Vuelve todos los veranos, cuando el calor tropical se abate sobre Buenos Aires, con los equipos de aire acondicionado funcionando a toda máquina y el turismo forzando al máximo la capacidad instalada. Quince días atrás, Cristina Kirchner se vio obligada a reconocer que llegó a haber 50 mil cortes simultáneos, y esta semana hubo problemas en Córdoba y Bahía Blanca. La energía es un problema, pero no es patrimonio exclusivo de la Argentina. Si se levanta por un momento la vista para extenderla más allá de nuestras fronteras, se hace evidente que afecta a prácticamente toda América latina. El tema pasa, en todo caso, por la respuesta de cada gobierno. Veamos.

Crisis

En Uruguay, en medio de la sequía que en el 2005 afectó la provisión hídrica, el gobierno debatió la posibilidad de establecer un plan de emergencia con cortes programados. Aunque unas lluvias oportunas permitieron salir del paso, el problema sigue ahí, latente.

En Brasil, la sequía del 2003 obligó a Fernando Henrique Cardoso a ordenar una serie de drásticas medidas de racionamiento –aumentos de hasta 300 por ciento, cortes individuales de castigo– para garantizar el suministro industrial. Más tarde, ya con Lula en el poder, la nacionalización de los hidrocarburos dispuesta por Evo Morales hizo temblar a San Pablo, cuyo abastecimiento de gas depende en un 70 por ciento de Bolivia.

En Chile, tres décadas de intenso neoliberalismo hicieron que la provisión energética quedara en manos de las empresas privadas, que naturalmente tendieron a buscar una mayor rentabilidad a través de las fuentes más baratas. El resultado fue una matriz gasificada –un tercio de la energía chilena depende del gas– y atada casi exlusivamente a la Argentina. Cuando comenzaron los problemas a este lado de la cordillera, Chile quedó a la deriva.

Hasta los países exportadores tienen problemas. Venezuela, la principal potencia petrolera del Hemisferio occidental, importa gas de Colombia y no ha logrado resolver su estructura de precios: un litro de nafta en Caracas cuesta menos que un litro de agua mineral. Ecuador, otro gran exportador de crudo, no cuenta con la capacidad de refinación suficiente y se ve obligado a importar combustible.

Una mirada general

Para echar un poco de luz sobre el problema energético recurro a Fernando Sánchez Alvabera, uno de los grandes especialistas latinoamericanos en el tema, ex ministro de Energía de Perú y actual titular de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la Cepal, que atiende amablemente el teléfono desde su oficina en Santiago.

–¿Por qué hay crisis energética en diferentes países de América latina?

–Son diferentes motivos que se combinan. En general veo que hay un ritmo de inversión muy lento para ampliar la capacidad de generación, de transmisión y distribución. El crecimiento de la región en los últimos años fue alto, hay un incremento de la demanda interna, y la oferta no llega a cubrir esa mayor demanda. Hay un problema de seguridad en el abastecimiento en aquellos países que no han logrado incrementar la oferta para que acompañe esa mayor demanda.

–¿Falta inversión?

–En general, sí. Hay desconfianza de los inversores por el congelamiento de tarifas en algunos países, los subsidios cruzados en otros y las insuficiencias regulatorias. Hay que precisar, sin embargo, que muchos objetivos que justifican esta situación son muy legítimos, por ejemplo los subsidios focalizados en los sectores de bajos ingresos y por ende de bajo consumo. La situación reclama, en todos los países de la región, una tarifa social para los más pobres. El problema surge cuando las insuficiencias regulatorias determinan la reducción de la inversión.

El problema argentino

La energía es uno de los principales temas del debate político-económico nacional. Vuelve todos los años, cuando se acercan los primeros calores del verano, y en los días más duros del invierno. Desde el comienzo, la oposición pronosticó un colapso que nunca se produjo, mientras que la estrategia del Gobierno pasó de la negación de Kirchner a la aceptación de Cristina, que dos semanas atrás admitió 50 mil cortes y lanzó un plan de racionamiento. Para Sánchez Alvabera, la respuesta de corto plazo es adecuada. “Es fundamental la apuesta por la eficiencia energética y la línea de premios y castigos, pero el problema no es sólo racionalizar la demanda sino aumentar la oferta eléctrica, sobre todo por el gran dinamismo que ha venido mostrando el sector industrial.”

–¿El plan de ahorro puede funcionar?

–Es una respuesta de emergencia que ayuda a enfrentar los problemas. Ahora todo depende de la magnitud que adquiera, por ejemplo, el plan de incorporación de focos y otras medidas. Si la dimensión es grande puede equivaler a instalar una planta generadora más. Es además una señal buena para la demanda.

–¿Qué opina del congelamiento de tarifas?

–No hay reglas ni recetas generales. Depende de los objetivos, del tipo de grupo social objetivo, del tiempo que dure. Es legítimo que los gobiernos planteen una tarifa social. El asunto es poder financiarla sin sobresaltos y que existan claras señales para ampliar la oferta. Las tarifas deben cumplir tres objetivos: ayudar a mejorar la calidad de vida de los pobres, energizar para combatir la pobreza y dar señales claras al uso eficiente de la energía. Si la energía es barata a nadie le importa malgastarla. Por eso, es legítimo que un gobierno decida controlar las tarifas, puede ser una medida correcta en ciertas circunstancias, pero no hay que perder de vista que la oferta siempre debe acompañar a la demanda si se quiere garantizar la seguridad energética.

