“Nos taparon las cabezas con bolsas negras de nylon y nos insultaban mientras nos pegaban, sólo se veían las botas de los milicos”, relató Pablo Ceballos, delegado de los trabajadores del casino, sobre la represión que sufrieron el miércoles pasado. Habían sido detenidos por la Prefectura, y, según precisó, en medio del traslado “pararon por Puerto Madero, nos encerraron en un cuarto y durante veinte minutos nos molieron a palos”. No le fue mejor a otro grupo de manifestantes detenidos por la Policía Federal, que habían marchado junto a unas mil personas por la reincoporación de 100 despedidos. Página/12 pudo saber que, a partir de la denuncia pública de estos hechos, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos ordenó una investigación interna en ambas fuerzas, con pedido de explicaciones a los jefes del operativo incluido.

“Me agarró la Infantería en Ingeniería, un policía me apuntó con una Itaka al pecho, éramos diez y nos llevaron a la comisaría 22ª, luego a Comodoro Py, donde nos desnudaron en un calabozo, nos pegaron, y terminamos en Lugano luego de 26 horas”, describió a Página/12 Luis Yáñez, uno de los empleados despedidos. “No buscábamos el choque, empezaron a provocarnos, nos rodearon y cuando nos íbamos nos persiguieron. Nos tenían marcados”. Yáñez tiene 23 años y contó que fue con su familia porque pensaba que sería una marcha pacífica. “No queríamos que nos sacaran fotos, por la SIDE y la policía, pero nos agarraron del cuello y lo hicieron a la fuerza”, dijo el joven sobre su paso por la 22ª.

En los tribunales de Comodoro Py estuvieron 11 horas, hasta que la jueza federal María Servini de Cubría los subió a su despacho para indagarlos por “atentado y resistencia a la autoridad, lesiones y daño público”. Una fuente judicial deslizó que ninguno denunció “apremios ilegales”. Página/12 consultó al respecto al abogado Edgardo Moyano, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, quien llegó a estar detenido en la anterior represión de diciembre. “Es un cinismo eso, es como si alguien se está ahogando y no lo ayudo porque no lo pide. Te traen personas a declarar, llegan con la cara desfigurada y la cabeza con dos puntos, algo anda mal y la jueza debió actuar de oficio”, enfatizó el letrado. En lugar de eso, Servini siguió adelante con la indagatoria y los jóvenes se negaron a responder preguntas. Apenas habían tenido unos pocos minutos de charla con sus abogados, en presencia de policías. “Estamos preparando una denuncia conjunta de todas las víctimas junto con organismos de derechos humanos, como la que se presentó por la represión del 4 de diciembre, pero esta vez también contra la Federal”, anticipó el abogado.

El jueves pasado Nora Cortiñas estaba de ronda con las demás Madres de Plaza de Mayo cuando una nieta recuperada les pidió que acudieran a Comodoro Py. “Pedimos ver a Servini de Cubría, pero dijo que estaba ocupada con la indagatoria. Así que un secretario y un fiscal nos llevaron a verlos. Estaban muy lastimados, uno de ellos con el ojo dañado con posible pérdida de visión, otro con un golpe en la cabeza, una situación muy delicada”, expresó Cortiñas a Página/12. “Nos dijeron que los llevaron a un cuartito, que los encapucharon y encadenaron”, completó. Este diario le preguntó si escuchó que a otro grupo le pusieron bolsas de nylon, a lo que la Madre respondió que sí, que “todo eso es real”, y que quedaron “muy preocupadas porque un país no se construye con semejante represión a los trabajadores”. En la conferencia de prensa estuvieron representantes de la CTA, dirigentes de partidos de izquierda y diputados del ARI, que junto con las Madres y otros organismos de derechos humanos reclamaron una entrevista con el ministro Aníbal Fernández. “Nos comunicamos, pero aún no tuvimos respuesta”, dijo Cortiñas.

Informe: Juan Manuel Barca.