“¿Y ahora qué van a hacer, le van a ir a tomar juramento al penal de Marcos Paz?” La pregunta circuló ayer entre los familiares de las víctimas de Luis Patti, que volvieron a expresar su repudio a una decisión judicial favorable al represor. Hoy lo reiterarán en una conferencia de prensa en el Congreso.

“Los fueros no son retroactivos”, interpretó Juana Muniz Barreto, hija del desaparecido diputado justicialista Diego Muniz Barreto. Su abogado, Pablo Llonto, completó la explicación: “Una cosa es Patti diputado electo en 2005 y otra Patti 1976-77. Está imputado, procesado y con prisión preventiva por delitos cometidos en esos años, cuando no era ni aspirante a concejal, no le corresponde ninguna protección”. Por eso, más allá de las incógnitas que se abren sobre su destino como político, el fallo de la Corte no afectaría su proceso penal y Patti seguiría preso. De hecho, la causa que lo tiene alojado en Marcos Paz recibió nuevos testimonios por los que volverá a prestar indagatoria el jueves.

“Lo sacan de Marcos Paz para indagarlo el jueves, y la Corte dice que puede ser diputado... es absurdo, un mal chiste”, se lamentó ante Página/12 Manuel Gonçalves (foto), hijo del desaparecido militante justicialista Gastón Gonçalves. Si algo quedó claro durante el proceso de impugnación en el Congreso fue la persistente impunidad de que gozó Patti en su historial judicial. Los sucesivos testimonios dieron cuenta de jueces que revocaron procesamientos bajo presión, víctimas silenciadas por asesinato, sobrevivientes amedrentados, causas por torturas en tiempos democráticos y todos los procesos penales en su contra por delitos de lesa humanidad congelados por años por las leyes de impunidad. La impugnación parlamentaria recogió esas historias y reveló otras que estaban silenciadas.

Pero el punto de inflexión fue su detención en diciembre, que animó a otras víctimas a presentar sus casos ante la Justicia. En tal sentido, pasado mañana Patti será interrogado por el caso del desaparecido periodista Tilo Wenner y su familia. Hugo Jaime, ex militante justicialista, declaró en el Congreso que “en diciembre de 1975 Tilo había escrito notas sobre la huelga en la Ford y en esos días se metieron en su imprenta y rompieron todo. Tilo me contó que reconoció a Patti disfrazado de obrero y que éste le pegó una cachetada”. En aquel momento, los diputados le preguntaron cuál era la relación entre Wenner, Ricardo Giménez, Enrique Tomanelli y Gastón Gonçalves, y Jaime respondió señalando a Patti como responsable de la desaparición de todos ellos.

El oficial de calle que llegó a intendente de Escobar está preso acusado de “privación ilegal de la libertad doblemente agravada, imposición de tormentos y allanamientos ilegales”, en los casos de Diego Muniz Barreto, Juan Fernández, Gastón Gonçalves, Carlos Souto, Luis y Guillermo D’Amico y Osvaldo Arriosti. En los expedientes que investiga el juez federal de San Martín Alberto Suares Araujo hay otros represores imputados, tal el caso de Fernando Meneghini, ex jefe de la comisaría de Escobar, que también será indagado en breve.

Llonto explicó que la decisión de la Corte “no implica la liberación automática” de Patti. Pero en el caso de que Suares Araujo o la Cámara de Casación, donde ahora están los expedientes, considerasen que fue mal arrestado, “la Cámara aprobaría su desafuero y estaría libre sólo por un rato”, especuló.

¿Considera el fallo de la Corte como un retroceso?, le preguntó Página/12 a Juana Muniz Barreto. “Me cayó pésimo, me tengo que poder despedir alguna vez de mi papá, estoy agotada, es interminable cerrar esta historia dolorosa”, respondió. “El proceso en el Congreso fue serio, llevamos pruebas, las personas se expusieron emocionalmente”, se quejó Gonçalves. “Es muy perverso todo. Hablan de reaccionar antes como si no hubieran existido leyes que lo impedían, de ir al Código Electoral que ni se mete con que haya sido genocida, plantean reglas teóricas pero irreales. Zaffaroni nos decía que Patti debió asumir y que luego un juez podía pedir su desafuero. No es un caso cualquiera, tuvo leyes especiales que lo protegieron y le dieron tiempo para acomodarse... ¿Cómo podíamos en tres meses conseguir un juez que lo procesara para que no asumiera?”