“Llegamos hasta la puerta y los de seguridad nos dijeron que estábamos autorizados para entrar. Por las dudas habíamos ido con un escribano. Llamamos al director de Personal para que nos acompañe pero no lo quiso hacer. A las computadoras les cambiaron la clave, sacaron los aparatos de teléfono y desapareció la documentación de los trabajos pendientes. El resto de la documentación está, revuelta pero está. Nos sentimos medio raro porque no es una situación muy feliz saber que entraste a la casa de alguien que no te quiere.” El relato pertenece a uno de los contratados de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Escolar del Ministerio de Educación. Después de algunos intentos fallidos del miércoles –cuando se conoció el fallo de la jueza Elena Liberatori– ayer lograron volver a sus puestos de trabajo muchos de los despedidos, pero no pudieron retomar sus funciones. “No existe una tarea para que realicen” ya que “de hecho lo que venían, desarrollando no es necesario para la actual gestión”, explicó el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, quien ayer recusó a la jueza y apeló su decisión.

Desde el gobierno porteño aseguraron que se presentaron en su lugar de trabajo los contratados del área de Higiene Urbana y del Ministerio de Educación y que en otras áreas “ninguno de los contratados apareció”. Sin embargo, frente al Ministerio de Medio Ambiente, la Asociación de Trabajadores del Estado hizo un acto en el que festejó la reincorporación de los contratados, entre los que se encontraban 35 empleados de la Dirección de Reciclado (ver página 6). Rodolfo Arrechea, secretario general de ATE Capital le contó a Página/12 que del Ministerio de Cultura –donde hay más de 100 despedidos– lo están llamando de “prácticamente todas la áreas para saber qué tienen que hacer”. Además, el gremio denunció que una empleada del 0-800 de la ciudad “tuvo problemas con un jefe que no le quería hacer tomar funciones”.

En el edificio de Paseo Colón 255, donde funciona la cartera de Educación, no estaban ayer los agentes de policía ni de la guardia de Infantería que el miércoles le impidieron el paso a los trabajadores. Esta vez, los habituales guardias de seguridad les comunicaron que podían pasar, previa firma de las planillas de asistencia. “Nos estaban esperando”, explicó María Laura Fernández, abogada del área que relató a este diario la indiferencia que percibieron en sus lugares de trabajo: “Ni nos miran, nos tratan como si fuéramos fantasmas. No se acercó nadie para darnos trabajo, ni para saludarnos”.

Hoy se van a presentar ante el director general de Infraestructura, Néstor Gasparoni, para que les de una función, porque la unidad donde trabajaban fue disuelta. Era un grupo de 77 personas que se encargaban del gas y la calefacción de las escuelas porteñas. Se despidió a los 67 empleados contratados y los que estaban bajo otro régimen laboral fueron asignados a otras funciones. Desde el ministerio explicaron que “la decisión fue que estuviesen las puertas abiertas, que pudieran entrar todos pero que se trata de una situación atípica generada por el fallo judicial y que no es la decisión de alguien que los haya recontratado”.

“Estamos tratando de entender cómo vamos a reincorporar gente que nunca vino a trabajar en los 20 días que compartimos”, dijo Macri en un acto en el barrio de Villa Urquiza. El mandatario les pidió “paciencia” a los 2300 contratados hasta que el gobierno sea “notificado” de la resolución judicial. Al igual que el jefe de gobierno, el procurador general de la ciudad, Pablo Tonelli, insistió en que los despedidos eran ñoquis. “Muchas funciones que digamos no cumplían”, sostuvo al ser consultado por éste diario. Cuando se le preguntó por la gente que se presentó en su trabajo anticipó que “volverá a cumplir las mismas funciones”.

Recusada y apelada

Tal como lo había anunciado el gobierno porteño presentó un pedido de recusación de la jueza Elena Liberatori por considerar que “no actuó con imparcialidad y objetividad”. Además, apeló el fallo dictado ayer, que ordenó la reincorporación de los contratados, pero declaró que mientras se resuelven esos pedidos acatará la medida y permitirá que retomen sus tareas quienes lo soliciten. Macri repitió que la jueza “toma decisiones que corresponden al jefe de gobierno”, y argumentó que seguirá adelante con una gestión “en la que no sea lo mismo trabajar, que no hacerlo”.

Tonelli se encargó de explicar que el gobierno de la ciudad respeta las medidas judiciales pese a que no las comparte: “Por supuesto que se les está permitiendo el ingreso (a los trabajadores despedidos) porque ya dijimos que íbamos a acatar la decisión de la Justicia hasta que se resuelva la recusación y apelación que presentamos”. En el escrito presentado ante la magistrada, el macrismo fundamentó con fotocopias de notas periodísticas cierta “relación de amistad” entre Liberatori y dirigentes sindicales, algunos de la órbita porteña.

Mauricio Macri dijo que confía en que “la justicia, en otras instancias, vuelva las cosas a su lógica” y llamó a terminar con los “intereses extraños que quieren entorpecer que la plata vaya a la inversión”. Los delegados de ATE aseguraron que fueron llamados a una reunión para el día lunes mientras que se juntará con Sutecba –el gremio mayoritario de la administración porteña– el martes próximo para “empezar a analizar la situación, caso por caso, de los 18 mil contratados y de toda la planta”.

Informe: Sebastián Abrevaya.