EL PAíS • SUBNOTA
Eduardo Macaluse. Solidaridad e Igualdad
“Durante todo este conflicto, vivimos el montaje de un escenario que planteó las cosas entre la oligarquía versus la redistribución de la riqueza. Pero en realidad desde hace cinco años se viene dando la concentración en un tipo de producción (la soja) en pocos dueños. Esto ocurrió porque el Estado dejó obrar a las leyes de la oferta y la demanda sin intervención gubernamental. Y cuando intervino, lo hizo torpemente. Esto no se arregla con la resolución 125. Tiene que haber un plan de desarrollo agropecuario integral, una mejor redistribución geográfica de las tierras, la decisión de proteger los suelos y reglas de juego claras. Si el oficialismo modifica su proyecto en beneficio de los pequeños productores, tendrá nuestro voto.”
Federico Pinedo. PRO
“Frente a la suba de los precios de los alimentos, el Gobierno propuso una política represiva para la producción. Así lo hizo para la carne, el trigo y la leche. Nosotros dijimos que para que los precios bajasen había que producir más. Como dice el diputado (Carlos) Snopek, es lo que vulgarmente se conoce como la ley de la oferta y la demanda. En este contexto, muchos productores con pocos incentivos migraron hacia la soja. Por otro lado, el trigo para consumo interno representa un 30 por ciento del total sembrado. Las retenciones para este cultivo llegan al 30 por ciento, esto quiere decir que el trigo podría ser gratuito para los argentinos y no lo es. Esta situación es lo que ha generado la rebelión fiscal de los últimos tiempos.”
Héctor Recalde. Frente para la Victoria
Política de Estado
“La ratificación de la resolución 125 será un respaldo al Poder Ejecutivo, más allá de las leyes complementarias que se estarán planteando. Estas normativas que acompañarán el tema de las retenciones móviles son también parte de una política de Estado, que hasta el momento no se habían podido cumplir, por su complejidad técnica y burocrática. Uno de los principales problemas del sector agropecuario es el nivel de informalidad. En Luján, por ejemplo, existen sólo 41 trabajadores rurales registrados. Los niveles de evasión en todo el país superan ampliamente el 70 por ciento. Por eso, queremos aprovechar esta circunstancia y los fondos de los que dispone el Estado para compensar a estos productores. Luego habrá tiempo para que se inscriban formalmente.”
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