Por Aníbal Ibarra *

Es evidente que el espíritu de esta Ley de Obligatoriedad de la Educación Media se reconoce en la tradición de la histórica y revolucionaria Ley 1420 de Instrucción Pública Obligatoria, a la que los argentinos le debemos los fundamentos de una sociedad integrada y moderna. En este caso, buscamos universalizar un nivel de educación más extenso y profundo, para lograr mayor nivel de integración social y promover mejores condiciones para la igualdad de oportunidades.
En un momento en que nuestra sociedad está amenazada por desintegraciones de distinto cuño –pauperización acelerada y extrema, expulsión social, debilitamiento del Estado, enfrentamientos sectoriales, pérdida de identidad cultural y de esperanza en el futuro, corrosión de valores morales– proponer, aprobar y sancionar una norma que tiene como objetivos la integración y la igualdad es una decisión política trascendente. Estamos quebrando la asfixia que nos impone la coyuntura inmediata para legislar sobre una cuestión estratégica y decisiva para nuestro futuro como es la cuestión educativa.
En las circunstancias críticas que atravesamos, esta ley procurará actuar simultáneamente en varios frentes: para extender los niveles de educación, para combatir la deserción escolar y para retener a nuestros jóvenes dentro del sistema educativo.
Una de las herramientas estratégicas que el Estado debe sostener más allá de la emergencia es la educación. Además de su función social igualadora –que es relevante para compensar el aumento de las desigualdades que provoca la crisis económica–, la educación cumple una función de contención. A diario se distribuyen 95.000 almuerzos, 172.000 desayunos y 32.000 refrigerios en 933 comedores escolares de la Ciudad, siete veces más con respecto al año pasado, se entregaron 20.000 kits de útiles escolares para alumnos provenientes de familias de bajos recursos, y durante el verano se abrieron por primera vez 100 comedores escolares en distintas escuelas de la Ciudad donde participaron 25.000 chicos.
Queremos a los jóvenes en la escuela porque el sistema de educación pública es el instrumento que tiene el Estado para garantizarles el futuro, protegerlos y cuidar su alimentación, su salud y su integridad. La educación es el territorio que elegimos para pelearle a la crisis en el largo plazo.
Esta ley es un paso adelante en nuestro combate contra la deserción escolar que comenzamos desde el primer día de gestión. Durante el año pasado, logramos que 1794 chicas y chicos de la escuela media no abandonaran los estudios, duplicamos la cantidad de alumnos que aprobaron los exámenes de marzo, en buena medida gracias a los profesores que participaron del Programa Tu esfuerzo vale, ampliamos a todas las escuelasmedias de la Ciudad la cobertura del Programa Alumnas madres y adolescentes embarazadas para evitar que abandonen los estudios y neutralizar situaciones de exclusión y discriminación, abrimos 13 centros culturales y deportivos secundarios y triplicamos la cantidad de becas destinadas a las escuelas medias.
Para que esta política sea efectiva, nos ocupamos también de ampliar la estructura edilicia de las escuelas de la Ciudad. Este año, aún en medio de la emergencia económica, inauguramos 6 nuevas escuelas, que son parte de un plan mucho más amplio de recuperación de edificios escolares que ya lleva ejecutadas más de 620 obras en dos años.
Todos sabemos que, en verdad, la deserción no se combate por Ley, sino, fundamentalmente, con el compromiso colectivo. Ese compromiso existe. En la comunidad educativa, en los padres, en los ciudadanos, en los organismos e instituciones dedicadas a la educación, y en los representantes parlamentarios que nos permitieron darle a esta Ley el sentido de una política de Estado. En la Ciudad –y me atrevo a decir que en todo el país– la educación sigue teniendo un altísimo valor social. La obligatoriedad de la educación media será el soporte de este consenso, en la medida en que dota de instrumentos al Estado para cumplir con los objetivos de igualdad, de integración social, y de preservación del capital educativo.

* Jefe de gobierno porteño.