A cinco días de la normalización del Partido Justicialista, que consagrará la jefatura del ex presidente Néstor Kirchner, un inesperado desafío pone a prueba el liderazgo real del ex presidente. Proviene del gobernador de Mendoza, Celso Jaque, a quien nadie tomaba en cuenta. Sus alianzas y decisiones retrógradas en materia de seguridad, con la designación del comando Carlos Rico Tejeiro, entrenado por Mohamed Alí Seineldín para la desaparición de personas, comprometen la principal jugada estratégica de Kirchner: la redefinición del justicialismo como el partido de los derechos humanos y el ingreso a la Internacional Socialista. Mucho antes de lo que podía esperarse, se plantea así el debate acerca de qué es, qué puede ser y/o qué debe ser el Partido Justicialista en su séptima década de existencia y durante un gobierno que se declara de centro-izquierda o centro-progresista.

La acusación fiscal

La fiscal federal María Gloria André imputó esta semana a Rico Tejeiro como parte de una asociación ilícita constituida para cometer crímenes contra la humanidad. Aun así, el gobierno provincial no se decide a alejarlo. La representante del ministerio público solicitó que la denuncia contra el secretario de seguridad se acumule a las causas ya abiertas en la jurisdicción por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, a raíz de denuncias del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, junto con miembros de la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de la Comisión de Ex Presos y Presas por Razones Políticas. Una, por la desaparición de una docena de personas que fueron secuestradas entre el 15 y el 28 de mayo de 1978 (Juan José Galamba, Margarita Dolz de Castorino, Aldo Enrique Patroni, Raúl Gómez Mazzola, Mario Guillermo Camín, Gustavo Camín, Daniel Romero, Juan Carlos Romero, Víctor Hugo Herrera, Isabel Membrive y Ramón Alberto Sosa), justo cuando Rico se hizo cargo del Grupo Especial 78 entrenado por Seineldín. La otra por las torturas a Alicia Morales en la sede de la Inteligencia policial, que Rico niega haber frecuentado. Quien debe decidir ahora es el juez federal Walter Bento.

Record negro

Durante su visita a Mendoza, la presidenta CFK delegó en el ministro del Interior Florencio Randazzo el encuentro con los organismos locales de derechos humanos que reclamaban por la designación de Carlos Rico Tejeiro. Randazzo los indignó al remitirlos a la justicia, confundiendo la situación penal con la idoneidad para el cargo. La presidenta CFK se molestó por esa respuesta banal de su ministro. Jaque tiene buenas relaciones con el Opus Dei y gobierna en alianza con el conservador Partido Demócrata, que rozó el 10 por ciento de los votos. El candidato ganso a vicegobernador, Juan Carlos Aguinaga es el ministro de Seguridad y protector de Rico Tejeiro.

Mendoza tiene un record negro. En la última década personal policial fue responsable de la desaparición o del asesinato de cuatro jóvenes, lo cual dio lugar a denuncias contra el Estado nacional ante el sistema interamericano de protección a los derechos humanos. Raúl Baigorria y Adolfo Garrido fueron detenidos en 1990 en el Parque General San Martín y trasladados en un patrullero policial ante testigos. No volvió a saberse de ellos. Pablo Guardatti fue llevado por un cabo al salir de un baile en Godoy Cruz, en 1992. Hubo quince procesados, renunciaron un jefe de policía y un ministro de gobierno, pero nunca se supo más de él. Sebastián Bordón tuvo un brote esquizofrénico durante su viaje de egresados por Mendoza y los docentes no tuvieron mejor idea que entregarlo a un destacamento policial para que lo cuidaran. La investigación demostró que lo golpearon en el destacamento, le negaron atención hasta la muerte y luego arrojaron el cuerpo a un barranco para fingir un accidente. Seis policías fueron condenados y el hecho motivó una reorganización institucional.