–¿Un aumento de tarifas con una tarifa social puede ser una solución?

–Sí, se implementa correctamente. La tarifa social tiene que definirse en base a un nivel de bajo consumo, de acuerdo a lo que el país estime que es un nivel digno.

–¿No hay, entonces, una solución definitiva?

–No hay caminos fijos, dogmas o recetas. Todo es relativo, depende de cada país. Este es el momento de la eficiencia energética, que hoy es la mejor manera de enfrentar el problema. Hay que crear una nueva cultura energética, que valore el uso eficiente, ya que la energía va a ser cada vez más cara. No se trata sólo de ahorrar, se trata de tener cada vez más productividad, de producir más con menos energía. América latina tiene que crecer para combatir la pobreza. Si tenemos éxito, seguramente el consumo per cápita de energía va a aumentar. Por lo tanto, hay que ser más eficientes y sobre todo consumir energías sostenibles, renovables. Pero siempre escogiendo en cada lugar y en cada caso la energía más eficiente. Hay que promover la eficiencia en las pymes, lo cual requiere medidas promocionales, crediticias, para difundir tecnologías. Hay que orientar a los consumidores con el etiquetado, para que cada uno sepa, cuando compra un electrodoméstico, cuánto consume. No se puede lucrar con la ignorancia del consumidor. En este sentido existe un derecho a la eficiencia energética. En suma, más calidad de vida con menos energía.

Caminos

La reacción al problema energético es diferente en cada país. Tras la crisis del 2003, Cardozo ordenó un conjunto de inversiones y el reforzamiento de Petrobras, empresa mixta controlada por el Estado que, ante la escasez de petróleo en el territorio, se volcó a la exploración ultramarina. Dos meses atrás, Petrobras anunció el descubrimiento del yacimiento de Tupí, en la cuenca de Santos, que podría aumentar en 50 por ciento las actuales reservas del país y convertir a Brasil en el noveno productor mundial.

Luego de la crisis del gas, el gobierno chileno anunció el Programa de Eficiencia Energética, con un esquema de estímulos al ahorro y la adecuación de las tarifas a precios reales (con subsidios y tarifas sociales). Invirtió, además, en plantas de Gas Natural Licuado, que se compra como una commoditie en el mercado mundial y se regasifica. El problema en el corto plazo es ambiental, por la cantidad de petróleo que se quema para abastecer a un sector minero en permanente crecimiento, pero los especialistas coinciden en que el año que viene Chile tendrá el panorama despejado.

Estos dos ejemplos, entre tantos otros, confirman lo absurdo de mirar la cuestión energética disociada de la situación general de cada país. Si Brasil logró pasar de ser un importador de petróleo a convertirse en una potencia hidrocarburífera, es en buena medida resultado de la decisión de Cardoso de mantener el control estatal sobre Petrobras y potenciarla como empresa pública. Del mismo modo, si en el 2003 se decidió garantizar el abastecimiento industrial y recortar el consumo residencial mediante un riguroso plan de racionamiento, fue debido al lugar que ocupa la industria en el modelo de desarrollo brasilero (y, por supuesto, al lobby de la Fiesp). Si Chile logró solucionar velozmente la crisis del gas, es porque cuenta con un Estado financieramente fuerte, un gobierno capaz de implementar políticas públicas y una estrategia internacional diversificada: sus relaciones con los países de Asia le permiten importar gas natural licuado por el Pacífico.

Mi tesis es simple: la cuestión energética debe ser puesta en el marco de la historia reciente de cada país, el modelo de desarrollo elegido, la fuerza de cada gobierno. Argentina, por ejemplo, nunca podrá seguir el camino de Petrobras, simplemente porque Menem impulsó –y el peronismo acompañó– la privatización de YPF. Por mejor intencionada que esté, Enarsa nunca podrá alcanzar a Petrobras, que tras los nuevos hallazgos se convirtió en la quinta empresa con más valor de mercado de América (superando a Google). Del mismo modo, la importancia que Brasil le asigna al abastecimiento energético industrial no es una decisión exclusiva de Cardoso o Lula, sino el resultado de un modelo desarrollista de medio siglo. En Chile, el neoliberalismo creó una matriz energética vulnerable, pero un Estado ágil logró reaccionar a tiempo. ¿Hubiera sido posible sin una macroeconomía ortodoxa que garantizara superávit fiscal para este tipo de situaciones?

Kirchner tal vez demoró demasiado en reconocer que el problema es efectivamente un problema, y los planes de racionamiento, aunque son adecuados, evidentemente no alcanzan para resolver la cuestión. Las tarifas residenciales de Argentina son dos o tres veces más baratas que las de Brasil o Chile, y una casa en Recoleta paga lo mismo que un departamento en La Matanza. El problema es que cualquier decisión implica costos, ganadores y perdedores, seguramente reclamos y protestas. Reducir la iluminación callejera puede parecer una buena idea, pero también puede aumentar la inseguridad en los barrios. Apagar la hermosa cúpula del Congreso o los faroles de Avenida de Mayo puede sonar muy racional, pero desactiva un atractivo importante en pleno auge del turismo. En fin, tarde o temprano habrá que debatir estas cosas si se quiere sacar al tema energético de las miradas simplificadoras que lo mantienen en una cómoda pero inconducente penumbra analítica.