Los despidieron “de palabra” como a la mayoría de los 2400 empleados. Algunos dicen que los jefes se la tenían jurada, otros intuyen que cayeron al voleo. Durante años fueron víctimas de la flexibilización laboral: eran “planta transitoria”, renovaban contrato cada tres o seis meses, los salvaba una prórroga o un decreto. Tal vez llegaron a creer eso de que los gobiernos pasan y los empleados quedan... Hasta que el nuevo jefe de Gobierno porteño decidió amasarlos y ponerlos en la olla de los supuestos ñoquis. La vicejefa Gabriela Michetti dijo que tendrán prioridad si se presentan a concursar por sus cargos. Esta paradoja parece un acto fallido: ¿si son ñoquis por qué deberían correr con ventaja? En medio de la incertidumbre, Página/12 habló con cuatro trabajadores –de una camada de más de 100 despedidos en distintas áreas– y pudo comprobar que no fueron contratados a fines del 2007 ni ocupan puestos “políticos”, como argumentaron los distintos voceros del macrismo para justificar la sangría. En marzo, 18 mil trabajadores porteños irán a renovar su contrato con los dedos cruzados.

El anuncio de 2400 cesantías generó una psicosis en el sector precarizado de los empleados porteños. Hubo muy pocas comunicaciones oficiales y circularon varias listas, contradictorias entre sí. Algunos se atreven a decir que los nombres de los cesanteados aún no están cerrados. Pero lo cierto es que los otros 18 mil contratos, supuestamente renovados hasta marzo, aún no han sido firmados. Todo esto aumenta la incertidumbre, que se inscribe en la ambigua negociación que entablaron el gobierno y el sindicato: para los primeros no hay marcha atrás con los despidos; para el gremio, todo está por discutirse.

Lista negra

Lorena Viviani tiene 32 años y hace 9 que trabaja en un call center que depende de la Dirección General de Atención Vecinal de la Ciudad. Allí responde los mails de miles de vecinos que tramitan licencias, reclaman por multas de tránsito o piden información turística. Ha pasado por todos los contratos, “semestrales, anuales y de locación de servicio”. La blanquearon hace 3 años y consiguió la obra social que tanto necesitaba su hija, nacida con una malformación congénita que le provoca discapacidad motora. Trabajaba de lunes a viernes y salía temprano dos veces a la semana para llevar a su hija al tratamiento.

“Esta fue la única gestión que no me quiso dar este beneficio –contó con la voz apagada por la amargura–, me dijeron que yo usaba su discapacidad para no ir a trabajar.” El suyo es el único despido en una oficina donde atienden más de 50 personas. Ni siquiera la notificaron. “Fui el viernes antes de fin de año y me echaron de palabra. Volví el lunes, me apagaron la computadora y me pidieron que me fuera”, recordó Viviani. Hasta ahora, nadie le presentó algún motivo de despido. “El auditor le dijo a la supervisora que hiciera una lista negra con los empleados que causaban problemas. Ella me anotó a mí sola en la lista y después puso a su mejor amiga en mi puesto”, agregó.

Sus compañeros reclamaron y hasta juntaron firmas para ir a la Legislatura a protestar. También están preocupados porque, según comentó Viviani a Página/12, “en marzo se terminan muchos contratos y se viene otra ola de despidos”. Ella se siente desamparada: “A mi hija la dejaron sin obra social y ellos saben que tuvo que operarse tres veces”.

Contratos basura

“En mi caso no hubo ninguna lógica”, resumió Félix Carbonari, un antropólogo que pese al despido aún asiste a la Dirección General de Reciclado, en Balcarce y Belgrano. “No tienen ni idea de a quién echaron –aseguró–. Sacaron a una o dos personas de cada área y listo. Cuando preguntamos, nos dijeron que la orden venía de arriba.” El 27 de diciembre pasado le mandaron un comunicado desde la oficina de recursos humanos de la Dirección. Era para “entrevistarlo” (a él y a otros 35 compañeros). Carbonari jura que nadie sospechaba lo que iba a pasar porque de última los ñoquis “no van a trabajar, son artificiales: aparecen en los registros nada más. Dijeron que no nos iban renovar el contrato, que tenían que echar a 36 personas porque sobraban”, repasó Carbonari, que trabaja en ese lugar desde el 2003 y había conseguido dos años después un contrato de empleo público por el decreto 948. “Me aplicaron las retenciones por jubilación y obra social, pero seguí ganando lo mismo y empecé a trabajar más horas. Este problema viene de antes, tenemos contratos muy precarios. Hay gente contratada desde hace 14 años.” El mismo había creado, junto con un compañero, el área de “Investigación y Desarrollo” en la que trabajaba desde el 2006. Desde allí monitoreaban la Ley de basura cero, un tema sensible en las relaciones de la ciudad y el conurbano bonaerense, donde termina la mayor parte de los desechos porteños.

