Dom 25.05.2008

EL PAíS • SUBNOTA  › PLAN ALTERNATIVO QUE NO CONVENCE

Escalonadas inaceptables

› Por Martín Piqué

Desde Salta

¿Cómo seguirá la negociación con las entidades del campo tras los dos actos simultáneos de Salta y Rosario? ¿Cómo seguirá la negociación? ¿Seguirá? La sucesión de preguntas que circulaban ayer por esta ciudad encontraban algo parecido a una respuesta en –ya se sabe dónde atiende Dios– Buenos Aires. La respuesta provenía de un funcionario del Ejecutivo que estuvo a cargo de la negociación con los ruralistas hasta el jueves último. “Esa propuesta no cierra porque no es factible.” Se refería a un borrador alternativo que Pedro Peretti, secretario de Relaciones Internacionales de la Federación Agraria Argentina, había hecho llegar a la Casa Rosada. La propuesta en cuestión proponía modificar el esquema de retenciones móviles gravando con el 44 por ciento a los productores que llegan a las 6000 toneladas de soja. A partir de allí, la propuesta de la FAA proponía disminuir proporcionalmente el porcentaje de retenciones hasta llegar al 27 por ciento para los que producen 600 toneladas.

El borrador que había acercado Peretti había entusiasmado a algunos hombres del Gobierno. Se pensaba que era un instrumento para acercar a los pequeños productores, el sector del mundo rural que el Ejecutivo siempre dijo que quería tener de su lado. La propuesta de retenciones escalonadas y diferenciadas se venía analizando aún desde antes que llegara a la Rosada el modelo de la FAA. Como era de prever, la alternativa no gustaba a las entidades que representan a los grandes productores, Sociedad Rural y CRA. “Es una idea de ellos”, le habían dicho al jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Sin embargo, el principal obstáculo que hasta ahora encontró el Gobierno para pensar seriamente en llevar a la práctica la alternativa de la FAA es la forma en que se harían efectivas las retenciones a la exportación de soja.

Según la propuesta que acercó Peretti, la AFIP no operaría como agente de las retenciones sino que el cobro de ese impuesto quedaría en manos de las empresas exportadoras que luego harían el depósito con el monto adecuado en una cuenta bancaria del fisco. “Eso haría que el Estado ni se entere de lo que está pasando. Y favorecería el fraude y la operación en negro, que ya son muy altas entre los productores del campo”, analizó el funcionario que ha estado a cargo de la negociación con los ruralistas. A juzgar por los dichos que surgen de la Rosada, hasta ahora las alternativas que se barajaron desde la contraparte siguen siendo inaceptables. ¿Qué pasará la semana próxima?

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