Prometían solvencia y estabilidad. Exhibían como garantía el respaldo de sus casas matrices en el exterior. Lo último que harían sería defraudar a sus clientes, aseguraban. Así se publicitaban los bancos extranjeros a fines de los noventa. Y así se siguieron plantando ante sus clientes hasta que la realidad implacable impuso el corralito. A seis años de la debacle, doce banqueros que estuvieron al frente de las entidades más importantes fueron citados a indagatoria por la supuesta administración fraudulenta del dinero que les habían confiado sus ahorristas y por incumplir órdenes judiciales de devolución de los depósitos. Según la investigación, el principal método de defraudación consistió en girar los fondos a otros países aun antes de que el ex ministro Domingo Cavallo anunciara las restricciones en diciembre de 2001.

El desfile de banqueros por tribunales comenzará el 3 de marzo y terminará el 18, suponiendo que nadie se ausenta. Se trata de las figuras más rutilantes del sistema financiero en tiempos de la convertibilidad, incluidos banqueros nacionales que ocupaban los principales cargos en las asociaciones de bancos. Fueron los personajes más influyentes en el diseño de la política económica por más de una década. La mayoría salió de escena cuando los ahorristas fueron con martillos y cacerolas a golpearles las puertas a los bancos, que terminaron blindados y pintarrajeados.

El primer turno para ir al juzgado de Torres le tocó a la poderosa española Ana Botín Sanz de Sautuola y Oshea, del Banco Río (hoy Santander-Río). También está citado su antiguo compañero en la entidad, José Luis Cristofani. Los demás nombres de la lista son Carlos Fedrigotti Góngora (Citibank), Manuel Ricardo Sacerdote, Víctor Zerbino y Juan Manuel Sacerdote (ex Boston), Eduardo Escasany y Antonio Garcés (Galicia), José Dagnino Pastore y Carlos González Taboada (ex Sudameris). Figuran, además, Peter Sutton y Alan McDonald (Scotia). El juez está a la espera de un oficio del Banco Central para que les informe quiénes eran los titulares del Banco Francés BBVA y del HSBC en Argentina.

La causa que instruye Torres es la cara “penal” de los amparos contra el corralito. De hecho, está impulsada por 2000 ahorristas que se unieron en grupos de querellantes. Cuestionan a los bancos por haber seguido operando y recibiendo depósitos a sabiendas de lo que se avecinaba, los acusan de tentar clientes a través de publicidad engañosa aún en esas circunstancias, de mandar la plata al exterior y de incumplir con posterioridad las órdenes judiciales para restituir los ahorros en moneda de origen.

Por lo pronto, para Torres las sospechas contra los banqueros cuestionados se sintetizan en tres posibles delitos: desobediencia, que prevé entre quince días y un año de prisión, además de administración fraudulenta y retención indebida, dos formas de defraudación que se castigan con un mes a seis años de cárcel. Aunque algunos de los imputados son extranjeros, fueron notificados de la indagatoria en domicilios que tienen en Argentina. Por ahora no hay pedidos de captura: si no están en Buenos Aires, simplemente deberán viajar para declarar.

En el expediente dice, según pudo saber Página/12, que “se encuentra reunido el estado de sospecha” que demostraría que los financistas acusados habrían “administrado las entidades bancarias en fraude a los clientes” que tenían plazos fijos, cajas de ahorro y cuentas corrientes. Los habrían “perjudicado con una fraudulenta gestión”, señala, al no restituirles sus “acreencias” “en la cantidad y moneda” señalada por órdenes judiciales.

Según se señala en la investigación, “la maniobra se habría exteriorizado a partir del envío indiscriminado de fondos al exterior de personas físicas y jurídicas al remesar sumas no denunciadas al organismo de recaudación de impuestos”. Esa fuga sería uno de los factores que apuntaban impedir la devolución de los ahorros. Torres ordenará un peritaje contable para calcular el monto de la defraudación comprendida en su expediente y determinar cuánto dinero salió rumbo a las casas matrices de los bancos en el exterior o hacia otros destinos.

Esta causa tuvo un largo y sinuoso camino. Comenzó en marzo de 2002 con la denuncia de un jubilado a quien el banco Sudameris le negaba la devolución de un plazo fijo de 15 mil dólares. El primer juez fue, en el fuero ordinario, Mariano Bergés. Hizo múltiples allanamientos, llegó a indagar a los banqueros y a citar también al ex presidente Fernando de la Rúa junto con su ex ministro Cavallo. Al final, como había ex funcionarios involucrados, el caso pasó al fuero federal. Allí, el ex juez Guillermo Montenegro, ahora ministro de Mauricio Macri, archivó todo lo actuado y dejó a salvo a los imputados.

En octubre del año pasado los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun, de la Sala II de la Cámara Federal, ordenaron reabrir la megacausa con críticas a la actuación del ex magistrado: advirtieron que cerró la causa sin producir “ninguna prueba” y dispusieron que el juez que quedara a cargo (que resultó Torres, como subrogante) determinara no sólo la responsabilidad de las autoridades bancarias sino de los ex funcionarios que debían controlarlos. Se debe establecer, dijeron, si tuvieron “responsabilidad penal en la crisis de solvencia y liquidez que llevó a las instituciones financieras hacia colapso”. Pidieron medidas en forma urgente ante el riesgo de prescripción. Torres empezó por los banqueros y todo indica que, después, les tocará a los ex funcionarios.