El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, podrá ofrecer recompensas con vistas a capturar a represores prófugos en causas de lesa humanidad tanto “de oficio” como “por requerimiento” del juez de la causa. En el primer caso deberá informar la iniciativa al magistrado y, si en cinco días no recibe objeciones, podrá avanzar con el ofrecimiento. Una vez establecido el monto a ofrecer, se publicará en el Boletín Oficial y la Secretaría de Medios se encargará de difundirlo. Recién “cuando se corrobore que la información suministrada fue determinante para la detención de la persona buscada”, se dispondrá el pago al informante. Así lo establece la resolución 1720 del ministerio a cargo de Fernández, publicada ayer en el Boletín Oficial. El Fondo de Recompensas se creó por ley 26.375.