La cobertura que muchos medios gráficos y televisivos hicieron del conflicto entre el Gobierno y los productores rurales potenció la imagen de una pueblada “del campo” en las rutas y de “la gente” en las calles de Buenos Aires. Este tempranero gol en contra sorprendió al Gobierno y lo obligó a revisar sus tácticas comunicacionales. El partido recién empieza, sin embargo. Veamos.

La teoría liberal históricamente prescribió para los medios ciertas funciones, resumidas en la tríada entretener, informar y educar. Generalmente los medios de comunicación promueven esa visión que los muestra como actores neutrales en la esfera pública –ese mítico lugar en que nace la opinión pública–, e incluso como guardianes de la democracia ante los abusos de poder por parte de los gobiernos.

La misma denominación “medios de comunicación” lleva a confusión, como si éstos mediaran entre la “realidad” de los hechos y el público. Sin ir más lejos, la Asociación de Periodistas Argentinos (Adepa) argumentó estos días que noticias y opiniones periodísticas expuestas tienen el propósito de reflejar la realidad. Es notable la afirmación de que las opiniones y noticias periodísticas reflejan, cual espejo, la realidad. Esta no es, sin embargo, algo unidimensional. Por el contrario, se pueden distinguir al menos dos grados de “realidad”. Un primero, que recae en las propiedades físicas de las cosas. Y un segundo, constituido por la percepción e interpretación de cosas que van desde la relativa simplicidad de los objetos físicos hasta la complejidad de las relaciones humanas y sociales. La realidad humana es intrínsecamente una realidad de segundo orden.

Los medios de comunicación son en esencia –más aún en esta era de saturación informativa– dispositivos de selección y jerarquización de la información. Es decir, de editorialización de la realidad. Sin recaer en superadas visiones de los medios como aguja hipodérmica de contenidos que manipulan conciencias, las investigaciones de hoy sobre los efectos de los medios apuntan a probar sus efectos acumulativos en el largo plazo. Grandes multimedios, con capacidad de alcance a poblaciones enteras, locales, nacionales, regionales y hasta globales, detentan una capacidad de influencia tan grande que hoy ya se habla abiertamente de ellos como primer –y no ya cuarto– poder.

No es de extrañar que en respuesta a este avance del poder de los medios de comunicación, tanto gobiernos como ciudadanos procuren la no intermediación. Los primeros, haciendo mejor uso de sus recursos –el criticado atril presidencial de los Kirchner– y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, básicamente Internet y las formas de gobierno electrónico. Los segundos, escépticos, procurando acceso directo a la información a través de esos mismos instrumentos digitales, que les permiten llegar a una gran parte de ella, editarla y difundirla libremente.

El tratamiento de la información como mercancía, en perjuicio de hacerlo como un derecho, ha transformado a los medios de comunicación en empresas periodísticas, que como tales reflejan en su editorialización una realidad deformada por sus propios intereses político-ideológicos y económicos. Por eso se torna fundamental la perspectiva de la economía política de la comunicación y su pregunta por la propiedad de los medios.

Durante el conflicto por las retenciones entre el Gobierno nacional y los productores rurales, dos ejemplos de tal editorialización de la realidad fueron el encuadre del conflicto y de los bloqueos en las rutas como “paro histórico” y la legitimación de la espontaneidad de las movilizaciones de los caceroleros –“la gente”– por sobre la organización de las agrupaciones populares, sindicales y políticas.

Los gobiernos latinoamericanos electos democráticamente que, con una mirada desarrollista, inclusiva y regionalista, sucedieron a la ola neoliberal que en los ’90 sacudió al subcontinente, encuentran en los grandes multimedios concentrados y en los dueños de las empresas periodísticas huesos duros de roer en la lucha de sentido por la legitimación discursiva. La acusación de algunos medios y entidades periodísticas de “críticas al periodismo”, “críticas a la prensa” y “ataques y presiones a la prensa”, genéricamente descriptos –tal como reaparecieron estos días– pueden entenderse a la luz de esta perspectiva.

La politóloga Chantal Mouffe acuñó el concepto de agonismo pluralístico para referirse a la pugna de intereses que subyace a todo régimen democrático. Indudablemente, el rol de los medios en democracia contempla también un aspecto agonístico, por así llamarlo, que no puede ser soslayado. Por ese motivo, la necesidad de una nueva ley de radiodifusión, que estaría mejor llamada “de telecomunicaciones”, se hace cada vez más imperiosa.

Un gol de medio campo para ganar el partido sería que la nueva ley reconociera a la información como un derecho y contemplara este aspecto agonístico en la regulación de la propiedad de los medios, promoviendo nuevas formas de propiedad colectiva, fortaleciendo aún más el sistema público de medios y procurando con mayor ahínco la integración regional a partir de la formidable herramienta cultural que los medios masivos de comunicación constituyen.

* Psicólogo, master en Política y Comunicación.