El beso en la mejilla con que el lunes sellaron su acuerdo Mauricio Macri y Amadeo Genta tuvo un escenario atípico: la oficina del empresario Nicolás Caputo, amigo de la infancia, compañero de colegio y ex socio del jefe de Gobierno, y actual contratista del Estado porteño, con obras varias veces millonarias. ¿Por qué ese hombre poderoso fue el gestor del encuentro que destrabó el conflicto por las cesantías de 2400 contratados en la Ciudad? Esa es una de las preguntas que se hacen los legisladores de la oposición, que bautizaron a Caputo como el “jefe de Gabinete en las sombras”. Una de ellos, la kirchnerista Gabriela Cerruti, presentará esta semana una denuncia ante la Auditoría General de la Ciudad, para saber si existió incompatibilidad entre su función de proveedor del Estado y esa gestión oficiosa, y ante la Justicia porteña para que se investigue si el empresario no ha cometido el delito de “usurpación de autoridad”, al entender que “pudo haber tomado atribuciones propias de un miembro del gobierno”.

“La sensación de que los empresarios están gobernando en la ciudad quedó plasmada en la gestión de Caputo, que permitió el encuentro (del lunes) entre Macri y Genta”, dijo Cerruti a Página/12. De esa reunión informó con detalles el diario La Nación. Los testigos, escasos y calificados, dan cuenta de la intimidad de la cumbre negociadora: el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, el abogado de Genta, Horacio Ferro, y el propio Caputo, dueño de casa, o de oficina. “Esto que empieza hoy dura cuatro años”, habría dicho el empresario, según la crónica, al abrir la negociación.

¿Quién es Nicolás Caputo? Compañero de Macri en el Colegio Cardenal Newman, desde la primaria hasta que egresaron de la escuela secundaria, también tiene título de ingeniero y de mejor amigo. Fue quien pagó el rescate de Mauricio Macri cuando fue secuestrado, en 1991, por una banda de policías. Creció como empresario de la mano de Franco Macri. Compartió con su hijo la pasión por el fútbol y los negocios: en sus oficinas de Paseo Colón 221 se habrían realizado operaciones de venta de jugadores e inversiones en clubes españoles, como el Badajoz y el Villarreal, cuando Macri estuvo en la presidencia de Boca Juniors. Y si bien está al frente de una empresa constructora que se hizo fuerte en el sector privado, en los últimos tiempos comenzó a crecer su participación en los negocios con el sector público, en obras de construcción y en servicios de mantenimiento de los hospitales porteños, algunas de las cuales se detallan a continuación:

- El 10 de mayo último el gobierno porteño le adjudicó la construcción de un nuevo hospital en Villa Lugano, por 7,5 millones de pesos, a la firma SES SA, donde Caputo tiene el 50 por ciento de las acciones. La obra fue aprobada por la Corporación Buenos Aires Sur, un organismo en cuyo directorio están representados los partidos mayoritarios de la ciudad. SES SA le ganó la licitación a la cordobesa Astori.

- Cinco días después Jorge Telerman firmó el decreto 666/07 por el cual aprobó la licitación pública internacional para construir la sede de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad, en el edificio principal de lo que será la Ciudad de la Música, una histórica construcción que fue sede de la ex Italo, en Pedro de Mendoza y Pérez Galdós, en el barrio de La Boca. La obra, por un monto de 54,5 millones, fue adjudicada a la firma Caputo SA.

- El 3 de diciembre, seis días antes de terminar su mandato, Telerman firmó otro decreto por el que le reconoció a la empresa SES SA mayores costos por sus tareas de mantenimiento y limpieza en los hospitales porteños Alvarez, Ramos Mejía, Tornú y de Odontología José Dueñas. La redeterminación de precios es por 3,2 millones de pesos.

- Unos días antes, el 19 de noviembre, otro decreto del jefe de gobierno saliente aprueba una redeterminación de precios por la remodelación de un pabellón en el Hospital Moyano, que realiza la empresa SES SA, como se dijo, controlada por Caputo. El reajuste es por 480 mil pesos.

