Jaime Smart pertenece a la Asociación de Abogados Penalistas de Buenos Aires, una de las dos instituciones que la semana pasada salió a respaldarlo. Entre sus renombrados socios se encuentran Eduardo Aguirre Obarrio, José Ignacio Garona, Bernardo Rodríguez Palma y Fernando Goldaracena, “todos defensores de represores durante el Juicio a las Juntas Militares”, indicó el abogado Alejo Ramos Padilla. Además, están Rafael Sarmiento, Martín Anzoátegui, Alfredo Battaglia, Adolfo Casabal Elía, Jaime Lucas Lennon, Eduardo Marquardt, Enrique Munilla, Guillermo Rivarola, Norberto Giletta, todos jueces nombrados durante la última dictadura militar. También, Alberto Rodríguez Varela y Roberto Durrieu, ambos con pedido de detención.

La otra institución que se pronunció en la misma línea es la Corporación de Abogados Católicos, dueña de un sitio en Internet donde expone escalofriantes reclamos: “Ante la arbitraria persecución y detención de algunos ex funcionarios y abogados”, titularon el comunicado difundido y aún visible en la web. Luego dicen que “ante este inquietante panorama institucional y en orden de promover el bien común, la Corporación de Abogados Católicos exhorta a todos los magistrados judiciales a no ser ejecutores de políticas mezquinas, a no privar de su libertad a nadie cuya responsabilidad no se encuentre claramente acreditada, y a no ser instrumentos de revancha ni de represalia políticas que sólo sirven para inflamar las heridas de antiguos conflictos y acentuar resentimientos”.