La ministra de Defensa, Nilda Garré, firmó ayer una disposición por la que ordenó que se prohíba la portación, tenencia y dotación de armas a militares con denuncias de violencia familiar o interpersonal. En la resolución, Garré indica a los jefes de las tres Fuerzas Armadas que en 30 días se adecuen las normas existentes a la nueva regla. En el texto señala que la cartera de Defensa recibió “denuncias de mujeres por la violencia ejercida por sus cónyuges o parejas” de alguna de las fuerzas, así como también contra oficiales o suboficiales por “uso abusivo de armas y violencia interpersonal”. La decisión está orientada por una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a “los Estados miembros para legislar adecuadamente sobre la violencia contra la mujer, asegurando que la violencia intrafamiliar causada o tolerada por agentes de Estado sea debidamente investigada, procesada y sancionada”, afirmó Defensa. Hasta ahora no se tomaron medidas semejantes en las fuerzas de seguridad.