Lejos de encontrar los caminos para superar su crisis, el Indec se sigue sumergiendo. En esta oportunidad, los conflictos internos impactaron en uno de los trabajos centrales que el organismo se había propuesto para este año: la realización del Censo Nacional Agropecuario. Por un lado, las autoridades del Instituto desafectaron a la responsable de coordinar ese relevamiento, a su número dos y a un equipo de doce técnicos porque supuestamente “boicotearon” la confección del censo. De acuerdo con la versión de los trabajadores, fueron separados por participar de las protestas contra la “manipulación” de los resultados de la inflación y otros indicadores. En segundo término, el censo comenzaría a las apuradas a principios de junio, “afectando su solvencia técnica”, según denuncian los trabajadores.

La urgencia del Gobierno por obtener información que sirva en la negociación con las entidades agropecuarias sería una de las razones del eventual adelantamiento del censo, que originalmente estaba previsto para septiembre y que ahora arrancaría a principios de junio. La dirección del Indec envió una nota a las oficinas provinciales de estadísticas para informarles que la salida a campo “en principio” está prevista para el 2 de junio. Sin embargo, la fecha podría correrse ante la imposibilidad de armar todo el operativo con tan poco margen. En el Indec trabajaron los dos últimos fines de semana para intentar tener todo listo.

Las dificultades se acrecentaron porque las autoridades del Instituto decidieron dejar al margen al equipo que se encargó de preparar los censos agropecuarios de 1988 y 2002. En su lugar nombraron a otros técnicos, algunos con experiencia, pero la mayoría nuevos en la tarea. Entre los desplazados figuran Delia Keller, responsable de la Dirección de Sector Primario, y su segunda, Cristina Sabalain. También fueron separados doce técnicos que trabajaron en censos anteriores. La interpretación de allegados a esos empleados es que fue en represalia a su adhesión a las quejas contra la intervención del Indec.

Todo ese grupo quedó separado literalmente, ya que su oficina fue dividida en dos por una mampara que instalaron las autoridades del Indec. Ellos quedaron de un lado y quienes trabajan en la confección del censo, del otro. Un motivo adicional de preocupación entre los denunciantes es que trascendió que junto a la planilla del censo, los encuestadores deberían llevar una planilla de la Oncca para que firmen los productores. Sería una declaración jurada para informar el tamaño de sus explotaciones. El riesgo es que declaren tenencias menores a las reales para acceder a las compensaciones del Gobierno. Eso dañaría los resultados del censo. La Oncca, dicen, debería encarar su propio operativo.