En el juicio oral por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el Regimiento de Infantería 9 de esta ciudad, el gran ausente es el general retirado Cristino Nicolaides, considerado en la requisitoria fiscal como el “jefe de la asociación ilícita agravada” que, según el criterio de la parte acusadora, tuvo bajo su control la ejecución de los hechos delictivos que se investigan. Según se supo en forma extraoficial, ya que en la audiencia nada se dijo al respecto, Nicolaides, quien cumple prisión domiciliaria en su casa de Córdoba por estar acusado y hasta condenado a 25 años de prisión en una de las causas en su contra, se encuentra “muy enfermo, de acuerdo con un informe elevado al tribunal de Corrientes por los médicos forenses”, le dijo a Página/12 una fuente del gobierno local. Nicolaides habría sufrido “una crisis cardíaca, acompañada por un cuadro de insuficiencia respiratoria”. Se dijo incluso que, en razón de su estado de salud, ni siquiera fue notificado sobre la condena que recibió en una causa por el secuestro y desaparición de cinco militantes montoneros.

“Lo que se dice es que Nicolaides está afectado al punto de no poder comunicarse ni identificar a sus familiares, de manera que le habrían recomendado a sus abogados que ni siquiera le notifiquen la condena que recibió en el juicio realizado en Buenos Aires”, comentó el funcionario correntino. Del mismo modo se supo que el juez porteño Ariel Lijo, que fue quien dispuso la prisión domiciliaria que hoy cumple Nicolaides, se comunicó con Víctor Alonso, el titular del Tribunal Oral Federal de Corrientes, para comentarle que, al parecer, el ex miembro de la cuarta Junta Militar sufriría “un principio de Alzheimer”. Esta situación determinó que el tribunal de Corrientes decidiera suspender la acusación en su contra. “Las imputaciones a Nicolaides, dado el actual estado de cosas, tendrían que realizarse en un futuro juicio”, estimó el abogado querellante Luis Vigay, cuando fue consultado sobre el tema.

Nicolaides, que ya cumplió 80 años, es viudo y vive en una casa de la calle Hilarión Plaza 366, en el barrio Cerro de las Rosas de la ciudad de Córdoba. De todos modos, se presume que en estos momentos estaría internado en una clínica privada de la capital provincial. En Corrientes, durante la época en que ocurrieron los sucesos en el centro clandestino que funcionó en el RI-9, fue titular de la Brigada de Infantería 7. Desde esa función era responsable de la Subzona de Seguridad 23, de la que dependía el regimiento local. La fiscalía y la querella creen que, desde ese cargo, Nicolaides fue responsable mediato, en calidad de jefe, de la “asociación ilícita” que funcionó en la unidad militar. Le imputan los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, en concurso real, reiterada en 13 oportunidades, más abuso funcional, aplicaciones de severidades, vejaciones, apremios ilegales y tormentos, en al menos cinco de los casos en los que fue involucrado.

En su declaración indagatoria en la etapa de instrucción, Nicolaides negó los crímenes que se le imputan, aunque de todos modos se declaró “único responsable por los actos y hechos de guerra de sus subordinados”. Además de su condición de jefe de la Subzona 23, Nicolaides fue visto, en persona, en los centros clandestinos de detención denunciados en esta causa. Una de las testigos-víctimas, declaró a fojas 78/79, que “en una oportunidad, estando en Gendarmería, llegó el general Nicolaides y allí se dirigió a todos los (detenidos-desaparecidos) que estábamos, arengándonos’”. Otra mujer sostuvo que el jefe militar le dijo en una ocasión, en tono de reproche: ‘Vos estás en la joda, andá a criar a tus hijos’”. El gendarme Raúl Alfredo Reynoso, también acusado en la causa, reconoció a Nicolaides como su jefe y dijo que participó “en operativos dispuestos” por el general retirado.

Un ex detenido-desaparecido declaró que estando en el centro clandestino de detención le ordenaron que “se afeitara y se peinara” porque iban a recibir “una visita muy importante”. Horas después, abrieron la puerta de su celda “y desde allí se presentó el general Cristino Nicolaides, y dijo que todo lo que había pasado me lo tenía merecido y que así íbamos a aprender lo que era el Ejército argentino”. En su indagatoria, Nicolaides admitió que durante su permanencia en la zona “todas las operaciones militares que se llevaron a cabo contra las bandas terroristas de la época fueron realizadas con instrucciones precisas del deponente”. Claro que él aseguró que todas esas acciones se hicieron “utilizando procedimientos legales vigentes”. Para justificar sus dichos mencionó la existencia de una larga nómina de reglamentos militares, tales como el RC-5-1 denominado “Operaciones psicológicas”, del 8 de noviembre de 1968; el RC-8-3 “reservado” denominado “Operaciones contra la Subversión Urbana”, del 29 de julio de 1969, y el RC-8-2 “público” “Operaciones contra fuerzas irregulares”, todos ellos puestos en vigencia a partir de la dictadura militar encabezada por el general Alejandro Agustín Lanusse. También citó el RC-9-1 llamado “Operaciones contra elementos subversivos”, creado y puesto en vigencia por el ex presidente de facto general Roberto Eduardo Viola.

En el manual sobre “Operaciones Psicológicas” se establece que “el método de actuación compulsiva, actuará sobre el instinto de conservación del hombre (...) apelando casi siempre al factor miedo”. De ese modo “la presión psicológica engendrará angustia; la angustia masiva y generalizada podrá derivar en terror”. Entre los métodos de “acción psicológica” se enumeran en algunos de los capítulos: “Compulsión física, tortura, tercer grado (...) secuestros, raptos (...) terrorismo, desmanes, sabotaje”, entre otros métodos “legales”, según el criterio del ex miembro de la cuarta Junta Militar.