Un día después del anuncio, Carbonelli y sus colegas ocuparon la oficina del nuevo director y lo insultaron. El hombre, un empresario relacionado al negocio de la basura, salió espantado, “como si pensara que puede despedir a tanta gente y nadie le iba a gritar a la cara. Volvió dos días después, sólo por un rato, y reconoció que no había ñoquis ni gente que había sido contratada en el 2007. Después no lo vimos más, hizo abandono de sus funciones”. En este caso, comentó Carbonelli, “no hubo ningún tipo de criterio o lista”, aunque eliminaron áreas enteras para tercerizarlas. “Es lo que pasó con la parte de relaciones con los generadores responsables”, señaló. Se trata de los coordinadores que trabajaban con los grandes recicladores como edificios u hoteles y que tienen obligación de separar la basura seca y húmeda. “Van a contratar a una consultora para que haga lo mismo, el tema es que ahí trabajan pasantes que cobran dos mangos, chicos que encima entrenamos y capacitamos nosotros.”

Felices fiestas

En 1977 los militares trazaron el recorrido de la autopista 3 a fuerza de expropiaciones. Iba a unir la zona norte de la capital con Pompeya, pero todo quedó en la nada. Los terrenos fueron ocupados en medio de la emergencia habitacional que aún persiste en la ciudad. Hasta la sanción de la ley 324 en el ’99, nadie parecía preocupado por recuperar esos terrenos y construir viviendas dignas para los nuevos vecinos. El tema de la integración social era el eje fundamental de este proceso que involucra otros (enormes) intereses inmobiliarios.

Yanina Lima es asistente del equipo social de un programa destinado a recuperar las casas tomadas. La despidieron “de palabra” junto a otros cinco compañeros, aunque es delegada de ATE y está protegida por las leyes sindicales. Había empezado a trabajar como pasante y en el 2005 la contrataron. “La decisión fue comunicada por un coordinador que había renunciado unos días antes, nos eligieron un poco a dedo y otro poco por desquite, les deben haber dicho ‘decime quién querés que caiga y listo’”, evaluó esta joven de 26 años que espera desde hace una semana alguna respuesta. “Te ofrecen contratos precarios pero agarrás porque no te queda otra”, se lamentó.

Para esta delegada, la prioridad es la reincorporación y blanqueo porque los decretos, tanto el 959 como su antecesor el 948, “son lo mismo pero con otro número, ni siquiera respetan la antigüedad. Es lo que permite que ellos digan que no te echan, sino que no te renuevan el contrato.” La noticia le cayó en medio de las fiestas, lo que agregó más intriga y desconcierto al asunto. Mientras tanto, ella sigue yendo a trabajar con sus compañeros. Va con la frente alta: “Seguramente hay ñoquis –reconoce–, pero nosotros defendemos trabajadores, no ñoquis”.

Contradicciones

La ley 2565 de emergencia edilicia en la infraestructura de los colegios fue una las primeras normas promulgadas por los macristas, supuestamente conmovidos por el lamentable estado de las instituciones educativas de la ciudad. María Alejandra Gurgo formaba parte de un plantel interdisciplinario de profesionales –conformado por ingenieros, arquitectos y abogados– que inspeccionaban las instalaciones de gas, armaban proyectos y planos que luego se licitaban. Cuando asumió el director de infraestructura de la Ciudad dijo que su área era “un clon” de otro departamento estatal y decidió borrarlos del Ministerio de Educación. La movida dejó a 77 personas sin trabajo.

“Hicimos de todo. Mandamos notas a los ministros, hablamos con diputados, medios y recurrimos a la Defensoría del Pueblo. La única vía posible es pedir un amparo”, dice esta integrante del equipo que resolvía las situaciones de emergencia y funcionaba como un ente de control para las empresas que prestaban servicios. Fue formado en diciembre de 2005 y se sostenía su continuidad a base de prórrogas y decretos. “Actuaron como los milicos. Nos cerraron las oficinas con llaves, ni siquiera nos dejaron sacar nuestros efectos personales, quedaron un montón de proyectos por la mitad. Volvimos al otro día y habían puesto guardia policial”, contó Gurgo, indignada porque la nueva gestión no reconoce el trabajo que estaban haciendo: “Hasta ahora lo único que hizo Macri fue mandar a pintar la fachada de 20 escuelas, es una vergüenza”.

La única señal de vida que dieron los nuevos jefes fue la oferta de absorber a 20 de los trabajadores. “Lo que generó una situación tremenda y casi nos divide”, confesó la profesional, que como el resto de los más de 2300 empleados despedidos, sospecha a dónde irá a parar su sueldo: “Nos borraron del ministerio pero no del Presupuesto 2008. Andá a saber qué van a hacer con esa plata, seguramente de ahí va a salir el aumento de sueldo de Macri, su gabinete y sus asesores”.