- En enero de 2006, cuando Aníbal Ibarra aún no había sido destituido y Telerman estaba a cargo del ejecutivo, SES SA ganó otra licitación, esta vez para la renovación integral de un pabellón en el Hospital Neuropsiquiátrico José T. Borda. La obra tiene un valor de 6 millones de pesos.

- Durante la gestión de Ibarra, SES SA había ganado una licitación para la construcción de viviendas del Plan de Radicación de Villas y Barrios Carenciados, para habitantes de la Villa 1-11-14, del Bajo Flores. La licitación, por 3,5 millones de pesos, fue convocada por el Instituto De la Vivienda de la ciudad.

- Caputo también realiza la remodelación del Centro Metropolitano de Diseño, en el ex Mercado del Pescado, ubicado en el barrio de Barracas. La obra fue encarada por la Corporación Buenos Aires Sur SE.

- También participa de la construcción del parque Mujeres Argentinas, en Puerto Madero, una obra de unos 10 millones de pesos, financiada por la Corporación Antiguo Puerto Madero, una sociedad integrada por la Ciudad y el Estado nacional. Su empresa es dueña de un importante sector del barrio más exclusivo de Buenos Aires: controla la empresa Dique Tres SA y tiene participación en los edificios Madero Plaza y El Mirador. También es propietario de valiosos terrenos en la zona del dique 1, la última joya a urbanizar en Puerto Madero.

- Entre otros emprendimientos privados, realizó la construcción del Shopping Abasto, el Casino Trillenium de Tigre y la Planta Impresora del diario La Nación.

Negocios privados,
virtudes públicas

La participación de un empresario involucrado en contratos con el Estado porteño en la negociación de asuntos públicos –como lo es el trato con el gremio más poderoso de la ciudad, en un caso de despido masivo de empleados– es una actitud que puede dar lugar a algunas suspicacias.

La participación de Caputo en las negociaciones permitió destrabar un conflicto que había entrado en una escalada de final impredecible: despidos masivos, un paro de 72 horas, la intervención de la obra social... Pero de ese encuentro y de las negociaciones posteriores no participaron los abanderados de la cruzada por el achique de personal: el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y el sector que encabezan la vicejefa Gabriela Michetti, el secretario general Marcos Peña y el legislador Martín Borrelli.

Por lo pronto, la legisladora Cerruti presentó el viernes un pedido de información al jefe de Gobierno en el que solicita saber “si el Sr Nicolás Caputo ejerce funciones para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. Y en caso de que esto sea así, “en qué órgano de la administración centralizada, descentralizada o autárquica lo hace; cuál es el acto administrativo que lo designa, y si recibe algún salario o trabaja en forma honoraria”.

Para el caso de que Caputo no ocupe cargos, Cerruti pide que se informe el “carácter en que el Sr Caputo participa de las reuniones entre representantes del Gobierno de la Ciudad y la organización gremial Sutecba”. La legisladora envió copias de ese pedido al jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y al secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas.

Según Cerruti, la reunión patrocinada por Caputo entre Macri y Genta no fue la primera gestión del empresario de la construcción como asesor del jefe de Gobierno. “Cumple la función de un jefe de Gabinete paralelo, junto al asesor de imagen de Macri (el publicista ecuatoriano), Jaime Durán Barba.”

Por esa razón la legisladora pedirá a la Auditoría General de la Ciudad que investigue si Caputo pudo haber entablado una negociación incompatible por su carácter de proveedor del Estado. Lo hará en virtud de la Ley 25.188, de Etica en el Ejercicio de la Función Pública, cuyo artículo 13 dice: “Es incompatible con el ejercicio de la función pública ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones”. Y para definir el concepto de función pública, se basa en lo que establece la Convención Interamericana contra la Corrupción, para la cual es “toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”. La Argentina adhirió a esa Convención por la Ley 24.754

Por último, presentará ante la Justicia porteña un pedido para que se investigue el posible delito de “usurpación de autoridad” (artículo 246 inciso 1 del Código Penal), que prevé de un mes a un año de prisión para quien “asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por autoridad competente”.

Prosperen o no estas presentaciones, pueden servir al menos para echar luz sobre las nuevas (o no tan nuevas) relaciones entre el poder económico y el poder político. Tal vez sea una manera de vislumbrar cómo será la reformulación del Estado que propone el macrismo para los próximos cuatro años.