La decisión de Alvaro Uribe de bombardear un campamento de las FARC en Ecuador y luego destruirlo con tropas especiales para matar al número dos de la organización, Raúl Reyes, y la posterior reacción de Rafael Correa y Hugo Chávez confirman el carácter regional del conflicto colombiano, que ya lleva más medio siglo de vida y que se ha cobrado unos 50 mil muertos, 10 mil desaparecidos y el mayor número de desplazados del mundo luego del record de Sudán: entre dos y tres millones de personas.

El problema es regional y el problema es que los principales países involucrados se niegan a admitirlo. Uribe, que ha sabido capitalizar el cansancio social con la estrategia cada vez más desideologizada y sangrienta de la guerrilla, se resiste a incorporar a otros actores y sólo admite abrir el juego a veces, a regañadientes, como ocurrió con el comité de rescate que integraron Brasil y Argentina, un ensayo de solución regional infelizmente frustrado. Estados Unidos, resignado a tener en el presidente colombiano su único aliado incondicional en la región, insiste con la estrategia bilateral del Plan Colombia, que genera en los países vecinos un rechazo no sólo retórico, tal como demostró la decisión de Rafael Correa de cerrar la base de Manta, la única base militar estadounidense en Sudamérica.

Pero el enfoque nacional también es de Chávez. La orden de movilizar diez batallones y la amenaza de una posible guerra en Sudamérica son francamente llamativas, no tanto por el modo en que fueron formuladas, pues su carrera política siempre ha transcurrido bajo los focos dorados de la televisión, sino por el detalle de que la incursión colombiana no se produjo en territorio venezolano, sino ecuatoriano. Chávez ha utilizado el conflicto colombiano con los ojos puestos en la política interna de su país y ha impulsado iniciativas de altísimo perfil, como la fallida Operación Emmanuel, en lugar de apostar a las soluciones sigilosas. Pero no hay muchas opciones: Chávez es uno de los pocos, si no el único, interlocutor aceptado por las FARC, y la cuestión entonces no es su participación, prácticamente obligatoria, en cualquier salida negociada, sino los tiempos y los modos en que se despliega.

Y en este sentido no debería escandalizar el hecho de que los gobiernos de Venezuela o Ecuador tengan contactos más o menos regulares con los comandantes de las FARC. Es esperable, y hasta razonable, que ambos ensayen algún tipo de acuerdo de convivencia implícito con la guerrilla: el compromiso de tolerar campamentos, misiones de reaprovisionamiento y hasta refugio a cambio de la garantía de que las FARC no expandirán su actividad insurgente al otro lado de la frontera. Ecuador comparte con Colombia 640 kilómetros de frontera y destina la mayor parte de sus esfuerzos militares a custodiarla, pese a lo cual la guerrilla la utiliza regularmente como zona de abastecimiento y el narcotráfico como vía de salida al Pacífico, lo cual genera efectos negativos pero otros más funcionales: la dolarización ecuatoriana difícilmente podría sostenerse sin el ingreso del dinero narco. Venezuela, por su parte, comparte la frontera más extensa con Colombia (2200 kilómetros) y destina unos 20 mil militares a resguardarla, pese a lo cual los desbordes son cotidianos.

Desde las operaciones de la guerrilla y los negocios trasnacionales del narcotráfico hasta las fumigaciones con glifosato que producen oleadas de refugiados, todo confirma la idea de que el conflicto armado no se puede encapsular en Colombia, que se derrama irremediablemente a los países vecinos. Por su historia y magnitud, por supuesto, pero también por la intrínseca debilidad de los Estados andinos, plagados de zonas marrones (según la clásica definición de Guillermo O’Donnell, áreas sobre las que el Estado no puede asegurar su dominio). Y también por la topografía: buena parte de la frontera colombo-ecuatoriana no es, como podría pensarse mirando un mapa, una línea divisoria claramente delimitada, sino una franja de selva densa en la que no se sabe bien dónde termina un país y dónde empieza el otro. Por todos estos motivos es evidente que la solución al largo conflicto colombiano sólo será posible si se apoya en un esfuerzo regional concertado, del que participen todos los involucrados, en lugar de limitarse a los afanes militaristas de un presidente dispuesto a todo o a las teatralizaciones exageradas de su peor enemigo.