Apropiar significa tomar como propio algo que no lo es. Tomar como propia a una persona es un delito. Hoy hay alrededor de 400 jóvenes apropiados que no conocen su identidad.

La apropiación es un acto violento contra una persona que es una víctima hasta que se le restituye su identidad. Una persona apropiada no sabe que quienes dicen ser sus padres no lo son, no conoce su verdadero origen, su verdadero nombre. Estar apropiado es no conocer a la verdadera familia, no saber qué pasó con sus padres. Es también desconocer que quienes lo apropiaron están implicados en el genocidio. Por lo tanto, los 400 jóvenes apropiados durante el terrorismo de Estado viven en una situación de violencia, incluso algunos de ellos viven con los torturadores y asesinos de sus madres y padres sin saberlo. Por eso, porque son víctimas, no están eligiendo: son sometidos a la apropiación.

Es obligación del Estado garantizar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. Y uno de esos derechos es el de la identidad. Sería inadmisible que cualquier integrante del Estado no cumpla su obligación de tutelar el goce del derecho a la identidad de los 400 jóvenes apropiados, nuestros hermanos. Sería muy grave que la Justicia no comprenda que un joven apropiado no puede ser quien deba decidir, porque vive sometido. Si el Estado permite que se siga perpetuando el delito de apropiación, además de ser cómplice, está avalando que cientos de personas sean violentadas, porque quienes los criaron son represores: alguien que torturó, asesinó y robó niños en centros clandestinos es el mismo cuando llega a su casa. Estos jóvenes conviven con represores desde hace 30 años.

Sabemos que ustedes están en condiciones jurídicas de fallar sobre dos causas que atañen a toda la sociedad, pero de manera más cercana a quienes somos víctimas directas del terrorismo de Estado o familiares de ellos. Por eso queremos expresarles nuestra preocupación ante estos posibles fallos vinculados con la búsqueda de la identidad de Emiliano y Guillermo Prieto Gualtieri, que podrían ser algunos de nuestros hermanos apropiados que buscamos desde hace 30 años.

Nos preocupa que la Justicia no acompañe el compromiso de la sociedad por la verdad, la memoria y la justicia; que no acompañe a los 400 jóvenes que aún viven apropiados y no conocen su identidad; que no acompañe a las Abuelas de Plaza de Mayo, las Madres, los H.I.J.O.S. y demás organismos de derechos humanos en la búsqueda de la verdad. Si ustedes, en carácter de miembros de la Corte Suprema de Justicia, no colaboran en el cumplimiento del derecho a la identidad de las personas, están siendo cómplices de un delito.

La Justicia debe contemplar en sus fallos la gravedad de los delitos cometidos. Quienes apropian a una persona cometen un delito y en el caso de los jóvenes apropiados en la última dictadura se trata de apropiaciones cometidas en el marco de un genocidio. Por eso, lo que ustedes dictaminen sentará un precedente histórico en la lucha por la verdad. La Justicia debe garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y no la impunidad.

Cuando nos hablan de la “violencia” de una extracción de muestra para una prueba genética que pueda devolverles a los jóvenes apropiados su identidad, decimos que lo violento, tanto para esa persona como para el conjunto de la sociedad, es vivir en una mentira; violento es seguir perpetuando el delito, seguir negándole su historia, su familia; violento es que alguien apropiado siga conviviendo con represores, que son en muchos casos los mismos que torturaron a sus padres.

Treinta años atrás el genocidio nos dejó sin padres y madres, abuelos, tíos... Supimos que los hacían desaparecer. Pero además, nos dejó sin nuestros hermanos y nos condenó a una búsqueda profundamente dolorosa, que es saber que nuestros hermanos están vivos pero no podemos abrazarlos. Nos arrancó a nuestros hermanos y los sigue reteniendo, continuando la lógica perversa de considerarlos propiedad de alguien. Esos jóvenes que hoy tienen entre 28 y 32 años siguen siendo víctimas y la única forma de que dejen de serlo es que puedan conocer su identidad: saber quiénes son, quiénes fueron sus padres, sus abuelos, quiénes somos sus hermanos, que los buscamos hasta encontrarlos y abrazarlos.

La Justicia debe estar a la altura de las circunstancias que la sociedad construyó y defiende: el derecho a la identidad no puede ser puesto en duda.

* Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Regional Capital en la Red Nacional.