A las armas

La propia situación de Aguinaga se complicó cuando instó a los vecinos a empuñar las armas para defenderse de la delincuencia. Se refería a la disputa entre personas sin techo por la ocupación de viviendas construidas con fondos provinciales, siempre en número inferior a la demanda. Algunos adjudicatarios fueron obligados a dejar las viviendas por la fuerza. Aguinaga recomendó que se defendieran a tiros. Cuando comenzaron a llegar los repudios acusó al periodismo de haberlo “sacado de contexto”. Dijo que no estaba arrepentido porque sus declaraciones “tuvieron un tono docente” y terminó por callar cuando le pasaron la grabación completa de sus desatinadas palabras. Los tiempos se han acortado y los organismos defensores de los derechos humanos de Mendoza, junto con otras organizaciones de intelectuales y de la sociedad civil podrían preparar, con el asesoramiento de organizaciones nacionales inquietas por esta desembozada reivindicación de la violencia sin ley, una nota a la Internacional Socialista impugnando el reconocimiento como miembro pleno o como observador de un partido que exalta a cargos de alta responsabilidad a represores del Estado Terrorista y a partidarios de la justicia por propia mano.

La especialidad

Rico Tejeiro ni siquiera es un especialista en seguridad. Su foja de servicios y su propio descargo ante la Junta de Calificaciones policial indica que su carrera se concentró en la denominada Lucha Antisubversiva, como llamaba la dictadura la práctica de la desaparición forzada de personas, y es especialista en Acción Sicológica, Psicología y Contención de Multitudes y Control de Disturbios, disciplinas muy apreciadas por los gobiernos de facto pero por completo ajenas a la provisión de seguridad frente a la comisión de delitos contra la vida o la propiedad. Otro de los policías formados en la práctica del terrorismo de Estado y designado por Aguinaga es el comisario Pedro Chacón. En enero debió renunciar como director de Inteligencia Criminal cuando se supo que estaba produciendo informes sobre organizaciones políticas y sociales que llevaban adelante movilizaciones de protesta. CFK no tiene facultades para ordenarle a Jaque la remoción del comando entrenado por Seineldín, pese a que los organismos mendocinos defensores de los derechos humanos se lo pidieron. Pero puede recibirlos y escuchar sus relatos sobre la represión en aquellos años y el rol que desempeñó Rico Tejeiro. Sobre todo es Kirchner quien puede en su carácter de líder partidario urgir a Jaque a que cese de perturbar el diseño del nuevo PJ con estas incursiones por la edad de piedra.

Abusos en democracia

La designación de Rico Tejeiro reactivó recuerdos de su desempeño anterior. El ex consejero estudiantil y dirigente de la Federación Universitaria de Cuyo, Alberto Monetti, narró que en 1994, durante una protesta por el anteproyecto de ley de educación superior, un auto (no identificado como policial) quiso ingresar a la universidad de contramano, por la puerta de salida. Cuando Monetti intentó detenerlo, uno de los tripulantes bajó y ordenó a los otros que lo detuvieran por “resistencia a la autoridad”. Todos vestían de civil y no llevaban identificaciones. Monetti recuperó la libertad por intercesión del rector. Quien ordenó la detención fue Rico Tejeiro. El rectorado repudió la agresión y rescindió el contrato de la Universidad con Rico por la seguridad interna del predio. Monetti ignora si se había firmado con la policía provincial, con Rico o con una agencia privada, pero está seguro de que Rico era el responsable.

