“Entramos en un camino más calmo, donde seguimos negociando pero con los ánimos apaciguados”, fue la definición de un alto funcionario a Página/12 ante la consulta sobre cómo había tomado el Gobierno la decisión de los productores agropecuarios de no volver a cortar las rutas al vencer la suspensión del lockout que habían dispuesto un mes atrás.

En el Gobierno se percibía ayer confianza en que el martes próximo, cuando el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, vuelva a sentarse con los representantes de las cuatro cámaras ruralistas, siga habiendo avances hasta cerrar un acuerdo que tenga sustentabilidad en el tiempo.

En la Casa Rosada esperan que las posiciones lleguen a un punto intermedio que permita cerrar las negociaciones antes del 25 de mayo, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner proponga un pacto social al que llamarán Acuerdo del Bicentenario. Sin embargo, la idea es que esa fecha no se convierta en una cuestión de vida o muerte, que pudiera terminar empujando al Gobierno a un mal arreglo en su afán por tener a todos los actores sociales y económicos sentados a la mesa.

El Gobierno ya tiene asegurada la participación de la UIA, la CGT y diversas organizaciones sociales y cree que el pacto estaría rengo si allí no están representados los productores agropecuarios. Pero sus principales figuras aseguran que eso no los va a condicionar para ir más allá de las posibilidades objetivas frente a los ruralistas.

“Así como llevamos la negociación sin pensar que se acababa el mundo si no arreglábamos todo antes de que vencieran los 30 días de paréntesis que habían planteado las cámaras del agro, tampoco vamos a ponerle dramatismo a la fecha del 25 de mayo”, dijeron a Página/12 desde la cima del Gobierno.

Cada uno tiene sus armas. Los ruralistas juegan con esa suerte de relanzamiento que quiere hacer el Gobierno en la fecha patria, pero en el Gobierno también tienen en cuenta que los productores agropecuarios ya no están en condiciones de volver a cortar las rutas y generar desabastecimiento sin que esto les genere una condena social. Y saben también que llegó el tiempo de exportar lo cosechado y que los ruralistas no puede estirar indefinidamente la estancia de los granos en los silos.

Hasta ahora el Gobierno dispuso reintegrarles parte de las retenciones a los pequeños productores y subsidiarles los gastos de flete a los que estén lejos de los puertos; abrir la exportación de carne y extender el tope a 45.000 toneladas; y respetar el precio pleno del trigo mediante reembolsos. Pero los ruralistas aún persisten en correr la línea y poder discutir las retenciones móviles para la soja y el girasol, la medida adoptada por el Gobierno el 11 de marzo, que motivó el lockout. En el Gobierno por ahora nada dijeron sobre esa posibilidad.