de fondo, es decir, la legalidad del decreto.

“El oficialismo, entonces, podría mejorar los argumentos del DNU o directamente presentar un proyecto para que la intervención se haga por ley, pero esto no podrá ocurrir mañana (por hoy) porque la sesión extraordinaria fue convocada sólo para tratar el DNU”, explicó a Página/12 el abogado Gil Domínguez.

El abogado cuestionó judicialmente el decreto, al que considera “nulo e inconstitucional”. Sostiene que los fundamentos esgrimidos no alcanzan para justificar la “necesidad y urgencia” para tomar esta medida por decreto, y agrega que el principal argumento del DNU, la desregulación de la obra social para permitir la libre opción de sus afiliados, podría hacerse a través de una ley y no de un decreto. Utilizó además un argumento que había sido adelantado por este diario: el día hábil anterior a la firma del decreto –el 28 de diciembre– Macri había nombrado a los miembros del directorio de la Obsba en representación del Estado. Todo indica que el DNU fue redactado en ese fin de semana largo de Año Nuevo, después de que Sutecba convocó a un plan de lucha contra los 2400 despidos.