El empresario Nicolás Caputo fue designado asesor del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, amigo de la infancia y ex compañero de colegio. No sería más que un gesto de gratitud, una muestra de confianza, si no fuera porque Caputo, además, es contratista del Estado porteño en numerosas obras y servicios, con contratos millonarios, tal como publicó este diario el domingo último. La legisladora Gabriela Cerruti presentará hoy una denuncia ante la Auditoría General de la ciudad para que se investigue si no existe incompatibilidad entre el cargo que desempeña Caputo y su condición de proveedor del Estado.

La designación de Caputo como “personal de la planta de gabinete” apareció publicada ayer en el Boletín Oficial de la ciudad Nº 2850. Pero lo curioso es que el decreto 144/07, por el que se lo nombra, tiene fecha del 28 de diciembre, el último día hábil de 2007. Y el nombramiento se hace retroactivo al 10 de diciembre, el primer día de gestión del jefe de Gobierno.

La participación de Caputo en el gobierno saltó a la luz el martes 8, cuando se supo que fue el hombre que facilitó el encuentro entre Macri y el cacique de los municipales porteños, un día antes. Esa cumbre permitió destrabar un conflicto que se había desatado con la cesantía de 2400 trabajadores contratados y que continuó con un plan de lucha, una movilización masiva y el anuncio de un paro de 72 horas. El encuentro se llevó a cabo en las oficinas de Caputo SA, en Paseo Colón 221.

Nicolás Caputo es accionista de la empresa que fundó su abuelo en 1932. La firma Caputo SA se adjudicó en mayo del año pasado la licitación por 54,5 millones de pesos para construir la sede de la Orquesta Filarmónica de la ciudad en el edificio principal de lo que será la Ciudad de la Música, en una clásica construcción de La Boca donde funcionó una usina de la empresa Italo de electricidad.

También realiza la remodelación del Centro Metropolitano de Diseño, en Barracas, una obra encarada por la Corporación Buenos Aires Sur, una sociedad del Estado porteño. Y participa en la construcción del parque Mujeres Argentinas, en Puerto Madero, un contrato por 10 millones de pesos, financiado por la Corporación Antiguo Puerto Madero, que integran la Nación y la ciudad.

Pero eso no es todo. Caputo participa en un 50 por ciento de la firma SES SA, que se adjudicó en mayo de 2007 la construcción de un nuevo hospital en villa Lugano, por 7,5 millones de pesos. También realiza tareas de mantenimiento y limpieza en cuatro hospitales porteños: el Alvarez, el Ramos Mejía, el Tornú y el de Odontología José Dueñas.

La publicación del decreto se produjo ayer, después de que Página/12 diera cuenta, en su edición del domingo, de que Caputo, contratista del Estado, había participado en una gestión oficial. En la nota se anunciaba que la legisladora kirchnerista Gabriela Cerruti presentaría esta semana una denuncia ante la Auditoría y otra ante la Justicia porteña por supuesta incompatilidad de roles.

En el gobierno porteño, nadie explicó ayer por qué un decreto del 28 de diciembre se publicaba 18 días después. Lo curioso es que otro decreto de ese mismo día –el que designa al vicepresidente de la obra social de los municipales– fue publicado el 4 de enero. ¿Se habrá traspapelado? “Para tapar un agujero, abrieron otro”, interpretó Cerruti.

La legisladora considera que con la designación de Caputo, Macri podría actuar como una suerte de “patrocinador” del empresario. “Los ministros y funcionarios que tienen que controlar la ejecución de las obras contratadas por Caputo, qué rigor pueden poner en esa tarea si saben que el empresario es asesor del jefe de Gobierno?”, se preguntó.

La diputada kirchnerista formulará hoy una presentación ante la titular de la Auditoría General de la ciudad, Sandra Bergenfeld, para que investigue “el posible conflicto de interés entre el ejercicio de la función pública y su parte en empresas contratistas del Gobierno de la Ciudad”.

Con respecto a la figura del “patrocinante”, Cerruti acude a los artículos 73 y 97 de la Constitución de la Ciudad, que establece la incompatibilidad del cargo de jefe de Gobierno con “ser propietario, directivo, gerente, patrocinante o desempeñar cualquier otra función rectora, de asesoramiento o el mandato de empresa que contrate con la ciudad o sus entes autárquicos o descentralizados”.

También acude a la Ley de Etica de la Función Pública, que establece que es incompatible con la función pública “ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones”.

Desde el gobierno porteño, se argumentó –ante una consulta de este diario– que tal incompatibilidad no existe ya que Caputo fue designado “ad honorem”. Lo cierto es que, haya remuneración o no, la función pública sigue existiendo: nadie creería que al empresario podría interesarle cobrar un sueldo por la tarea de asesorar a su amigo.

Por su parte, el procurador Pablo Tonelli sostuvo que Nicolás Caputo no es miembro del directorio de la empresa, aunque admitió que es uno de sus principales accionistas.

En definitiva, el decreto que firmaron Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta viene a blanquear una relación que ya había sido observada con inquietud por la oposición a la ciudad: en algunos ámbitos se mencionaba a Caputo como el “jefe de Gabinete en las sombras”. Se trataría, en todo caso, de la más directa participación de los empresarios en la administración del Estado.