El 4 de octubre de 1997, el periodista y reportero gráfico Delfo Eduardo Rodríguez fue detenido en forma irregular a la entrada del Estadio Provincial, donde debía cubrir un partido de fútbol. Cuando presentó su credencial de la Asociación de Reporteros Gráficos y el Ministerio del Interior, le pidieron el DNI y como no lo tenía lo arrastraron a la Comisaría 5ª, donde con insultos lo obligaron a desnudarse y entrar a un calabozo. El operativo fue dirigido por Rico, quien conocía a Rodríguez, como organizador de los actos por José Luis Cabezas. Rodríguez denunció el atropello, que fue incluido en el Informe Anual 1998 de la ex Asociación Periodistas. Dos años después, al cruzarse en el club Hípico, Rico Tejeiro lo amenazó: “Usted y yo tenemos cuentas pendientes”. Cuando Aguinaga designó a Rico como secretario de seguridad, Rodríguez testimonió sobre estos antecedentes ante la Coordinadora Provincial de Derechos Humanos. Comenzó entonces un acoso en su contra por parte del funcionario. Como jefe de fotografía del diario El Ciudadano (propiedad de José Luis Manzano), Rodríguez envió a un reportero gráfico a cubrir un operativo comandado por el propio Rico en barrios de la periferia. En presencia del secretario de seguridad un funcionario policial transmitió un mensaje intimidatorio: “Ah, vos trabajás con el Delfo Rodríguez, ¿sabías que hizo una denuncia muy fuerte contra Carlos Rico?”. La persecución llegó al lugar de trabajo. Rico es amigo del gerente general de El Ciudadano, Carlos Fontana, quien envió un telegrama a Rodríguez acusándolo de inconducta por su tarea gremial en el Sindicato de Prensa. Fontana prohibió el acceso de Rodríguez a su lugar de trabajo. Tres policías en bicicleta y otros dos en patrullero se presentaron para hacer cumplir la orden, que ninguna autoridad competente había emitido. Por último, la noche del domingo pasado la hija del gremialista, Sabrina Rodríguez, fue atacada por tres hombres que la golpearon y la arrastraron en pleno centro de la ciudad.

Reacciones

El foro de profesionales e intelectuales “Corriente de Opinión Ciudadana” pidió al gobernador Jaque que destituyera a Rico Tejeiro y a los demás comisarios denunciados por su actuación durante la dictadura. Olga Ballarini, Jorge Barandica, Roberto Chediack, Ennio Fattiboni, Roberto Follari, Elsa Pizi, Luis Triviño y Pedro Zalazar sostienen que la Justicia deberá determinar si cometieron delitos. “Pero es responsabilidad del Poder Político nombrar y reemplazar a los funcionarios; y para ello no se requiere de ninguna prueba judicial, sino sólo la clara voluntad democrática de no designar como funcionarios a quienes participaron en forma activa de la dictadura”. La asociación civil Club Plural, de Guaymallén, integrada por comerciantes, profesionales, empresarios y académicos, sostuvo que el sistema democrático no puede cometer peor error que designar al frente de la seguridad a quienes tuvieron a su cargo “el ejercicio de la ilegalidad más grande que se haya conocido en la Argentina, como fue la maquinaria perversa y sangrienta, ilegítima e ilegal de la última dictadura militar”. El horror de las víctimas de la inseguridad actual no justifica que un gobierno elegido por el voto popular, ponga en funciones a hombres denunciados “no por cuestiones triviales o menores, sino por haber sido, por lo menos, cómplices de la detención, encarcelamiento ilegal, tortura y hasta desaparición de personas”. También una coordinadora de organizaciones de mujeres, repudió “la brutal revictimización” que Aguinaga hizo sobre una víctima del terrorismo de Estado. Alicia Morales identificó a Rico como uno de los hombres que la tuvo secuestrada en el centro clandestino que funcionaba en la sede de la inteligencia policial, el D2. Según las organizaciones, Aguinaga suministró al senador de su bloque Aldo Giordano información descalificatoria, sobre un juicio por estafa contra la testigo, como si eso menguara la contundencia de su relato sobre Rico. Las mujeres le recuerdan al gobernador que la Argentina “ha puesto por encima de todas las leyes los tratados internacionales de Derechos Humanos” y le advierte que el mantenimiento de Rico Tejeiro expone a los testigos que este año deberán declarar en las audiencias orales contra los militares de la dictadura. Indeciso sobre el curso a seguir, Jaque temía ser abucheado este fin de semana en los actos por el día de la Vendimia.